Estos últimos meses del año serán claves para el futuro del transporte público de la ciudad. Los operadores del SITP, aquellos buses de colores que pasan por los barrios, se enfrentarán a un nuevo escollo que amenaza con romper definitivamente un sistema que tambalea desde su concepción. Si no se negocia una salida, a finales de este mes Suma, concesionario de Ciudad Bolívar, tendrá que cesar de nuevo su operación. Sería la segunda vez en los últimos dos años que esto ocurre, ya que en octubre de 2017 las rutas de la localidad fueron suspendidas por no tener al día sus pólizas.
Ahora el temor es que los bancos cesen los pagos al operador, debido a sus múltiples deudas con este sector. En este caso, explican desde el sistema, no habría forma de operar un bus. Ni siquiera de echarle gasolina. Así lo interpreta Marco Tulio Gutiérrez, nuevo vocero de los operadores del SITP luego de que Víctor Raúl Martínez dejara el cargo tras su participación en la licitación para renovar la flota de Transmilenio. Gutiérrez, quien fue presidente de Conaltur, principal gremio del sector transportador, conoce el terreno y por eso califica el proceso que viene como “angustiante”. Y no es para menos, pues si se concreta el cese de pagos por parte del sector financiero, se pasaría a hablar de un cese de actividades.
“Si los establecimientos financieros dejan de girar dinero a partir del 30 de noviembre, hay que decir que no hay con qué operar los vehículos. No habría opción diferente a cesar actividades”.
Pero esta será la última opción a contemplar. La idea del nuevo vocero del SITP es buscar salidas con el Distrito y los entes de control, pues su objetivo es evitar a toda costa que los bogotanos reciban el impacto que significaría la salida de 25 rutas.
“No estamos en plan de cesar actividades o hacer huelgas para que nos escuchen. El primer llamado es que tengamos la cordura, porque no hay ninguna controversia, y lo único que queremos es buscar soluciones”. Gutiérrez agrega que también tocará las puertas del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, ante el que expondrá la difícil situación del sistema de buses de la capital. Por ahora, el SITP ya tocó las puertas de la Procuraduría y la Contraloría, entidades con las que busca acelerar una conciliación entre los involucrados.
Una de las opciones que está sobre la mesa es la renegociación de los contratos, algo que Suma tiene a la mano tras la resolución de un pulso que sostenían, desde diciembre de 2015, Transmilenio y el concesionario. Dicha renegociación tenía que hacerse en el menor tiempo posible y, aunque el fallo fue emitido en abril, todavía no hay avances.
Con una renegociación embolatada y un sector financiero dispuesto a no seguir desembolsando dinero para el transporte, el panorama luce oscuro. Sin embargo, tampoco será tan fácil que el operador simplemente deje de prestar el servicio. Gutiérrez explica que esto no es como en otras épocas, en que el gremio podía presionar anunciando que no saldría a las calles. “Nuestra tesis es que los contratos se deshacen como se hacen, pero en este caso no podemos darnos ese lujo, porque ya no estamos frente a una situación de no prestación de servicios. Una de las cláusulas contractuales es que si el transporte para, se pierde el contrato”.
En este momento, el reloj es el peor enemigo del SITP. De nueve operadores iniciales, dos se liquidaron (Coobús y Egobús) y tres están en proceso de reorganización empresarial (Tranzit, Suma y Masivo Capital). Por eso, ya no solo preocupa lo que ocurra en dichos procesos, sino la posibilidad de que el sistema empiece a cesar. Todo esto será profundizado por los operadores del SITP la siguiente semana, cuando piensan anunciar a la ciudadanía los detalles de la situación que afrontan.