Expectativa ante la licitación para las bicicletas públicas

Fuentes cercanas al proceso hablan de la posibilidad de que la convocatoria sea declarada desierta, mientras que el Distrito prefiere guardar silencio al respecto.

Este viernes se realizará una nueva audiencia para la licitación del sistema de bicicletas públicas de Bogotá, un evento en el que, según le contaron a este diario fuentes cercanas al proceso, lo más seguro es que la selección se declare desierta.

Todo puede pasar en la audiencia, pues la Secretaría de Movilidad está contra las cuerdas e incluso podría aplazarse por quinta vez la decisión definitiva, pero la entidad prefirió no pronunciarse al respecto.

En la audiencia realizada el lunes pasado Movilidad aplazó por cuarta vez la adjudicación del contrato debido a que se presentaron numerosas observaciones de parte de los dos proponentes del proceso: la Unión Temporal BICIBOGOTÁ y la Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá.

Lo que se sabe tras este aplazamiento es que la entidad respondió las observaciones de los proponentes este miércoles y en el documento dijo que “procederá al rechazo de la oferta de la UNION TEMPORAL BICICLETAS SEGURAS PARA BOGOTA”.

La razón para haber inhabilitado a Bicicletas Seguras para Bogotá es que esta Unión Temporal falló en un tema jurídico: la duración por la que constituyó su consorcio fue menor al tiempo exigido en los pliegos de condiciones. La unión fue conformada por nueve años y seis meses, mientras que lo exigido eran al menos 10 años y seis meses. El proponente corrigió su error pero el problema es que no lo hizo en el plazo establecido, por lo que el comité evaluador de la Secretaría decidió inhabilitarlo.

Luego de estas observaciones, publicadas en la noche del miércoles 21 de enero, el proponente que quedaba era la Unión Temporal BICIBOGOTÁ. Sin embargo, de acuerdo a lo que estableció este diario, la Secretaría recibió al menos unas 300 observaciones adicionales contra este oferente y argumentos que habrían llevado al equipo evaluador a decidir en una reunión que el proceso debía declararse desierto.

Sea cual sea la decisión, lo que sí está claro es que los escenarios son difíciles para la Secretaría, en momentos de la recta final de la administración cuando el alcalde busca presentar resultados en el tema de movilidad sostenible.

De momento hay una oferta oficialmente rechazada y la que queda no es la opción ideal para la ciudad. Los miembros de BICIBOGOTÁ han sido cuestionados por su falta de experiencia en sistemas de bicicletas. Uno de sus miembros es Cartagueña de Aseo Total, una empresa dedicada a temas de aseo, y el otro socio es JIANGSU HOMPE TECHNOLOGY CO. LTD., de quien no se tienen mayores rastros sobre su trabajo en el tema. Esta última no tiene una página web donde se encuentren los datos de los sistemas o el sistema que opera en el mundo, como sí sucede con otras firmas que se reconocen por haber montado esquemas de este tipo.

¿Qué alternativas le quedarían al Distrito?

De fracasar esta primera licitación lo triste sería que un proyecto que podría traer muchos beneficios para la ciudad termine archivado o desarrollándose sin las condiciones con las que se piensan los verdaderos sistemas de bicicletas públicas en otras ciudades.

Una de las alternativas que quedaría es que el Distrito reciba propuestas de Asociación Público Privada (APP) que, para quienes conocen los temas de contratos para bicicletas, no resulta una idea descabellada teniendo en cuenta que la participación privada reduce los gastos del gobierno.

Un rumor que ha rondado la licitación de las bicicletas públicas por estos días es que el alcalde Gustavo Petro dijo en una reunión del sector movilidad que: o sacaban rápido ese contrato, o trasladaban esa plata al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para que fortaleciera lo que ha hecho hasta el momento con el programa Bicicorredores. Lo que el Distrito previó en el presupuesto de 2015 para el sistema de bicicletas fueron $4.255 millones.

Lo que muchos temen es que de pasar el dinero al IDRD se termine implementando un esquema de bicicletas que no es tan interesante como se esperaría, sino algo muy básico. Nadie pone en duda que los Bicicorredores han sido un buen servicio para los ciudadanos para acercarlos en trayectos cortos hasta otros medios de transporte, como en el caso de la carrera 7 peatonalizada, donde se pusieron a disposición las bicicletas para que la gente pudiera acercarse hasta la Plaza de Bolívar o la calle 19. Pero este modelo fue pensado más con razones de tipo recreacional. La idea con los sistemas de bicicletas públicas es que tengan una operación mucho mayor, de manera que cualquiera pueda usarlo como su opción de transporte público y pueda mejorar la movilidad en la ciudad.

El embolate para la contratación del sistema

Algo que resulta absurdo es que el proceso para que Bogotá arranque con su esquema de bicicletas haya tenido tantos tropiezos en el camino, cuando implementar un modelo de este tipo sólo necesitaría quizá un año y algunos meses más. Hoy el mundo tiene más de 600 sistemas de bicicletas compartidas, un auge que se dio especialmente en los últimos 12 años.

En Bogotá las cosas arrancaron a medias cuando terminaba la corta administración de Clara López –enfocada en mostrar una cara amable tras los líos del cartel de la contratación que en verdaderas políticas de movilidad– puso en marcha un proyecto piloto de bicicletas públicas llamado BiciBog en noviembre de 2011. Las críticas fueron sobre todo por la improvisación de esta idea, sin planificación, sin bicicletas acordes para el piloto, por ejemplo. Hubo un contrato de $500 millones, del cual no quedó nada más allá de la intención.

Luego la administración de Gustavo Petro, abanderada de políticas de transporte alternativo y sostenible le apostó a estudiar el tema y escuchar a quienes son expertos en el tema, al menos para los estudios. En abril de 2014 Movilidad publicó los prepliegos y se esperaba que pronto se abriera la licitación oficial. Pero pasaron los meses y, quizá por la falta de ágil gestión o por el miedo de los altos mandos, todo se enredó hasta septiembre, cuando se abrió la convocatoria pública. Se suponía que según el cronograma, el contrato debía adjudicarse antes de terminar el año, pero vino la primera suspensión del proceso.
 

 

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