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La fecha para el fin de los taxímetros en Bogotá sigue siendo incierta. Este sábado se cumplía el primer plazo para que 15.000 taxis operaran con el nuevo sistema de cobro, compuesto por dos tabletas y una aplicación que liquida el costo del servicio. Sin embargo, todo quedó en veremos. La falta de claridad jurídica sobre la modernización obligó al Distrito a suspender por cuarta vez la puesta en marcha del servicio de taxis inteligentes. (LEA: Semana clave para el futuro de la modernización de taxis en Bogotá)
El núcleo de esta discusión es la Resolución 2163, expedida por el Ministerio de Transporte en 2016, con la que pretendía regular los taxis de lujo en el país. Fue en esta norma que se apoyó la Secretaría Distrital de Movilidad para respaldar el marco jurídico de la modernización de taxis en Bogotá. Sin embargo, tras una demanda, el Consejo de Estado suspendió la directriz del Ministerio, al hallar posibles vicios de forma. Aunque luego la corporación levantó la medida por solicitud de la Alcaldía de Bogotá, puso una condición: que el Mintransporte emitiera una nueva resolución con las correcciones.
Esperanzados con que este paso se iba a cumplir en cuestión de días, el Distrito retomó el cronograma de la modernización. No obstante, a la fecha el Ministerio solo ha expedido el borrador de la resolución, que sigue en fase de comentarios. Así las cosas, y debido a que el proceso en Bogotá se mantiene sin piso jurídico, a Movilidad no le quedó más que suspenderlo por cuarta vez. Con un hecho particular: esta vez no fijó un nuevo cronograma, pues el cambio no solo depende ahora de la resolución del Ministerio, sino de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre si la norma de los taxis de lujo se puede aplicar en la modernización del servicio básico en la ciudad.
Para destrabar todo esto falta un documento vital: el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el cambio de taxímetros por dispositivos electrónicos para liquidar las tarifas. Si bien a finales de 2017 la SIC expidió un concepto con el que reguló los taxímetros, dejó por fuera los sistemas de georreferenciación.
(LEA: Nueva resolución para taxis: ¿suficiente para seguir la modernización?)
Pese al revuelo por la nueva suspensión, vale decir que era previsible. Al menos, eso es lo que se concluye al conocer las alertas que hicieron los líderes del gremio y algunos concejales, justo hace un mes cuando el Distrito retomó la modernización. Uno de los que llamó la atención fue Roger Carrillo (Partido Conservador), quien lleva semanas afirmando que este proceso estaba sin piso jurídico, debido a que el Ministerio de Transporte no había expedido una nueva norma que aclarara los errores de la Resolución 2163. “Esa medida es muy temeraria y no tiene ningún soporte legal. Ni siquiera se ha hecho una prueba piloto para saber qué tanto variarán las tarifas, así que hay mucha reserva porque los taxis se están enfrentando a Uber y Cabify, que no pagan los mismos impuestos”, dijo en su momento.
A Carrillo se sumó el presidente del Concejo, Daniel Palacios (Centro Democrático), quien justo antes de la suspensión había solicitado al Distrito una nueva prórroga para este proceso. “La Resolución 2163 no está en firme y eso quiere decir que Movilidad no tiene autorización para modificar el taxímetro. Sin este paso, se pone en riesgo a todos los actores del gremio”.
Más allá de lo legal
Si bien es imposible que la modernización pueda avanzar sin tener todo el marco legal, la nueva suspensión es un respiro para el gremio, por las dudas que persisten y el intenso debate que aún se vive dentro del gremio. Los más radicales insisten en que este proceso es un negocio con el que se beneficiará el Distrito, mientras los más optimistas creen que será la estrategia perfecta para hacer una “purga” en el gremio.
(LEA: Celulares en vez de tabletas, propuesta de taxistas para destrabar la modernización)
“Los celulares que tenemos ya no nos servirán. Hay que adquirir e instalar nuevos dispositivos y eso es un descaro, porque son más costos para nosotros. Aumentarán las tarifas y los usuarios van a migrar a la ilegalidad. Mientras no hay ni un retén de la Policía para perseguir esos vehículos, a nosotros sí nos multarán”, dice el taxista Jairo Prada, conductor que ve con desconfianza la modernización.
Otra cosa cree Luis Barreto, quien conduce taxi en las noches y, aunque aún no ha instalado su tableta, asegura que será de gran beneficio para conductores y usuarios, ya que será la única forma de garantizar que se preste un buen servicio. “Si usted como conductor debe comparendos, no paga seguridad social o tiene deudas con la justicia, la empresa no le habilita la plataforma. La modernización es muy buena, porque el servicio será más confiable y, además, van a salir muchas personas que no le convienen al gremio”. Agrega que en la reciente feria de taxis inteligentes cotizó la compra e instalación de la tableta por $600.000.
¿Y las multas?
Más allá del debate sobre las tabletas, hay dudas más complejas. Por ejemplo, una vez se superen los tropiezos legales y la modernización sea un hecho, ¿cómo se cumplirá la orden de Movilidad de multar e inmovilizar los vehículos que no tengan el sistema completo una vez se acaben los plazos? La duda surge a raíz de que en la lista de situaciones por las que se puede multar a un taxista, ninguna habla puntualmente que una infracción sea transitar sin tableta.
Así lo señala Asoproctax, un grupo de taxistas liderado por Hugo Ospina. Esta asociación envió un derecho de petición al Ministerio de Transporte cuestionando sobre la existencia de una norma que castigue no tener tabletas, a lo que la cartera de Transporte respondió que, en efecto, “no se encuentra codificada una infracción en estos términos”. Lo único parecido, según el Mintransporte, es una sanción por operar teléfonos móviles o tabletas mientras se conduce.
Para esta duda el Distrito ya tiene respuestas. La primera infracción sería la C.18, que se impone cuando un taxi presta el servicio con el taxímetro dañado, adulterado o sin sellos de calidad, que implica una multa de $390.600 y la inmovilización del vehículo. La otra es la B.15, de $208.300, que según Movilidad se aplica para los conductores que no estén en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC). Según el Código de Tránsito, esa multa se impone por “conducir un taxi sin el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura”. (LEA: Piden a Personería poner lupa a implementación de taxis inteligentes en Bogotá)
Es decir, de seguir el proceso, un conductor que no tenga el sistema de cobro y salga a prestar el servicio podría recibir una multa de casi $600.000. No obstante, para los conductores, si se amparan en la norma, todo eso se puede debatir. Ante este choque, la suspensión también le ayudó a la Policía de Tránsito, que no tenía pleno conocimiento sobre cómo iba a aplicar las sanciones ordenadas por Movilidad.
En resumen, son muchas las dudas y los temas por afinar antes de seguir adelante con un proceso que, entre plazo y plazo, cumple casi un año sin poder despegar. Para hoy se espera que el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, asista a un debate de control político en el Concejo, donde lo cuestionarán por el tema legal, el de las tabletas y del nuevo esquema tarifario tras la modernización. Con estos componentes, las expectativas del debate aumentan, pues al recinto también llegarán empresarios y líderes que esperan tener claridad sobre la modernización.