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hace 10 horas

Entutelan a concejal para salvar el POT de Petro

La concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez espera que la justicia obligue al Concejo a revisar el hundimiento del proyecto de modificación al Plan de Ordenamiento Territorial.

De todos los escenarios que contempla la administración de Gustavo Petro para lograr revivir su fallida modificación al plan de ordenamiento territorial (norma de normas en materia de planificación urbana en la ciudad), hay uno privilegiado por el alcalde: insistirle al Concejo de Bogotá que reconsidere su propuesta, luego de que el pasado 7 de junio la Comisióndel Plan la votara de manera negativa.

Durante las últimas dos semanas, el futuro del ordenamiento territorial en Bogotá se ha jugado alrededor de la interpretación de esa figura: la reconsideración, una figura que aparece consignada tanto en la Constitución de 1991 como en el reglamento del Concejo de Bogotá y que permite que la plenaria de una corporación reconsidere, siempre y cuando sea en el mismo periodo de sesiones, revivir un proyecto de acuerdo que haya sido hundido o archivado por una comisión. La mayoría de los concejales, sin embargo, ha señalado que la forma en la que la solicitud de reconsideración fue tramitada el día de la votación, por parte de la concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez, fue irregular.

Quienes esgrimen esa tesis aseguran que la concejal –quien además era una de las dos autoras de la ponencia positiva de la MEPOT- presentó la reconsideración dos horas antes de que se votara el acuerdo. Es decir, que Rodríguez pidió una reconsideración por algo que no había sucedido. Esto, aseguran, la convertiría en una solicitud extemporánea (¿cómo iba la concejal a predecir lo que sucedería dos horas después?) y, por consiguiente, el presidente de la Comisión, Javier Palacio (uno de los pocos opositores que quedaron del Partido de la U luego que este negociara con la administración la Secretaría de Movilidad), nunca tramitó oficialmente el recurso.

El pasado miércoles, sin embargo, tanto Palacio como la presidenta del Concejo de Bogotá, María Clara Name, recibieron una notificación de parte del Juzgado 15 Penal municipal de Bogotá. La concejal Rodríguez –previa consulta con el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo- decidió entutelar a Javier Palacio por, presuntamente, violar su derecho al debido proceso y a la participación política.

“Debemos garantizar que cualquier discusión al interior del Concejo refleje los principios y valores básicos de cualquier democracia, donde el juego de las mayorías y las minorías está subordinado a reglas, al acatamiento de las leyes y de la Constitución Política”, le dijo Rodríguez a este diario. Según la progresista, Palacio debió tramitar la solicitud de reconsideración –independientemente del momento de la sesión en la que ésta fue presentada- y Name debió darle curso dos días después, cuando se llevó a cabo la última plenaria de las sesiones ordinarias.

Según el argumento de Rodríguez, la solicitud que presentó aquel día era una solicitud bajo condición suspensiva. Es decir que, pese a que ella no sabía el resultado de la votación, le pedía al presidente de la comisión que, de hundirse el plan, tramitara la solicitud. “Con la Presidencia de la comisión en contra del MEPOT, dejar el asunto para el final hubiera sido muy riesgoso. Palacio hubiera podido cerrar la sesión inmediatamente y bloquearnos la petición. Por eso se realizó dos horas antes”, asegura uno de los asesores jurídicos de la concejala.

“No todo vale si estamos en una democracia”, añade la concejal progresista quien, como otros miembros de su bancada como Carlos Vicente de Roux y Angélica Lozano han denunciado repetidamente en las últimas semanas un supuesto “maltrato” por parte de las mayorías en el Concejo, hasta ahora opuestas a buena parte de los proyectos de la administración Petro.

La tutela le pide a la justicia que ordene al concejal Palacio el trámite de la reconsideración en la Comisión del Plan y a la presidenta Name la discusión en plenaria de la misma, tal como lo consagra la Constitución. De la misma manera, la acción judicial le solicita al juez que el tiempo que transcurrió entre el momento del hundimiento y el momento de la eventual reconsideración del MEPOT no sea contado dentro de los 90 días que, por ley, debe tomar la discusión en el Concejo del Plan de Ordenamiento Territorial. En otras palabras, que de fallar a favor de la Concejal, se asuma que no ha pasado un solo día desde que se hundió la propuesta de la administración Petro en la Comisión del Plan.

Consultado al respecto, Javier Palacio aseguró que se encuentra analizando el contenido de la tutela y elaborando su alegato. “Llegado el momento me pronunciaré sobre el asunto”, aseguró.

La situación es delicada. El plan de ordenamiento territorial de Petro tiene profundos y complejos efectos para la planeación de la ciudad y, por consiguiente, el futuro al corto, mediano y largo plazo de la vida de todos los habitantes de la ciudad. De no ser reconsiderado por el Concejo, Petro tendrá dos alternativas. Pasarlo por decreto –pese a las amplias críticas por diversos sectores de la ciudad- o volver a comenzar un largo y dispendioso proceso, recogiendo las críticas de las últimas semanas.

El futuro es incierto. En especial, porque el alcalde es todo menos predecible. Y en este caso, como muchos de sus colaboradores coinciden en señalar: aprobar este MEPOT es una “cuestión de honor”.