Uno de los problemas más graves del espacio público de Bogotá —el cual no es tan evidente para la gente por ser un asunto jurídico— es el de aquellos casos en los que particulares intentan apropiarse de terrenos de uso público. Al parecer, detrás de estos procesos no sólo están particulares sino también bandas de tierreros, que han usado maniobras como falsificación de documentos y contactos con funcionarios en oficinas públicas y de notariado para lograrlo.
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) sostiene una batalla jurídica para evitar que esos predios del Distrito, que muchas veces son zonas verdes que sirven como parques o hacen parte de humedales y cuestan miles de millones de pesos, queden en manos de privados. Uno de los procesos que enfrenta la entidad es el de un terreno ubicado en la calle 72 con carrera 1ª, conocido como El Castillo.
En esta zona verde del norte de la ciudad, hace tan sólo dos semanas la persona que intenta apropiarse del predio quiso cerrarlo e impedir el ingreso de los habitantes del barrio Rosales. El Dadep lo ha identificado como Antonio Abelardo Cortés Valero, quien habría presentado recursos legales con supuestos documentos alterados.
Desde abril de 2002 Cortés Valero reclama la propiedad a través de demanda, pero en los documentos que sustentan su pedido aparentemente hay inconsistencias. Una está en el folio de matrícula que entregó, que tiene la dirección de un terreno distinto al que reclama. Además, la Unidad de Patrimonio Económico de la Fiscalía estudió las firmas de la escritura otorgada en la Notaría Segunda y concluyó que “son producto de claras maniobras de una imitación”. Por su parte, Catastro Distrital también determinó que la escritura es falsa, debido a que el código del sector de la escritura de 1965 no corresponde con la cédula catastral.
Los vecinos del barrio Rosales también radicaron un escrito ante el Juzgado 37 Civil del Circuito, en el que informaron sobre tres intentos de ocupación ilegal del predio El Castillo y señalaron otras irregularidades en la matrícula inmobiliaria, como que la persona que supuestamente vendió murió seis años antes de la negociación. Y a pesar de las supuestas evidencias, el juez decidió en 2012 que Cortés Valero era el propietario del predio.
En toda esta historia, el Dadep le entregó pruebas al funcionario, le señaló la imposibilidad de “declarar la pertenencia en un bien de uso público” y le pidió frenar el cumplimiento de la sentencia. Estos argumentos no fueron aceptados por el funcionario y, según él, la entidad distrital no tenía competencia en el proceso. Hoy el caso se encuentra en apelación y avanza a la par con la denuncia penal que radicó el Dadep contra Cortés por el delito de fraude procesal. Tanto los vecinos como el Distrito esperan que la decisión beneficie a la comunidad y proteja el espacio público.
La historia de El Retiro
En febrero de 2013 El Espectador contó la historia del predio El Retiro, en la calle 83 con carrera 1ª, del cual, luego de 30 años de estar en manos del Distrito, una gran porción apareció a nombre de un particular que al parecer obtuvo su dominio por medio de documentación falsa. En esta historia hubo papeles soportando una supuesta cesión del terreno a un particular con inconsistencias en certificados de representación legal y las copias de la escritura pública. El Dadep también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el señor Fermín Duarte, quien asegura ser el propietario privado. Tiempo después, un habitante de Medellín contactó a este diario para decir que Duarte supuestamente había intentado estafarlo al venderle un par de predios del Distrito, datos que fueron entregados a la Fiscalía.
El caso del humedal Jaboque
Con el predio del humedal Jaboque, el Distrito también enfrenta una batalla legal. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó que reparara con $64.000 millones a Jorge Cortés Rojas por no haberle comprado parte del terreno, pues él alegó que una porción era suya. La administración se negó a hacerlo y defendía que el terreno era propiedad pública desde 1963. El Dadep apeló la sentencia del Tribunal y radicó una denuncia ante la Fiscalía, por los posibles delitos de obtención de documento público falso, fraude procesal, usurpación de tierras y prevaricato por acción. El 18 de agosto habitantes de la localidad de Engativá pidieron al Tribunal no indemnizar a un particular, mientras la justicia ordinaria toma decisiones sobre la propiedad del predio.