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Después de 14 meses de planificación y estudio, el Distrito formalizó uno de sus proyectos más ambiciosos, aunque también uno de los más cuestionados: la intervención a la reserva Thomas van der Hammen. Ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la administración radicó su propuesta de modificar la zona protegida, bajo la premisa de “que sea más grande y mejor”. La última palabra la tendrá el Consejo Directivo de la entidad, y lo que decida será clave para definir el crecimiento de la ciudad y el uso de sus suelos durante los próximos 12 años.
Se trata de un documento de 1.200 páginas en el que la Alcaldía de Enrique Peñalosa sustenta sus pretensiones con base en estudios científicos, técnicos y ambientales. Para ello, según la administración, tuvo en cuenta variables de conectividad, conservación, restauración y servicios ecosistémicos. El plan se fundamenta en dos frentes que combinan “de forma armónica el desarrollo urbano y la protección de este ecosistema protegido”.
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Por un lado, insiste en que busca aumentar el área de reserva, pasando de 1.396 hectáreas a 1.710, es decir, sumar 314 hectáreas nuevas. Técnicamente, ese proceso se denomina realinderación: fijar nuevas delimitaciones que, en todo caso, no pueden sustraer o reducir la reserva, tal como lo determinó el Ministerio de Ambiente. Por otro lado, elevar la categoría ambiental de la Van der Hammen, pasando de reserva “productora” a “protectora”, lo que implica que se refuerza su protección y se asegura su vocación de espacio público.
“La reserva está por hacerse”, dijo en la presentación del proyecto el gerente de Ciudad Norte, Juan Camilo González, quien estuvo en compañía del secretario de Planeación, Andrés Ortiz. Según explicaron, al ampliar los terrenos de la Van der Hammen, aumenta también la superficie protegida. Así, el área ambiental pasaría de 634 hectáreas a 1.104, es decir, el 64,5 % de los terrenos. “Se propone mantener en el mismo sitio 501 hectáreas y agregar 603 más de nuevos hábitats y corredores. Adicionalmente, agregar 225 que combinen lo natural con zonas para realizar actividades deportivas”, explicó Ortiz.
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La iniciativa contempla, además, triplicar los terrenos públicos de la reserva de 535 a 1.435 hectáreas. De ellas, 104 serán destinadas al proyecto vial que espera poner en marcha la administración, para descongestionar el norte de la capital. Se trata de la extensión de la avenida Boyacá, desde la calle 170 hasta la avenida Guaymaral (7,4 kilómetros), la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Suba y la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). “Estas vías serán diseñadas respetando el medioambiente”, resalta el Distrito.
Según el secretario de Planeación, para hacerse a esos suelos y convertirlos en públicos se recurrirá a un mecanismo consagrado en la ley llamado “reparto de cargas y beneficios”, es decir, serán los propietarios de los suelos quienes tendrán que aportar las tierras a cambio de los derechos de uso y edificabilidad. Precisamente, bajo este mismo esquema, fue diseñado Lagos de Torca. El funcionario destaca que la propuesta respeta la conectividad ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá, mediante la conservación de bosques y humedales, entre ellos Torca Guaymaral, La Conejera y la quebrada La Salitrosa.
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Propuesta no convence a detractores
Aunque el Distrito insiste en que su propuesta logrará una efectiva armonización entre lo ambiental y el desarrollo urbano, favoreciendo el espacio público y apuntando a una efectiva democratización del espacio público, otra es la visión de quienes se oponen a la intervención. Claudia Calao, integrante de la veeduría ciudadana de la reserva, no sólo se queja de que la propuesta no fue socializada adecuadamente entre los detractores del proyecto, sino que niega que el plan consagre una mejor reserva. “La participación ciudadana se la pasaron por la faja y lo que vemos es que van a llenar de vías la Van der Hammen. La propuesta sigue siendo la misma que ya habían dejado ver. Lo que queremos es que se respeten los estudios que consagraron la reserva en 2011”.
