Extinción de dominio a cuatro inmuebles de banda de narcomenudeo en Bogotá

Los inmuebles supuestamente estaban a nombre de alias “James”, quien al parecer los utilizaba para almacenar y vender drogas a estudiantes de universidades del centro.

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Los muebles suman alrededor de mil millones de pesosArchivo El Espectador

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación impuso medida cautelar de extinción de dominio sobre tres inmuebles y un establecimiento de comercio que, al parecer, eran usados por una banda dedicada al microtráfico para almacenar y vender estupefacientes en los barrios Santa Fe, Las Aguas, Bosque, Izquierdo, Las Nieves, Veracruz y La Concordia en la localidad de La Candelaria. La suma de los bienes llega a 1.000 millones de pesos.

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Dentro de los bienes incautados se encuentra uno que era utilizado como papelería, la cual estaba ubicada a escasos metros de una universidad en el centro de Bogotá. Según la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Sijín de la Policía Nacional, en la parte posterior eran comercializadas sustancias psicoactivas como cocaína y drogas sintéticas, además de marihuana.

Quienes transitan frecuentemente aseguraron que el lugar era conocido como “Donde James”, administrado por el presunto cabecilla de la organización que, según investigaciones adelantadas por las entidades, utilizaba productos lícitos que eran alterados.

El golpe a esta banda fue gracias a agentes encubiertos del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes se infiltraron para entender la manera cómo delinquían estas personas. Quince fueron capturadas, de las cuales 14 tienen medida de aseguramiento en centros carcelarios; mientras otro, deberá cumplir su condena en su domicilio por razones médicas.

Para hacerle frente a este tipo de criminalidad, el pasado miércoles se llevó a cabo en la Comisión Primera de Senado el tercer debate para aprobar un proyecto de ley presentado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que sugiere una serie de propuestas para “fortalecer la seguridad ciudadana”, en la que además establecer con mayor precisión saber cómo se vende al microtráfico y el narcomenudeo, y la reincidencia en delitos.

Sin embargo, el proyecto de Martínez generó polémica porque, para algunos expertos como Felipe Cruz, investigador en Dejusticia, la propuesta terminaría criminalizando a aquellos consumidores que lleven consigo dosis de aprovisionamiento. Pero la disputa está señalando algunos establecimientos tienen que ver con la responsabilidad de los dueños y empleados a la hora de que sus clientes consuman sustancias ilícitas al interior de los locales​.

De ser aprobado el proyecto de ley, Martínez explicó que para no incurrir en abusos por parte de la Policía a la hora de poner en práctica la posible ley, tendrían que “establecer diversos medios probatorios” que demuestra que ha habido una conducta “positiva orientada a estimular el consumo colectivo en los espacios públicos”.

Entre tanto, Angélica Lozano se manifestó sobre el proyecto. "Quiero hacer una alerta. El proyecto del fiscal general es súper drástico. Pisa muchos callos. Entre sus puntos está uno de los de la Consulta Anticorrupción. Ese proyecto tiene vigencia solo hasta junio. Si no lo aprueban, lo pueden hundir". La discusión se retomará después de Semana Santa de la que saldrá la línea a seguir frente a las acciones mencionadas.

 

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