Fiscalía le había advertido al Distrito sobre hacinamiento en las URI

La Fiscalía le había solicitado al Distrito hace más de un año que asignara recursos para la construcción de dos nuevas unidades de reacción inmediata.

En una URI como ésta caben sólo 90  detenidos, pero este año llegaron a  tener 300. / Archivo
En una URI como ésta caben sólo 90 detenidos, pero este año llegaron a tener 300. / Archivo

El informe de la Defensoría del Pueblo revelado el pasado 13 de marzo prendió las alarmas sobre el hacinamiento de reclusos en las unidades de reacción inmediata (URI) de la capital. El Ministerio Público pidió un plan de choque a los gobiernos distrital y nacional y dijo que la solución inmediata no estaba en la construcción de más cárceles. Sin embargo, ese hacinamiento pudo haber estado cerca de solucionarse. Un problema presupuestal y, tal vez, de voluntad política lo impidió.

Las celdas de las URI (que dependen de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá), construidas como lugares de paso donde las personas no podrían estar más de 36 horas, están atestadas con ciudadanos que llevan hasta dos meses privados de su libertad. Sin embargo, el problema es aún más serio: la Fiscalía ya había diagnosticado la crisis, pedido al Distrito recursos para la construcción de dos nuevas URI y, sin embargo, ni en 2012, ni en lo que va de 2013, el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS) ha tramitado ese requerimiento.

En el “Direccionamiento estratégico” de la Fiscalía para el período 2012-2015, la entidad hizo énfasis en que debía mejorar en la efectividad de las investigaciones, la disminución de la congestión, el servicio a la ciudadanía y el fortalecimiento de una política de Estado en materia criminal. Para cumplir parte de esos propósitos era necesaria la creación de dos centros de atención unificados en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar.

Los centros unificados estarían compuestos por una sala de atención al usuario, un centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, uno de atención integral a víctimas de abuso sexual y una URI. Esas dos nuevas URI, según fuentes de la Fiscalía, ayudarían a descongestionar y a modernizar las que ya existen en Paloquemao, Ciudad Bolívar, Usaquén, Engativá y Kennedy, pues cada una está cubriendo, en promedio, a tres localidades.

Para cumplir con los planes de la Fiscalía en cuanto a la construcción de los dos centros de atención unificados era necesaria la autorización y ejecución del requerimiento por parte del FVS. El ente acusador presentó el proyecto para la vigencia presupuestal de 2012, pero ni los estudios ni los diseños de esos centros fueron contratados.

En septiembre de 2012, la Fiscalía, a través de un oficio firmado por José Saavedra, director seccional del CTI Bogotá, le propuso al FVS un plan de inversión y gastos por algo más de $89.000 millones, que contemplaban las dos construcciones por un valor de $15.000 millones cada una. Sin embargo, pese a que el requerimiento fue hecho antes de que la administración presentara su proyecto de presupuesto para 2013, hasta hoy no se ha destinado un monto específico a esa obra, ni se encuentra entre las prioridades del FVS.

Según funcionarios cercanos a Natalia de la Vega, gerenta del FVS, el monto de gasto que pide la Fiscalía, sumado al de Policía, Ejército y autoridades civiles enfocadas en la prevención y mitigación de criminalidad, excede por mucho el presupuesto de la entidad (cercano a los $140.000 millones). Por lo tanto, es necesario focalizar la inversión y definir prioridades.

“Esa definición de prioridades la hace la junta del Fondo (compuesta por representantes de la Policía Metropolitana, la Brigada XIII del Ejército, la Alcaldía, la Rama Judicial y la Secretaría de Gobierno), y, lastimosamente, dentro de ellas no quedaron las construcciones requeridas por la Fiscalía”, le dijo a este diario una fuente autorizada por De la Vega. Así mismo, el funcionario fue enfático en que la gerencia de la entidad no puede incidir de mayor manera en esa priorización.

Los datos de la crisis de hacinamiento proporcionados por la Defensoría del Pueblo son concluyentes. En el caso de la URI de Engativá se registra un hacinamiento del 255%, ya que hay 71 personas privadas de la libertad (44 en las celdas y 27 en los pasillos) mientras que fue diseñada con capacidad para 20 detenidos. La URI de Ciudad Bolívar llega al 108%, pues su capacidad es para 25 personas y alberga a 52 detenidos. La URI Adolescentes, por su parte, alcanza un hacinamiento del 96%, ya que, con una capacidad para 28 detenidos, registra 30 detenidos en celdas y 25 en los pasillos.

“Si bien (el hacinamiento) es problema de orden nacional, en Bogotá está llegando a unos niveles que rebasan cualquier sentido de la lógica. Muestra de eso es la cantidad de quejas que llegan a la Defensoría por este motivo. Aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos de esas personas, quienes a pesar de estar siendo investigadas o tener una medida de aseguramiento no cuentan con condiciones dignas”, dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

La semana pasada, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno para que gran parte de esos reclusos fueran trasladados a la Cárcel Distrital y a La Picota. La decisión fue tomada luego de un motín en la URI de Engativá y ante la creciente preocupación de todas las partes involucradas.

 

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