Personería advierte fallas en inversión, información y ofertas

Faltan censo y políticas públicas para vendedores informales de Bogotá

La Personería denunció que la capital no ofrece garantías a la población dedicada a ejercer actividades comerciales en la calle, desconoce las disposiciones nacionales para su desalojo y carece de un censo y una política pública para dar una solución adecuada a la problemática.

De acuerdo con el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), en Bogotá hay 51.605 inscritos. Según la Personería, podrían superar los 176.000. / Gustavo Torrijos - El Espectador.

Quien camine con frecuencia por la ciudad sabe lo que es esquivar a vendedores, que se ubican en el espacio público. Desde comidas hasta ropa y tecnología forman parte de la oferta al paso de los bogotanos. Es por esto que en la discusión sobre el provecho del espacio público es usual encontrar dos posiciones: la que señala que las aceras son para los ciudadanos y la que defiende el uso de este espacio para velar por el derecho al trabajo y garantizar el mínimo vital de población vulnerable. Más allá de la profunda controversia, según un reciente informe de la Personería de Bogotá, la ciudad no ha hecho los esfuerzos suficientes por atender esta población. (LEA: Vendedores ambulantes, la tarea pendiente)

Para entender este conflicto hay que remontarse a 2003, cuando la Corte Constitucional resolvió que, si bien era importante que los ciudadanos gozaran el espacio público, las entidades estaban obligadas a adoptar programas, desarrollar una política pública y ofrecer alternativas a los vendedores informales, para garantizar su mínimo vital y, por ende, su derecho al trabajo, pues se evidenció que la actividad comercial en espacios públicos es producto de oleadas migratorias de familias que llegaron a lo largo del siglo XX, desplazadas por la violencia.

Aunque, según el Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público (DADEP), a la fecha se han desarrollado operativos que han derivado en la recuperación de 46 kilómetros de zonas urbanas, de acuerdo con la Personería, la ciudad está en deuda de formular una política pública para atender a esta población, sobre todo a quienes están en condiciones de vulnerabilidad. Además, indica que los programas ofertados por el Distrito cobijan una reducida parte de las personas dedicadas a esta actividad y que existe una reducción, administración tras administración, en la población de vendedores informales que se espera beneficiar.

Las cifras son dicientes. La meta de atención de la pasada administración era atender a 47.997 vendedores informales, mientras que de la actual alcaldía es beneficiar a 7.350. “Pese a mantener el presupuesto para la atención de esta población, las metas se redujeron significativamente. Al comparar las metas del IPES en cada uno de los dos Planes de Desarrollo, se destaca una reducción, llegando incluso a reducir en un 87,4 % la cantidad de personas que se espera atender”, indica el informe. No obstante este reproche, el ente de control advierte que la reducción podría obedecer a un cambio en cómo se reporta la información de la gestión del IPES.

En cuanto a la reubicación de los informales, aunque la Personería asevera que muchos no se acercan al Distrito, porque no encuentran incentivos ni alternativas suficientes, el IPES asegura que a 28.383 vendedores informales se les abordó para ofrecerles alguna alternativa comercial antes de ser intervenido el espacio público que ocupaban. De esos, 8.898 aceptaron alguna alternativa.

La inversión y la cantidad de personas atendidas no son los únicos reparos de la Personería. También destaca que la ausencia de una política pública ha generado que en ciertos casos se presenten arbitrariedades de la Policía a la hora de imponer multas. Según el informe, esas sanciones incumplen la disposición de la Corte Constitucional de 2003 y no garantizan los derechos de esta población, pues la medidas tendrían que tomarse luego de reubicar al vendedor informal y luego de verificar si quien ocupa el espacio público pertenece a población vulnerable, ha sido caracterizado como vendedor informal o ya tiene algún ofrecimiento. Nada de esto lo puede verificar un policía, debido a la ausencia de información y la falta de articulación con las autoridades distritales.

En últimas, la conclusión del informe de la Personería es que en la ciudad no se han tomado las suficientes medidas administrativas y presupuestales para mitigar un problema “que no solo se mantiene, sino que ha crecido”. Tal es la falta de información, que ni siquiera hay claridad sobre cuántas personas hay por atender. Según el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), en Bogotá hay 51.605 inscritos. Según la Personería, podrían superar los 176.000.

Pero esta no sería la única cifra que no le cuadra a la Personería. Según la entidad, tras una verificación en el Distrito, encontró que paralelo al RIVI, el IPES tiene otra base de datos en la que hay otros 29.992 comerciantes que no están en el registro principal.

Ante esta alerta, el IPES aclaró que dicha situación no se puede interpretar como un doble registro, sino un paso más en la cadena para registrar a esta población. “La base oficial de vendedores informales es el RIVI. Para ingresar a este registro, las personas deben ir a la Alcaldía Local donde ejercen su actividad y allí se entrega una certificación para vincularlos al RIVI”.

Por eso, al no haber claridad sobre el número de personas que requieren una alternativa de trabajo lejos de las calles, las ofertas han sido insuficientes. De ahí la petición puntual de la Personería sobre la atención a los vendedores informales: que se realice un censo de la población. El IPES acepta la necesidad de hacer este conteo, pero advierte que no pueden dejar de realizar la caracterización para mantener sus ofertas. “El censo es un tema de esta revisión, para su posible realización. Sin embargo, la caracterización e identificación, que de manera permanente realiza el IPES a los vendedores que están en el espacio público, le permite a la entidad avanzar en la oferta de alternativas y oportunidades para esta población”, advierte la entidad distrital.

El DADEP, que es otra de las entidades encargadas de este asunto, señala por su parte que está en proceso la formulación de una política pública sobre tres ejes: cómo generar más espacio, cómo recuperarlo y cómo sostenerlo. “Nos basamos en el diagnóstico del estado actual del espacio público. A partir de los talleres de participación ciudadana vinculamos todas las preocupaciones de los ciudadanos y actores, tanto públicos como privados o comunitarios”, indicó la directora de la entidad, Nadime Yaver.

Pese a que las entidades encargadas de gestionar el espacio público justifican el trabajo hecho, la carencia durante años de un registro completo de esta población es síntoma de la poca atención que se le ha prestado a una problemática que está en aumento. Eso, por supuesto, deriva en que la posible solución debe ser integral.

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Salua Murad Rodríguez / Felipe García Altamar - bogota@elespectador.com

Bogotá

Faltan censo y políticas públicas para vendedores informales de Bogotá

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