Procuraduría destituye e inhabilita al director de la CAR

A evaluar la construcción de las PTAR en la Sabana

La Procuraduría sancionó a Néstor Franco, director de la CAR, por la falta de planeación al reajustar los valores del contrato para construir la PTAR II de Chía. Esto se ha hecho en todas las plantas en obra.

La construcción de la PTAR II Chía comenzó el año pasado, pese a inconformismos de vecinos. / CAR Cundinamarca

En los últimos años, una de las prioridades de los municipios aledaños al río Bogotá ha sido la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Esto, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, que ordena la descontaminación del río Bogotá.

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Pero tal urgencia parece que llevó a que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cometiera errores de procedimiento a la hora de financiar las obras. Al menos así lo evidenció la Procuraduría al investigar el contrato para la construcción de la PTAR II Chía, que derivó en una sanción contra al director del ente ambiental, Néstor Franco, quien fue destituido e inhabilitado por diez años. La decisión de primera instancia abre una puerta para que se investigue el resto de obras de esta índole en el departamento, ya que todas se contrataron bajo el mismo modelo.

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El caso es el siguiente: Emserchía, empresa de acueducto de Chía, junto con la Alcaldía de esa población firmaron un convenio con la CAR por $35.000 millones para la construcción de la PTAR II Chía. Sin embargo, tras firmarse el convenio se realizaron reajustes en los diseños, que hicieron que el valor ascendiera a $62.876 millones.

De acuerdo con la Procuraduría, esto ocurrió porque los estudios estaban desactualizados e incompletos. Uno de los cambios determinó que era necesario invertir $20.000 millones más para construir pilones, capaces de asentar el suelo donde quedaría la nueva PTAR. Por esta razón, el ente de control advirtió que se violó el principio de planeación, pues no estuvo dentro de los objetivos ejecutar las obras en el momento en el que se realizaron los estudios y diseños, sino que se esperaron tres años para hacerlo.

En su defensa, Néstor Franco indicó que la Procuraduría no tuvo en cuenta tres puntos: el primero, que él firmó el convenio de cofinanciación siendo director encargado de la CAR y en cumplimiento de la sentencia sobre el río Bogotá. “Si no lo hubiera hecho, ya me hubieran sancionado por incumplimiento o por desacato”.

El segundo, que los ajustes no fueron un capricho sino que se hicieron con el fin de actualizar los diseños de 2011. “Nosotros antes de firmar el convenio reservamos los recursos necesarios para garantizar que, luego de revisado y ajustado, se adicionaran los recursos necesarios para poder garantizar su plena ejecución”, señaló Franco.

Por último, el funcionario resaltó que el mecanismo que se aplicó en Chía ha sido utilizado por otras entidades del Estado y, de hecho, señala que a todas las PTAR que ellos han cofinanciado en la región les han ajustado el presupuesto, “así sea solo por la actualización de precios”. Es por esto que la decisión de la Procuraduría abre una puerta para determinar si esta práctica está siendo efectiva en la región, en casos como la construcción de las PTAR de Bojacá y Madrid, que están en marcha.

Por ahora, Franco ya anunció que apelará la decisión, por lo que continuará en la dirección de la CAR hasta que se resuelva la segunda instancia. De la misma forma recalca que la Procuraduría lo acusa por una actividad que no realiza, ya que el ente ambiental se encarga de la cofinanciación de los proyectos y son las alcaldías y las empresas de servicios públicos las que adelantan los procesos de contratación, que en el caso de la PTAR II de Chía está en un 70 % de construcción y prevista para empezar operaciones a finales de este año.

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2019-05-07T22:30:00-05:00

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-Redacción Bogotá - [email protected]

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