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El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá mediante auto del 25 de septiembre de 2015 resolvió negar la solicitud interpuesta en ese juzgado de suspensión provisional y medida cautelar del Decreto 562 de 2014 de renovación urbana “por reproducción del Decreto 364 de 2013, suspendido por el Consejo de Estado”.
“Las consideraciones de la negativa, entre otras, fueron que el demandante no demostró que la Administración Distrital haya incurrido en la reproducción de actos administrativos anulados o suspendidos. Tampoco se aceptó que con la expedición del Decreto 562 se hayan vulnerado normas superiores como se alega en la demanda”, anotó el secretario de Planeación.
El Decreto reglamentó las condiciones urbanísticas del tratamiento de renovación urbana, tal como dispone el artículo 308 del POT de Bogotá (Decreto 190 de 2004). Le corresponde a la Administración Distrital gestionar, liderar, promover y coordinar lo relativo a la puesta en marcha de los programas, planes y proyectos de renovación urbana, de competencia del alcalde Mayor a través de Decreto.
El auto aceptó 25 solicitudes (coadyuvancias al Distrito Capital como parte demandada) de ciudadanos que manifestaron su desacuerdo con una posible suspensión del Decreto.
Según el secretario de Planeación, “el Juez tomó una decisión acertada que contribuye a la estabilidad jurídica y urbanística de Bogotá”. Así mismo, recordó que “no es cierto que el Decreto 562 libere las alturas en la ciudad sino que por el contrario, las reglamenta”.
En este momento existen 622 solicitudes de licencia para predios localizados en el área de influencia del Decreto 562 que están siendo estudiadas por las Curadurías Urbanas. La mayoría de licencias están destinadas a vivienda en las zonas centrales de Bogotá.
A comienzos de mes el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con representantes de 21 empresas constructoras de la ciudad en la que discutieron sobre las implicaciones y conveniencias del Decreto 562, emitido en diciembre pasado, y según el cual se reglamentan, entre otras, las condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, y que fue demandado por Camacol.
En dicha reunión, varios constructores se enfrentaron a Camacol. Fabio Acero, representante de Acecuma Constructores, aseguró que el principal punto de discusión fue la preocupación de las constructoras por la demanda de Camacol al decreto y sostuvo que igualmente se trabajará en dos frentes de manera grupal.
Para la Administración Distrital esto es un espaldarazo del sector de la construcción al programa de Revitalización del Centro Ampliado con el que se busca dejar de llevar ciudadanos a vivir en la periferia, ahorrándoles tiempo de desplazamiento y aumentando su calidad de vida.
Por su parte, Gabriel Cure, representante de la firma Cure MDDG, aseguró que todos los constructores que asistieron a la reunión están en desacuerdo con la demanda interpuesta por Camacol, e indicó que “estamos de acuerdo con el Decreto y en desacuerdo con lo que Camacol ha hecho demandándolo. La tarea por hacer es ver cómo podemos apoyar desde el punto de vista jurídico, hacernos parte del proceso jurídico que adelanta esa demanda, para que se nos escuche también y con argumentos darle apoyo a nuestra posición, porque estamos en contra de la acción que tomó Camacol demandando el Decreto 562”.
A comienzos de este año, la gerente general de Camacol, Martha Moreno, manifestó su preocupación ante el decreto 562 de 2014, que pretende reurbanizar algunas zonas de Bogotá, pues considera que existen varios puntos problemáticos.
Moreno reconoció que “los procesos de renovación urbana son importantes porque permiten sacar adelante barrios que se han deteriorado. Por lo tanto, la intención de tener un proceso de renovación es esencial y Bogotá lo necesita”. Sin embargo señaló que este decreto “trae algunos puntos que consideramos muy complicados. En primer lugar, no existe la certeza de que vaya a haber disponibilidad real de servicios públicos domiciliarios, además no creemos que se vaya a producir el espacio público que se anuncia y finalmente nosotros sentimos que se están legalizando las infracciones urbanísticas que se estaban cometiendo”.
En ese entonces, la subsecretaria de planeación, Liliana Ospina, también se refirió al tema y aseguró que la Empresa de Acueducto de Bogotá garantizará los servicios públicos domiciliarios que sean necesarios.
En julio de este año, el gerente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, dijo que la medida busca ofrecer a la ciudad una renovación urbana que no fue posible bajo la reglamentación anterior, ya que los planes parciales exigían grandes áreas y exceso de tramitología.
“El 83% de los predios que cubre el decreto 562 no supera los 300 metros cuadrados de área, lo que hacía imposible la renovación de la ciudad con la reglamentación anterior. Además, las zonas de cobertura vienen perdiendo densidad poblacional y son precisamente aquellas donde están los mejores servicios educativos y de salud, y las oportunidades laborales de la ciudad”, dijo el empresario de la construcción.