Farc y 'paras' hacen presencia en Soacha

Alegría, por decir lo menos, fue lo que produjo en el departamento el anuncio que hizo el gobernador Álvaro Cruz en octubre pasado, sobre la "erradicación" de todos los grupos armados ilegales en esta región.

 La Policía y la Defensoría son las instituciones en Altos de Cazucá Andrés Torres
La Policía y la Defensoría son las instituciones en Altos de Cazucá Andrés Torres

 Su anuncio fue respaldado por el comandante de Policía del departamento, general Flavio Mesa, quien dijo en su momento que todas las estructuras armadas de la guerrilla de las Farc y de grupos paramilitares estaban fuera de las fronteras cundinamarquesas. Sin embargo, informaciones que son validadas por la Defensoría del Pueblo contradicen esos importantes anuncios.

El Ministerio Público presentó a finales de 2011 un informe al sistema de alertas tempranas de la misma Defensoría en el que se reconoce la presencia de estos grupos en los barrios con población más vulnerable de Soacha. Es más, desde diciembre de 2011, los delegados de la entidad en el municipio han presentado, cada cuatro meses, información que valida la alerta inicial.

“En 2011 determinamos la presencia de grupos que corresponden a macroestructuras y se detecta que a pesar de que sus métodos cambian de lo rural a lo urbano, sí corresponden a grupos armados ilegales. Esa presencia se mantiene hasta hoy”, dice Gerardo Gallegos, asesor para el desplazamiento de la Defensoría en la Casa de los Derechos de Altos de Cazucá, uno de los barrios del municipio que colinda con Bogotá.

Según conoció este diario, las estructuras que están allí son el Frente 23 de las Farc y grupos paramilitares que hacen presencia en el Urabá antioqueño y chocoano y en Buenaventura. Grupos que aprovechan que Soacha se ha establecido como un corredor de tráfico de estupefacientes que, según reposa en esos informes, les permite capturar rentas.

Sus métodos son el control de espacios públicos, las desapariciones y asesinatos selectivos. Además, aprovechan a la comunidad que, involuntariamente, les sirve de escudo, dado que no patrullan, no visten distintivos y tampoco tienen ubicaciones definidas. Si bien no ha habido combates y en un primer momento hubo una coexistencia, sí hay disputas que han desencadenado en acciones aisladas de choques armados entre ambos grupos.

Los barrios más afectados por esta presencia son Altos de Cazucá y Altos de la Florida que, precisamente, es donde se están generando nuevos asentamientos de víctimas de desplazamiento sin presencia de institucional ni economías populares establecidas y, por lo tanto, se ha convertido en un caldo de cultivo para el reclutamiento. Por el contrario, en Altos de Cazucá la economía se ha ido formalizando y la presencia policial y de organizaciones humanitarias es mayor.

Lo preocupante es que, públicamente, las autoridades sólo han reconocido la problemática del microtráfico, por lo que la presencia estatal es, sobre todo, policial. La población vulnerable y las víctimas del desplazamiento (que pueden llegar a 40.000 en el sector) saben que necesitan de las instituciones civiles para quitarles territorio a los armados y a nuevas victimizaciones.