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A pesar de la política de la actual administración por mantener un control sobre el espacio público, las ventas informales siguen siendo parte del paisaje. En semáforos, esquinas y andenes de sectores concurridos se consigue casi de todo. No obstante, por encima de las prendas de vestir y la juguetería, la comida sigue siendo el producto de mayor oferta en las calles bogotanas. Ahora, con un nuevo protagonista: los camiones de comida o food trucks.
Aunque una de las prioridades del Distrito apunta a devolverle el espacio al ciudadano, no ha sido fácil. No sólo por los choques que ha generado esta política, sino por la cantidad de ciudadanos que derivan su sustento de las ventas callejeras. Según cifras del Instituto de Economía Social (IPES), hay 51.725 personas inscritas en el registro de vendedores informales. La mayoría en las localidades de Santa Fe (10.135), Kennedy (4.382), San Cristóbal (3.558) y Chapinero (2.782).
Actualmente, de los que tienen negocios en las calles, casi la mitad se dedica a vender alimentos, frutas, verduras y bebidas. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de estudiantes y trabajadores comen por fuera de sus casas. En vista de la oportunidad de negocio, los food trucks echaron a rodar sus vehículos y vieron a Bogotá como una ciudad óptima para su mercado. Hoy se ubican en sitios de alta concurrencia, pero al igual que los vendedores informales, no tienen reglamentación.
Auge en la ciudad
Si se trata de establecer una fecha para saber desde cuándo arrancó el actual auge de estos locales sobre ruedas, se podría decir que fue en 2012. Ese año se importaron los primeros camiones desde Estados Unidos, cuna del modelo de negocio. El gremio asegura que la acogida en la capital ha sido muy buena, pero considera que no han contado con el apoyo para surgir como una alternativa para aquellos que prefieren comer en la calle, a pesar de que cuentan con las condiciones de salubridad, pues manejan casi la misma documentación que un restaurante.
De acuerdo con los comerciantes, este tipo de negocios tienen un gran potencial en el país. Aunque no se tienen datos actualizados, las últimas cifras, entregadas el año pasado por Luis Alfredo Galvis (uno de los pioneros de los food trucks), demuestran su crecimiento. Según el empresario, al revisar las cifras de 300 camiones distribuidos en el país, las ventas crecieron 120 % en los últimos cuatro años, con transacciones acumuladas por casi $1.200 millones mensuales. En promedio, dijo Galvis, cada camión genera ventas que oscilan entre los $4 millones y los $20 millones, como los ubicados en inmediaciones de la Zona T de Bogotá”.
Sin embargo, el recorrido de los food trucks para tratar de legalizar su actividad en la ciudad ha sido complicado. Por un lado, la esencia de movilizarse por la ciudad se ha visto truncada y han tenido que recurrir al alquiler de sitios privados como parqueaderos. Por el otro, los emprendedores de este negocio aún son parte de las ventas informales de la ciudad, porque no cuentan con reglas que avalen su labor. Aunque se han hecho algunos intentos, todos se han hundido.
Lo más cerca que estuvieron de su legalización fue en 2013, cuando se expidió el primer decreto con un marco regulatorio para aprovechar el espacio público de la ciudad. El proyecto buscaba organizar las actividades comerciales en los andenes y vías, y cobrar el uso comercial de quioscos, eventos publicitarios, ferias, actividades recreativas y deportivas, entre otras.
Tras la norma, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) quedó encargado de regular la “venta de alimentos en vía” en vehículos automotores. La entidad adelantó estudios técnicos y de mercadeo para evaluar la posibilidad de implementar esta modalidad. Durante 2014 y 2015, junto a la Secretaría de Movilidad y el Dadep, identificaron 200 espacios aptos para dicho uso, pero el estudio no evidenció que la actividad proporcionara un provecho económico para el Distrito.
Shady Meza, gerente comercial de Aso Food Bogotá (agrupa a 38 propietarios), argumenta que, si bien con la pasada administración se adelantaron acercamientos, “con el cambio de alcalde se vio interrumpido el proceso. Hoy seguimos esperando hablar con él para llegar a un consenso. Cumplimos con todo lo de ley, pero hemos tenido que optar por arrendar propiedad privada para poder trabajar”.
Los afiliados a Aso Food, agrega Meza, cumplen con las normas relacionadas con manipulación de alimentos; tienen un sistema de refrigeración, con plan de control de temperaturas; programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, entre otras. No obstante, se desconocen las condiciones de salubridad de los otros camiones que no han sido acogidos por la agremiación.
Estudios realizados por universidades de Bogotá han demostrado que algunos alimentos preparados en vías públicas carecen de condiciones de salubridad. La Universidad Manuela Beltrán, por ejemplo, tras un muestreo aleatorio de ventas callejeras, encontró microorganismos, bacterias y hasta heces de rata en la comida. La Unihorizonte ratificó que en algunos sitios la comida tenía cabellos, plástico, papel, tornillos, metal y hasta ladrillo.
Otro intento
Ante el llamado de estos comerciantes, de nuevo el tema ha llegado al Concejo, donde se busca discutir un proyecto de acuerdo que los regule, no sólo para que paguen tributo a la ciudad, sino para controlar el expendio de alimentos en vía pública y sus condiciones de salubridad. Una de las promotoras de este proyecto es la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), quien asegura que, de aprobarse una reglamentación para los food trucks, la Alcaldía podría tener otro mecanismo de control para regular las comidas en la calle, pues contaría con todos los requerimientos sanitarios. Por su parte, Gloria Elsy Díaz (Partido Conservador) afirma que el gremio debe ser caracterizado, porque están ejerciendo una actividad económica, pero no le están reconociendo a la ciudad por el uso del espacio público.
En Buenos Aires, por ejemplo, donde esta actividad está regulada, los camiones pagan $3 millones mensuales por el uso de la vía pública, lo que le permite al gobierno tener un control en la salubridad de los alimentos que se expenden desde estos vehículos y formalizar a los trabajadores.
No obstante, en Bogotá esta iniciativa parece no contar con respaldo de la administración. El Distrito, fiel a su defensa del espacio público, ha dicho que, si bien es importante el derecho al trabajo y promover iniciativas de emprendimiento en la ciudad, en este caso debe primar el interés público sobre el particular. Nadime Yaver, directora de la Dadep, señala que “la gente no tiene por dónde caminar y dentro de estas ventas informales se camufla de todo. A las personas que nos han solicitado permisos para el espacio público se les ha denegado, porque tenemos problemas de movilidad y no tendría sentido darles espacio a los food trucks. Por eso tienen que operar en predios privados”.
La Alcaldía, además, ha argumentado que antes de aprobar una norma que beneficie a estos camiones de comida, primero tendría que aprobarse el proyecto de cobro por parqueo en vía y definirse las zonas que se habilitarían para tal fin, desconociendo el estudio de mercadeo hecho durante los años 2014 y 2015, adelantado por el IDU, la Secretaría de Movilidad y el Dadep.
El gremio de los camiones de comida ha revertido el punto de vista distrital, defendiendo el amplio crecimiento del negocio y sugiriendo su voluntad de formalizarse mediante el pago de cuotas por el provecho económico del espacio público. El debate está abierto y la decisión sobre el futuro de esta actividad y el uso del espacio público ahora quedarán en manos del Concejo y la administración distrital.
