¿Fue legal la intervención a la Empresa de Acueducto?

Según el senador Carlos Baena la visita que la Superintendencia de Industria y Comercio llevó a cabo el pasado 21 de noviembre va en contravía de la ley.

El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, asistió en calidad de invitado al debate en la Comisión Sexta.
El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, asistió en calidad de invitado al debate en la Comisión Sexta.

Tan solo faltan 13 días para que le Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) asuma la responsabilidad de recolectar la basura que producen 7 millones de bogotanos a diario; un negocio alcanza $312.000 millones anuales. Desde que el alcalde Gustavo Petro anunció la noticia se ha generado un debate en el que han intervenido la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el mismo presidente de la república, Juan Manuel Santos.

Precisamente el primer mandatario tuvo que tomar cartas en el asunto en uno de los momentos más  fuertes del debate. El 21 de noviembre la Alta Consejera Presidencial para Bogotá, Gina Parody, anunció una intervención por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. El alcalde Petro reaccionó invitando a la ciudadanía a defender la autonomía de la ciudad y al día siguiente de la intervención trasladó su despacho a la Empresa de Acueducto.

En este episodio más de 1.200 recicladores se movilizaron con el alcalde. Días después el presidente Santos llegó a un acuerdo con el mandatario local y ratificó su respeto por la autonomía de la ciudad. A pesar de esta reconciliación, el caso aún no está cerrado. Por lo menos en lo que se refiere a la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio existen diferentes versiones. En momentos en que se realizó la intervención Parody defendió su legalidad: “Las empresas públicas y privadas de Bogotá, al igual que las de todo el país, están sometidas a la Constitución y a la ley. Ninguna empresa del país está exenta de la supervisión de la Superintendencia, mucho menos si esta empresa es pública”.

La discusión sobre la legalidad de esta visita hizo eco en el Congreso. Precisamente el senador Carlos Alberto Baena, del partido político MIRA, hizo énfasis en una supuesta extralimitación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio durante la visita. Hoy el debate en la Comisión Sexta del Senado se centró en los alcances de la SIC en lo que se refiere a este tipo de intervenciones. Para Baena, la visita pasó de ser administrativa a jurisdiccional.

¿La razón de este argumento?: La sentencia C-537 de 2010. “en el numeral 2.2.2.5 es muy clara respecto a la Ley 1340 de protección de la competencia: “En lo que tiene que ver con las competencias atribuidas a la SIC ya se había concluido en el análisis del trámite legislativo, que no se incluyeron potestades jurisdiccionales a ésta entidad para garantizar la libre competencia. Esta primera conclusión se complementa con los artículos de la Ley que se refieren a las competencias administrativas de la SIC, especialmente los artículos 3, 6, 10 en donde específicamente se establece que las actuaciones de la SIC en materia de protección y garantía de la libre competencia es eminentemente administrativa y no jurisdiccional”.

De aquí se desprende una discusión sobre el carácter de la visita: ¿fue de supervisión, como decía Paradoy? Para el senador Baena, no. “Los funcionarios de la SIC no tenían funciones de carácter jurisdiccional como para llegar al punto de revisar los correos electrónicos privados de los trabajadores de la EAAB. “Violaron el derecho a la intimidad de algunas personas y crearon un pánico innecesario, cuando de por medio hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena la inclusión de los recicladores”.

En el senado se está planteando la posibilidad de crear un Régimen Transitorio a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para garantizar la seguridad jurídica del Distrito antes de implementar el nuevo esquema de aseo. Y mientras esto sucede, en el Distrito planean la expedición de un decreto que le permita al alcalde emitir medidas excepcionales durante la transición del antiguo esquema de basuras al que entrará a regir el 18 de diciembre. Como lo reveló El Espectador, Petro estaría buscando la forma de evitar un sabotaje por parte de los operadores privados de basura.