Familias desalojadas en centro de Bogotá por constructora Coninsa Ramón H.

Cuatro familias del barrio Bosque Izquierdo tuvieron que irse de sus casas después de que la constructora de Medellín afectara sus predios. Coninsa se defiende.

Nelson Sandoval.

Pasaron más de 30 años para que cuatro familias del barrio Bosque Izquierdo, una zona patrimonial del centro de Bogotá, tuvieran que pedir permiso para entrar a su propia casa. De la noche a la mañana se encontraron viviendo en arriendo en hoteles y casas ajenas, con los corotos amontonados en una bodega y con la “dignidad herida”: la demolición de un edificio contiguo al suyo, en el que funcionó por años una litografía, hizo que su edificio se agrietara –así lo confirmó el Fopae– y tuvieran que salir. Irse fue el acuerdo al que llegaron la constructora y las familias afectadas, pues éstas sentían miedo de que “el techo se les viniera encima”. Hace dos semanas intentaron volver, pero no pudieron hacerlo porque las guardas de su edificio habían sido cambiadas por la constructora. Días después, el Fondo de Prevención de Emergencias (Fopae) declaró el edificio en peligro.

El calvario lo viven desde hace seis meses, cuando la constructora Coninsa Ramón H. de Medellín comenzó a ejecutar los trámites para obtener una licencia de construcción que les permitiera realizar ‘Think!’, un proyecto que contempla edificar, en ocho niveles de altura, 154 apartamentos y que ha puesto a ‘pensar’ a los habitantes de la comunidad. Se preguntan, entre muchas otras cosas, ¿por qué el Instituto de Patrimonio Cultural y la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito autorizaron la intervención de ese proyecto que, como aseguran los vecinos, “afecta el patrimonio, no sólo histórico y arquitectónico del barrio, sino el natural, árboles y especies” que ellos mismos sembraron”?

Aunque la licencia para desarrollar el proyecto ‘Think!’ ya fue aprobada por el curador urbano 2, Germán Moreno Galindo, la obra no se llevará a cabo hasta que no se resuelvan las quejas e inquietudes de los vecinos del barrio, quienes han interpuesto cerca de 10 recursos en contra de esa construcción. Las quejas, sin embargo, no obedecen solamente a la obra en cuestión, sino a lo que ella misma implica: por ejemplo, la tala de 17 árboles y el traslado de 27 más, cuyo destino aún es incierto hasta que el Jardín Botánico, entidad competente para hacerlo, defina dónde se ubicarán.

Coninsa Ramón H. es una empresa que tiene 42 años de experiencia en Colombia, ha construido algunas de las más importantes obras del país, como el proyecto Hidroeléctrico Ituango, innumerables vías, centros comerciales, estaciones del metro en Medellín y una larga lista respaldada con certificaciones de calidad y medio ambiente. No obstante, lidiar con procesos también es su pan de cada día: tienen cerca de 50 expedientes civiles y laborales en su contra, solamente en Bogotá y Medellín.

La situación que viven hoy los vecinos del Bosque Izquierdo, sin embargo, es similar a la de los vecinos del conjunto Plaza Manzanares en Medellín: hace unos días, el diario El Colombiano publicó la queja de varios habitantes de ese lugar en tierras antioqueñas que, aburridos con la dinamita que utiliza Coninsa para demoler estructuras, colgaron un aviso gigante en la fachada donde se lee ‘Stanza: no más dinamita, utilizar otros medios’. Quizás la diferencia entre uno y otro caso está en la antigüedad. Las edificaciones de Bosque Izquierdo superan los 30 años de construidas, mientras que el proyecto de Medellín es reciente. Por eso el uso de maquinaria pesada pudo haber afectado con mayor facilidad los edificios, -como señalan los vecinos del sector-, hasta el punto de tener que desalojar.

El pasado domingo 9 de febrero se reunieron los vecinos de Bosque Izquierdo e hicieron un recorrido por el sector. También estuvieron el concejal Roberto Sáenz, quien pertenece al movimiento del alcalde Petro, y representantes de Coninsa. Las quejas más recurrentes giraron, básicamente, en torno a tres puntos: primero, que el proyecto ‘Think!’ se estaba desarrollando con varias irregularidades, entre las que se encuentran la construcción sobre un predio de uso público; segundo, que un muro de contención que Coninsa piensa realizar y que colinda con la avenida circunvalar, provocará posibles afectaciones hídricas, pues por allí pasaba una quebrada y, tercero, la cantidad de gente que vivirá en ese predio (154 familias) generará mayor tráfico y congestión en una zona que no está diseñada para esa cantidad de gente. Además de los problemas por el desalojo de las familias y la tala de los árboles del sector, claro está.

Coninsa respondió esas inquietudes y le presentó a este diario documentos que respaldan cada una de sus actuaciones. Por ejemplo, en cuanto a las escrituras del terreno en mención, se evidenció que la Defensoría del Espacio Público, en respuesta dada el 6 de diciembre pasado, ratificó que los predios no son de uso público o fiscal: “son privados y así se adquirieron”. Aunque la duda de los vecinos en este punto persiste después de revisar las escrituras del predio y notar que el proyecto tiene un área mayor que la que aparece en el certificado de libertad de la propiedad, por lo que continúan preguntándose si hay parte de ese terreno que es de uso público. Por otra parte, el Acueducto de Bogotá también ratificó que “el proyecto no se encuentra ubicado en una zona de ronda hidráulica ni de manejo y preservación ambiental de ningún cuerpo de agua del sector”. Además, la firma Espinoza & Restrepo Ingeniería de Suelos realizó un estudio (aprobado por el Fopae) en el que se evidencia que no hay amenaza ni riesgos por fenómenos de remoción en masa. No obstante, en el concepto técnico emitido por esta entidad se lee una recomendación de carácter urgente y es que se debe hacer otro estudio patológico y de vulnerabilidad estructural, para determinar las afectaciones reales que puede generar la obra en el sector.

Pero los vecinos no se quedaron atrás. Uno de los afectados del barrio es Fernando Cortés Larreamendy, un experimentado urbanista, profesor de la Universidad Nacional, quien realizó también un estudio técnico y profesional sobre las afectaciones que causará el proyecto, también, en términos sociales y culturales. “Las constructoras tienen un modus operandi que se ha reproducido en los últimos años: además de adquirir terrenos de uso fiscal y presentar leguleyadas para apropiarse del espacio público, ejecutan obras sin ninguna previsión. Claro, les conviene hacerlo: si un predio presenta grietas y es declarado en estado de emergencia, como sucedió, pues no queda más que desalojar a la gente y comprarle su casa a un precio devaluado para así apropiarse de todo el barrio”, afirmó Cortés.

Por el momento, las cuatro familias desalojadas desde noviembre esperan que se resuelva su situación. La solución que dio la constructora contempla dos posibilidades: o bien les compran el predio o realizan una reestructuración del edificio, de modo que éste se pueda habitar sin ningún riesgo. Entre tanto, los demás vecinos siguen presentando demandas respaldadas por el concejal Sáenz, quien citó para este viernes 21 de febrero a varios organismos gubernamentales para que les explique a la población la condición real de ese proyecto y las posibles soluciones que satisfagan tanto a los vecinos como a los constructores. Una discusión, que más allá del caso de Bosque Izquierdo, refleja el debate sobre el mismo futuro urbanístico de la capital: en 2013, su área construida creció cerca de 6,9 millones de metros cuadrados, según el Censo Inmobiliario de Bogotá, es decir, el equivalente a unas 164 Torres Colpatria.