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Se calcula que en Bogotá hay 2.363 edificaciones en riesgo estructural o amenaza de ruina. Sumado a la falta de mantenimiento, a daños causados por obras aledañas y a la mala calidad de los materiales de construcción, en al menos 600 de estos inmuebles (el 24 %) se han identificado fallas que se derivan del incumplimiento de las normas y calidades. Tales deficiencias pueden ir desde una humedad, fisuras y grietas hasta riesgo de desplome.
Así se denunció ayer en el Concejo, que debatió el problema alrededor de la construcción de nuevas urbanizaciones que no estarían cumpliendo normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismorresistencia. En paralelo, las edificaciones de mayor antigüedad no estarían corrigiendo fallas ni cumpliendo los parámetros para garantizar la seguridad de los residentes.
Suba, con 356 reportes de riesgo estructural en los últimos dos años, encabeza la lista de localidades con más inmuebles afectados. Le siguen Usaquén (con 261), Ciudad Bolívar (196), San Cristóbal (175) y Engativá (con 172). Solo el año pasado se estima que el Idiger emitió 352 actas de evacuación y 825 de restricción a edificaciones por riesgos de orden estructural.
Según el concejal Rolando González (Cambio Radical), aunque hoy cursan más de 8.000 actuaciones por infracciones al régimen urbanístico en las alcaldías locales, son pocos los casos en los que hay sanciones. Por ejemplo, en Chapinero, de 1.221 infracciones en los últimos dos años, solo se ha dado respuesta a ocho. En Santa Fe, apenas se ha resuelto el 2 % y en las demás alcaldías no se han atendido los llamados o han sido insuficientes las medidas para hacerle frente al problema.
“Hay una falencia en el proceso de inspección, vigilancia y control que ejercen las alcaldías locales para observar el cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana”, declaró el cabildante, quien sostuvo que las alcaldías no se logran poner de acuerdo en cómo darles solución a estos casos y muchas ni siquiera convocan los Consejos Locales de Gestión del Riesgo.
Mientras alcaldías como las de Suba, Barrios Unidos o Santa Fe ejercen control solo cuando un ciudadano alerta deficiencias, en Usme y La Candelaria las inspecciones se hacen semanalmente. En Teusaquillo o Puente Aranda el control es mensual. “Las alcaldías restantes no dieron ninguna explicación a cómo y cuándo proceden”, agregó González.
Violación a las normas e informalidad
En desarrollo del debate de control político, ciudadanos expresaron su preocupación por la construcción de edificios que afectan sus viviendas y generan daños al colindar con nuevos edificios. En Suba, por ejemplo, denuncian zonas en las que se están levantando construcciones de hasta 15 pisos, donde solo se pueden construir inmuebles de cinco pisos.
Respecto a las construcciones nuevas, en el debate se alertó también por la falta de planificación urbana y por la construcción irregular de nuevos inmuebles, pasándose por la faja la regulación y desconociendo normas de construcción. Para Roberto Aycardi, experto en construcción y coordinador de proyectos arquitectónicos, “en la capital no hay una normativa que constate al lado de qué o de qué no se puede construir. Además, la primera norma sismorresistente en Colombia es de 1984, lo que genera que construcciones anteriores sean más vulnerables por falta de rigor. Las edificaciones de esos años tenían cimentaciones superficiales, lo cual las hace más susceptibles al movimiento y asentamiento, más con las condiciones del suelo de Bogotá”. A la problemática, según el especialista, se le suma la construcción informal que no se ciñe a ninguna norma. “Los muros y acabados son las primeras alertas. Cuando una estructura presenta este tipo de averías se deben tomar acciones de inmediato”, precisó Aycardi.