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Han pasado tres años desde que habitantes de Chapinero denunciaron que una empresa de gas instaló el servicio en los barrios ilegales San Luis Alto del Cabo y San Isidro; que pasó sus tuberías por una zona de reserva ambiental, y todo sin permisos. Mientras las secretarías de Planeación y Hábitat consideran que sí hubo una ilegalidad, la empresa se ampara en un permiso que le dio el IDU para hacer excavaciones e instalar redes de forma provisional. Por eso, la compañía sigue prestando y cobrando el servicio sin restricción y la investigación está estancada. La Superservicios, que debe aclarar el asunto, apenas estudia el caso.
La historia se remonta a 2013, cuando Redegás Domiciliario S.A. E.S.P. llegó a romper las calles de estos barrios en Chapinero para instalar tuberías, sin tener en cuenta que eran ilegales. A esa situación, se sumó que las personas que tomaron el servicio, no les llegaba factura ni se les informó sobre la tarifa. En junio de 2014 el Consejo Comunal del barrio San Luis denunció el caso ante la Subdirección de Servicios Públicos (SSP) de la Secretaría de Hábitat. Tras la denuncia, la Secretaría hizo dos consultas: en la Superintendencia de Servicios Públicos, para saber si la empresa estaba en el Registro Único de Prestadores (Rups), y en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para saber si estaba acreditada como instaladora del servicio. La entidad encontró que solo después de la denuncia ingresó en el Rups (19 de junio de 2014) y que no tenía la calidad de instaladora. Es decir, en el momento de las obras no tenía permisos.
Con estas evidencias, la Secretaría de Hábitat enteró a la SIC, a la Superservicios, a la Secretaría de Planeación, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y a la Alcaldía local de Chapinero, para que investigaran. El 8 de julio, un mes después de la alerta, el IDU confirmó la queja. “Revisada la base de datos de licencias de excavación para la infraestructura de redes de servicios, no se encontró licencia otorgada a Redegás ni está autorizada ninguna intervención en el espacio público de San Luis y San Isidro”, manifestó la entidad.
La afirmación del IDU la ratificaron después la Alcaldía de Chapinero, la Superintendencia de Servicios Públicos y la SIC, tras una visita a la zona, donde además encontraron que ninguna de las viviendas había recibido el certificado del instalador, que garantiza la correcta operación de la red interna de gas. Para completar, se evidenció una nueva irregularidad: la empresa pasó sus tuberías por el Páramo de Las Moyas, que colinda con San Luis Alto del Cabo, asunto que se denunció ante la Corporación Autónoma Regional (CAR), para que iniciara un proceso por violación a normas ambientales.
Controversia
A pesar de que estaba claro que fueron obras sin permiso, Redegás continuó trabajando. Eso sí, en medio de las indagaciones, se encargó de adelantar ante el IDU su licencia de excavación. En principio se la negaron, porque una norma prohíbe instalar y prestar servicios públicos en sectores sin proceso de regularización urbanística. Sin embargo, semanas después el mismo instituto le concedió licencia de excavación global, para prestar el servicio en todo Chapinero, bajo el argumento de que el POT exige dotar de agua, luz y gas los territorios en proceso de legalización. Amparados en ese permiso, siguieron prestando el servicio en los barrios ilegales.
Para el departamento de legalización de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en efecto es posible instalar agua y energía en los barrios que están en legalización, porque sin ellos es casi imposible subsistir y no suponen tanto riesgo en caso de derrumbe. Sin embargo, no aplica para el servicio de gas y por tal razón el permiso del IDU no era suficiente para que la empresa adelantara los trabajos. Por eso considera que la actuación de Redegás fue irregular, al hacer obras sin una caracterización de la zona de riesgo. “Ni siquiera hemos terminado de delimitar las áreas de riesgo. Esos sectores son complejos, los atraviesan quebradas y eso hace del territorio un lugar inestable. Mientras no terminemos, se supone que no se puede poner el servicio público”, indicó.
La Secretaría de Planeación no es la única entidad preocupada, también la CAR. De hecho, en la investigación que abrió contra la empresa encontró que su tubería impactó 475 metros lineales de la reserva forestal de los cerros orientales y 160 de la cuenca alta del río Bogotá. Y aunque la Superservicios es responsable de revisar si la instalación quedó bien, hay un precedente que no se puede ocultar: el Plan de Manejo Ambiental de los cerros prohíbe extender redes en áreas protegidas. A pesar de esto, Betsy Palma, directora encargada de la CAR en La Calera, resalta que no obstante las pruebas recolectadas, se debe respetar el debido proceso, es decir, la empresa tiene derecho a defenderse.
Todo en regla
En medio de la controversia, la inconformidad de los vecinos permanece. Incluso señalan que siguen tramitando quejas para que les definan si van a sancionar a la empresa o no, pero nadie les responde. Además, algunos están preocupados, pues señalan que se han presentado algunas fugas. “Las tarifas de gas no son proporcionales al consumo. Cuando los afectados llaman, la respuesta es que eso se debe a que hay fugas. Esto podría ser una bomba de tiempo”, resalta Gonzalo Rodríguez, presidente de la JAC del barrio.
Frente a las denuncias, los directivos de Redegás reconocieron que en su contra hay una investigación en la CAR, pero que pueden demostrar que tenían permisos. Respecto a las quejas de la comunidad, explicaron que en los barrios hay una división política, entre los que apoyan el servicio y los que le hacen mala propaganda. “Hay personas que no creen en la legalidad de la empresa, porque durante las instalaciones de las redes rompimos la calle y nos tardamos en repararla. Además, piensan que nunca nos dieron permisos para operar. Lo cierto es que el IDU avaló las obras”, dijo Samira Ramírez, gerente administrativa y jurídica de Redegás. En cuanto a los señalamientos sobre fugas de gas, aclaró que esto se daba cuando las personas movían las estufas sin tener conocimiento. No obstante, aclaró que estas fugas son mínimas y no ponen en riesgo la vida de los habitantes.
José Plata, delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos, explicó que la entidad está recogiendo el material probatorio para ver si se justifica una investigación contra Redegás. “Aunque las denuncias que nos llegaron en 2014, todavía tenemos tiempo para revisar las pruebas. Tenemos tres años para dar una respuesta”, explica.
Sin duda, en esta maraña de versiones encontradas hay tres cosas claras: que Redegás prestó sus servicios por casi un año sin el permiso del IDU, que la entidad le otorgó la licencia de excavación pese a haber operado sin autorización y las tuberías pisaron la reserva forestal. Ante este panorama, lo que queda por aclarar es si la empresa es la única responsable de lo ocurrido o las entidades también, algo que se sabrá al final de las investigaciones.