Sabina Rodríguez van der Hammen, nieta del botánico Thomas van der Hammen, comparte las dudas alrededor de la divulgación del proyecto y niega que sea “el triunfo de los ambientalistas”, como ha manifestado la administración. “No nos han incluido y no tuvimos ninguna voz. Es claro que es una propuesta para lograr la urbanización. En los mapas muestran muchísimo verde, comparan la reserva actual con la propuesta de ellos, pero en la imagen actual no incluyen los humedales ni el suelo rural, pero en la de ellos sí. Es una comparación desleal, porque son dos cosas que no corresponden”, declara.
Respecto al plan vial, Rodríguez asegura que se cambiará la conectividad ambiental y ello redundará en graves impactos ecológicos para la reserva. “El entramado de vías no es para descongestionar Bogotá, sino para suplir la demanda que va a tener esa localidad nueva, porque son 1,5 millones de personas las que van a vivir allí”, precisa.
¿Qué viene?
Desde su primera administración, Enrique Peñalosa ha querido intervenir las 1.340 hectáreas que integran la reserva. Aunque sus planes se vieron frustrados hace 17 años, cuando los expertos catalogaron estos terrenos como zona de alto valor ambiental, hoy insistirá en que puede desarrollar un plan que combine el desarrollo urbano y la protección de este ecosistema.
El Distrito ya radicó la solicitud. A partir de este momento todo queda en manos de la CAR. En principio, el documento lo revisarán expertos de la Corporación, que tendrán que estudiarlo y elaborar un concepto preliminar, que tendrá que sustentar con investigaciones técnicas, científicas y conceptos jurídicos.
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Este concepto se debe someter a discusión del Consejo Directivo de la CAR que, pese a tener funciones esencialmente administrativas y que la mayoría de sus miembros son más políticos que expertos ambientales, también tienen la responsabilidad de “reservar, alinderar, administrar o sustraer los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y los parques naturales regionales, así como reglamentar su uso y funcionamiento”, dice la norma. En su estudio, el Consejo puede pedir más estudios e incluso la participación de una firma externa, antes de tomar una decisión.
Este órgano lo conforman 19 personas, entre las que se encuentran el presidente Juan Manuel Santos; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; los gobernadores de Boyacá y Cundinamarca, Carlos Amaya y Jorge Rey; el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y sus delegados. Asimismo, están los cuatro alcaldes de los municipios donde tiene jurisdicción la CAR (que cambian cada año) y que en esta oportunidad son el de Chaguaní, Mauricio Ramírez; El Colegio, Óscar Mauricio Núñez; el de Sesquilé, Nelson Robayo, y el de Chiquinquirá, César Carrillo. A estos se suman dos representantes del sector privado, dos de organizaciones sin ánimo de lucro y uno de las comunidades indígenas.
Debido a su conformación y a que varios de los delegados son de movimientos políticos afines a las bancadas que apoyan al alcalde de Bogotá, como Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador, y a que al menos tres tienen nexos directos con Peñalosa o la administración, como el delegado del presidente, quien es tío del actual secretario de Gobierno de Bogotá, los defensores de la reserva hacen un llamado para que se mantenga la coherencia y no permitan que influyan acuerdos políticos, por encima de la preocupación ambiental.
Una vez el Consejo Directivo de la CAR se pronuncie y anuncie una decisión, el Distrito procederá al siguiente paso: incorporar la determinación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que será presentado ante el Concejo de Bogotá y que contiene las diferentes propuestas de la administración de cómo debe organizarse la ciudad para los próximos 12 años.
La actual solicitud para modificar la zona de protección es sólo la primera parte del proceso para intervenir la reserva Van der Hammen. Con ésta en firme, el Distrito podrá comenzar a adelantar sus planes viales. No obstante, aún no le da la potestad para urbanizar en el sector, para lo cual deberá adelantar otra solicitud.