"Estamos en emergencia carcelaria": Ricardo Bonilla

Después de que 25 reclusos se fugaran ayer de las URI de Kennedy y Tunjuelito , el Distrito le pidió al Gobierno Nacional recursos para acabar con el hacinamiento.

Los fugados estaban retenidos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de las localidades de Kennedy y Tunjuelito. / David Campuzano

La fuga de presos de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Bogotá se ha convertido en noticia frecuente en los últimos meses. A pesar de que se han denunciado decenas de veces el hacinamiento en estos lugares de retención (circunstancia que facilita la evasión de los reclusos), las estrategias que han implementando las autoridades para mitigar esta problemática siguen sin surtir efecto. Ayer en la mañana se presentó un nuevo caso: 25 personas se escaparon de las URI de Kennedy y Tunjuelito, en el occidente y sur de la ciudad. Así lo confirmó la Policía, que horas después recapturó a 13 de los fugados.

De acuerdo con la versión del comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Aurelio Ordóñez, los detenidos de la URI de Kennedy atacaron a los guardias con gas pimienta, los golpearon y posteriormente escaparon del centro de detención provisional. Mientras que en la URI de Tunjuelito se presentó un amotinamiento por parte de los internos. Con sábanas se lanzaron por las ventanas del centro y huyeron hacia las viviendas vecinas.

Debido a este suceso, ayer Ricardo Bonilla, alcalde (e) de Bogotá, aseguró que es necesario resolver problemas cruciales, como el paro de los funcionarios del Inpec, pues “estamos en emergencia carcelaria". Por eso le pidió al Gobierno Nacional acabar cuanto antes con este problema y destinar recursos para las URI de la capital. Sin embargo, el único que puede declarar esta emergencia es el Ministerio de Justicia, que hoy evaluará la situación en una reunión con el Ministerio de Hacienda.
Una de las causas de hacinamiento, según Bonilla, es el paro que adelantan los guardias del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec), que no permite el traslado de las URI a las cárceles de las personas que ya han sido juzgadas. Las URI son lugares de paso, donde ubican a los ciudadanos que están definiendo su situación jurídica o son trasladados a una audiencia de control de garantías. Sin embargo, hoy funcionan como cárceles sin tener las condiciones para serlo.

Pero ese no es el único problema que causa el hacinamiento. Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, afirmó ayer que el paro judicial, que hoy completa 88 días, es un agravante de esta situación. “Es necesario aplicar un plan de contingencia inmediato para liberar cupos y generar traslados hacia algunos centros de reclusión”, añadió Otálora.

Según el más reciente reporte de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, únicamente en Bogotá los índices de hacinamiento en los centros de detención transitoria superan el 200%. “La URI de Engativá, por ejemplo, tiene una capacidad para 35 personas, pero hoy alberga 84 en las celdas y 34 en los pasillos y unidades móviles. En Ciudad Bolívar, donde hay cupo para 50, permanecen 152. En Puente Aranda, cuya capacidad instalada permite 90 personas, tiene 298 detenidos. En Kennedy, donde se presentó la fuga, el cupo es para 50 detenidos, y hasta la semana pasada había 185. Y en Usaquén, donde no hay celdas dispuestas, permanecen 75 personas”, se señaló en el informe.

Luego de la reciente fuga, las autoridades empezaron a tomar cartas sobre el asunto. El Inpec recibió ayer a 301 de los internos de las URI de Paloquemao, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Usaquén, como de algunas estaciones de Policía y municipios de Cundinamarca.

El Distrito realizó un consejo de seguridad de última hora, en el que se determinó que dentro de las posibles opciones está trasladar a algunos reclusos a un colegio distrital o a un coliseo del Instituto de Recreación y Deportes (IDRD). Aunque la administración es consciente de que es una medida que podría causar polémica, aclararon que es preventiva, pues el problema del hacinamiento ya no da espera y quieren evitar una tragedia.

También se anunció la construcción de dos nuevas Unidades de Reacción Inmediata en Suba y Bosa. Una salida que aún está en borrador, pues, de acuerdo con la versión dada por Máximo Noriega, director del Fondo de Vigilancia, a Caracol Radio, el Distrito sólo tiene destinado para el funcionamiento de las cinco URI de la ciudad un monto de $150 millones y se necesitarían por lo menos $3.000 millones para garantizar un buen mantenimiento.

Hace tan sólo 15 días la Fiscalía le pidió al Inpec tomar medidas sobre la crisis humanitaria que se vive en las URI de Bogotá. En ese momento, Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general, aseguró que el problema de hacinamiento no sólo perjudica a los reclusos, sino también a los funcionarios de la Rama Judicial, quienes por eso trabajan en condiciones deplorables. Al cierre de esta edición aún continuaba el consejo de seguridad del Distrito y la búsqueda por parte de la Policía del paradero de los 12 reclusos que aún siguen fugados.

Hay que recordar que por ley el Estado debe garantizar condiciones dignas de vida a las personas privadas de la libertad y, por lo tanto, sólo debería tener encerradas a las personas que efectivamente pueda atender. Por eso, quizá, la salida de trasladar de las URI a cárceles que sufren de un hacinamiento igual o peor no parece la mejor decisión, como lo ha sostenido en diferentes espacios el Grupo de Derecho de Interés Público y la Relatoría de Prisiones de la Universidad de los Andes, que ha propuesto repensar el uso y abuso de la pena privativa de la libertad en el país.

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