ETB: entre la venta y la sobreinversión

La venta de la ETB está suspendida por orden de un juez, mientras resuelve una demanda de nulidad. / El Espectador

Es cierto que el negocio de las telecomunicaciones cambió. Ahora es difícil competir –por no decir sobrevivir– si no se tiene músculo financiero para lidiar con la acelerada renovación tecnológica, cubrir mercados enormes y aprovechar grandes economías de escala. Pero de allí no se sigue que a toda empresa pequeña haya que darla por desahuciada y venderla a la carrera.

¿Qué debió haber hecho el Distrito cuando se ensombreció el entorno estratégico de la ETB? Elaborar un plan de acción de mediano plazo para valorizarla –hacerla generar ingresos– y buscar un socio robusto que aportara fondos y experiencia técnica y comercial. Y algo se hizo bajo los gobiernos de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, aunque sin mucha resolución. Pero antes de hablar de esos esfuerzos, concentrémonos en el contraste que marcan las dos últimas administraciones.

Los enfoques opuestos de Peñalosa y Petro

Cuando Peñalosa habló de vender rápido la ETB, en su primer mandato, podía valer más de $4 billones de hoy, y acaba de ser avaluada por JP Morgan en $2,5 billones. En cierto sentido, el tiempo le ha dado la razón al alcalde, pero las predicciones que sustentaban su propuesta tienen mucho de promesa autocumplida.

El efecto de su enfoque es que pone a la administración de la compañía en modo venta y se pierde ímpetu para invertir en nuevos negocios, reducir costos, elevar la calidad del servicio al usuario, dinamizar la comercialización, recuperar clientes perdidos y trabajar por la fidelización de los bogotanos hacia su empresa de telecomunicaciones, conforme lo han hecho los paisas con la EPM.

Dos factores ayudan a explicar la postura del alcalde. La tendencia a considerar que lo público funciona mal y lo privado bien, una opinión tan ideológica y discutible como la opuesta. Y la premura por conseguir los recursos que demanda su megaplán de infraestructuras para la movilidad. Esa urgencia explica la paradoja de que el alcalde quiera vender la ETB, porque atraviesa por una mala situación, y el 20 % de la Empresa de Energía, porque está boyante. Los dos factores desorientan a la hora de decidir si se debe salir o no, y en qué momento, de un activo empresarial público.

Nota al margen: se dice que la plata de la venta de la ETB se invertirá en colegios, jardines y hospitales, pero se ajusta más a la verdad decir que irá a la caja común del Distrito, que está amarrada, en alta medida, a la infraestructura de la movilidad.

Si Peñalosa tiende a ver las empresas públicas como activos que se pueden realizar para costear su programa de gobierno, para Petro son medios de incidencia del sector público en áreas estratégicas y engranajes importantes de la estructura de un Estado grande y fuerte. Por eso no solo decidió conservar la ETB como propiedad distrital, sino que resolvió fortalecerla con un plan de inversiones de más de $2,2 billones, destinados, en gran medida, a extender la fibra óptica por la ciudad.

Ahora bien, los expertos señalan que en telecomunicaciones todo proyecto debe tener un retorno adecuado en tres años o menos, porque la renovación tecnológica vuelve obsoletas las inversiones rápidamente. Afirman también que la fibra óptica ofrece muchas potencialidades, pero llevarla hasta la puerta de cada casa tiene un costo alto y cobrárselo al usuario es complicado. El cable seguirá existiendo, incluido el de la fibra óptica y el de cobre, al que cierta tecnología permite sacarle buen provecho, pero el futuro está en la movilización inalámbrica de datos.

Todo indica, pues, que el esfuerzo por desplegar fibra óptica ha llevado a sobredimensionar la infraestructura de la empresa, a crear una capacidad instalada que la gente no va a utilizar ni a pagar. Va a ser muy difícil cubrir su depreciación anual y obtener un rendimiento sobre la inversión.

En todo caso, el Distrito debería curarse en salud. Sindicatos y analistas han afirmado que las inversiones que se hicieron bajo Petro podrían ser rentables y llevar a que el valor de la empresa se situara por encima de los $4 billones. Como está de por medio el patrimonio público, debería hacerse plena claridad sobre el tema.

Hubo tiempos mejores

Hace unos lustros la ETB superó la modorra en que la tenía sumida el monopolio de la telefonía fija. Absorbió el choque de la apertura de ese negocio a la competencia y el de empezar a pagar impuesto de renta por el cambio de las normas aplicables a las empresas públicas, y sorteó mucho tiempo el marchitamiento de la comunicación telefónica por cable de cobre, que fue su espacio tradicional.

Lo logró porque no se quedó quieta. Incursionó en nuevos negocios, como la larga distancia. Entró, aunque con regular fortuna, en la telefonía móvil, e invirtió en banda ancha. También redujo costos: al inicio de esta década dejó fondeadas las pensiones, de manera que ya no tiene que cubrirlas, y aplicó un plan de retiro voluntario, dos acciones que le representaron ahorros anuales por $180.000 millones y le ayudaron a ganar valor.

A estas aproximaciones les faltó, sin embargo, perspectiva y le sobraron vacilaciones. No se asumió con fuerza la opción de repotenciar la compañía y valorizarla, para una de dos cosas: buscarle un socio estratégico, o venderla y reemplazar esa inversión por otra más capaz de generar valor y rendimientos. Eso explicaría, entre otras cosas, la resistencia a entrar en determinados negocios que ofrecían retornos rápidos, como TV Cable, telefonía virtual y televisión por internet.

Por su perfil ideológico y político, los gobiernos del Polo tuvieron problemas para encarar aquella opción. No obstante, bajo Samuel Moreno se le coqueteó a la posibilidad de buscar un socio o salir de ETB y el monstruo español Telefónica alcanzó a interesarse en la asociación, pero todo quedó en veremos. Digamos que el gobierno distrital y la empresa se pusieron en modo venta suave –mientras que el de Peñalosa es un modo venta fuerte–. Y las cosas se precipitaron de mal a peor: los resultados de la compañía cayeron, de una utilidad operacional de $270.000 millones en 2011, a una pérdida operacional de $215.000 millones en 2016. La neta fue de $254.000 millones.

Quienes defienden lo público tienen razón en rechazar que se vayan vendiendo las empresas estatales para financiar los programas de gobierno. Esas compañías pueden generar valor y rendimientos y ayudar a financiar a la Nación y a los entes territoriales –como la EPM, que costea la cuarta parte de la inversión anual de Medellín–. Pero mantener tozudamente y a largo plazo una inversión empresarial que se desvaloriza, también atenta contra lo público. Varios expertos opinan que aún es posible revitalizar la ETB y hacer con ese activo empresarial algo mejor que salir a venderlo a las volandas.