Por falta de garantías Distrito pedirá nulidad de fallo contra secretarios

Por el caso de la hacienda Los Molinos se había ordenado su detención.

La secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Susana Muhamad, se refirió a la orden de arresto emitida por la juez 71 municipal en contra de tres secretarios del Distrito por supuesto desacato al fallo de tutela por la reubicación de personas desalojadas de la hacienda Los Molinos y dijo que solicitará la nulidad del auto, ya que la Administración no ha tenido las garantías procesales en el caso.

Muhamad explicó que la nulidad de esta orden de arresto se solicitará ante el Juzgado Quinto del Circuito, además de la presentación de una tutela en contra de la juez por violación al debido proceso, la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura de acompañamiento al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional y la presentación de una queja de acción disciplinaria en contra de la juez, debido a las irregularidades presentadas en el proceso y a la falta de garantías. (Lea más de la orden de detención).

Muhamad dijo que si en algo se han distinguido los secretarios Guillermo Alfonso Jaramillo (de Gobierno), María Mercedes Maldonado (de Hábitat) y Néstor García (de Ambiente) es en el trabajo incansable y en la fe inquebrantable de cumplir uno a uno los mandatos de la Corte Constitucional en una acción de tutela.

La Secretaria dijo que la falta de garantías que denuncia el Distrito se da debido a tres irregularidades fundamentalmente: el auto contra los secretarios por incidente de desacato se inició antes que se vencieran los términos del proceso, que establecían seis meses para que la Administración cumpliera con la reubicación de los afectados por el desalojo a la hacienda, que vencía el 17 de noviembre. Sin embargo, la juez inició el proceso de desacato con casi un mes de anticipación.

La segunda irregularidad expuesta por Muhamad indica que el desacato a un fallo de la Corte Constitucional solo procede a solicitud de parte o del Ministerio Público, pero la juez resolvió hacerlo de oficio y con anticipación de términos.

La funcionaria además aclaró que el Distrito ha estado realizando el respectivo proceso de reubicación de las familias, entregando hasta el momento 43 viviendas, y asegurando otras 85 con promesa de compra venta. Así mismo, el Distrito ha radicado el censo de la población afectada, rectificándolo la petición de la juez en cuatro ocasiones, de acuerdo con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para la reubicación de las familias.

Finalmente, la sentencia de la Corte también establecía la recuperación ambiental de la Quebrada La Chingaza y la capacitación a los habitantes de la zona sobre el manejo de la misma, por lo que el Distrito a través de la Secretaría de Ambiente ha realizado un arduo trabajo en jornadas de limpieza con los colegios y los habitantes de la zona.

“La Secretaría de Ambiente ha hecho un trabajo extremadamente juicioso trabajando con todos los colegios del área y con los habitantes, de lo que hay evidencia documental del trabajo hecho más allá de lo que pedía la Corte”, puntualizó.

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