Futuro incierto para dos niñas venezolanas: ICBF debe resolver denuncia por presunto abandono

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Foto: Archivo particular

Dos niñas venezolanas, de cuatro y seis años, van a completar dos meses en una fundación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que se hizo cargo de su protección, tras haber sido trasladadas por la Policía de Infancia y Adolescencia, desde el pasado 25 de agosto. El motivo fue una denuncia contra su madre por abandono. Sin embargo, la historia tiene dos versiones: la de la progenitora, quien niega los hechos y adelanta una lucha legal para recuperar a sus hijas, y la de Carlos Triana y su esposa Verónica, los denunciantes, quienes insisten en que había un gran descuido hacia las menores.

Sabrina Padrón es la madre de las niñas, una venezolana, quien dice que ejercía en su país como abogada y defensora de los derechos humanos, y llegó como refugiada a Colombia junto a sus hijas, huyendo de la persecución política. En Bogotá llegó a vivir a la casa de su novio, quien desde hace dos años tenía alquilado un piso en una casa del barrio 7 de agosto. El propietario de dicho inmueble es Carlos Triana, otro uniformado, quien también vivía allí con su esposa y sus hijos

Según Padrón, tras su arribo, logró conseguir un empleo, que le permitió mantener a las menores, pero el tiempo no le daba para cuidarlas durante el día. Por eso, relata, acordó con la esposa de Triana un pago de $600.000 mensuales y la entrega de un mercado para que cuidara de sus hijas. Durante casi un mes, las menores vivieron de esta manera, compartiendo, además, con los dos hijos de la cuidadora. Hasta este punto, la historia de Sabrina y de los denunciantes coinciden. Sin embargo, luego toman rumbos diferentes.

Versión de Sabrina

De acuerdo con la madre de las menores, el 25 de agosto acababa de llegar a su trabajo cuando, repentinamente, sobre las 11:30 de la mañana recibió a su celular una foto en la que se ve a sus hijas montadas en una patrulla, acompañada de una nota de voz de Verónica, en la que le indicaba que la Policía de Infancia y Adolescencia se las había llevado por abandono.

“La señora Verónica, luego de haberse portado antes tan amable conmigo, desde el día anterior al episodio cambió su actitud conmigo, expresándose de manera agresiva, hablando mal de las niñas, porque la menor se había hecho popó. El martes 25 de agosto, me informa que se llevaron a las niñas por abandono, mal estado físico y emocional, y que se encontraban en la Fundación Revivir, en la localidad de Kennedy”.

Sabrina insiste en que el único momento en que no compartía con sus hijas era mientras trabajaba, por lo que no halló argumentos válidos en la denuncia de Verónica y Carlos. Sin embargo, relató que el precedente también pudo estar relacionado con que días atrás le reclamaron, porque se había acabado el mercado que hizo para las niñas, el cual, según ella, fue de $400.000.

“A partir de ese momento he estado detrás de mis hijas, que las enviaron luego a la Fundación Hogar San Mauricio. Allí solo tengo contacto con la psicóloga, quien me dice cómo se encuentran y solo me deja verlas por videollamadas, una vez por semana. En esas llamadas noto que están tristes, la menor no me habla y la mayor piensa que las abandoné. Me pide llorando que vaya por ellas”, expresó Sabrina.

En la última de esas llamadas, la mujer grabó la comunicación y les preguntó si las personas que antes las cuidaban las habían maltratado, a lo que su hija menor respondió que sí, que le habían pegado con una correa. “Esto ya es muy grave, un funcionario público maltrató a mi hija”. Ante la situación la mujer ha solicitado el apoyo a diferentes entidades internacionales, argumentando que no cuenta con la documentación necesaria para acceder legalmente a una denuncia. En esa búsqueda su caso llegó a manos de Karelys Palmar, ministra para los derechos humanos y gobierno del Parlamento Internacional para los DD.HH, quien le ha brindado asesoría jurídica y le ayudado a presentar tutelas y derechos de petición al ICBF.

Versión de Carlos y Verónica

Para los denunciantes, el testimonio de Sabrina tiene vacíos, sobre todo al omitir detalles de cómo era la convivencia en la casa, con las niñas y con ellos. Quien toma la vocería es Carlos Triana, el dueño de la su casa a donde llegó a vivir la mujer con sus hijas. “La pelada empezó a venir con las niñas, pero no les ponía atención. Se encerraba con su pareja y las niñas quedaban por ahí tiradas, aguantando hambre. Como soy padre de familia me dolía, subía y les daba almuerzo, porque esa mujer salía de ese cuarto a las 5:00 de la tarde. Del 7 al 12 de agosto ella se fue sin dejar rastro y en esos días saqué de mi bolsillo para mantener a las pequeñas, que llegaron llenas de piojos, mal vestidas y hasta olían feo”, dijo Triana.

El arrendatario agregó que la situación le trajo problemas con su amigo (la pareja de Sabrina), con el que tuvo una discusión cuando lo llamó a pedirle que se hiciera cargo de las menores, mientras Sabrina volvía. “Apareció justo cuando mi compañero estaba de descanso, vino y ni siquiera les preguntó a las niñas cómo estaban y se volvió a encerrar. Mi esposa le tenía que decir que saliera y les prestara atención, que les diera un beso o una muestra de afecto” agregó.

El fin de semana, antes de que las menores fueran entregadas al ICBF, la mujer llegó a tomarse unos tragos con su novio en la habitación, sin prestarles mucha atención a las niñas. Las pequeñas, según dice Triana, querían dormir con su madre esa noche, pero nos las dejaron entrar al cuarto. “Al otro día, la niña más pequeña amaneció poposeada en la cama. La bañé y la arreglé con mi esposa, porque la mujer salió a la 1:00 de la tarde de la habitación. Yo las ponía entonces a dormir en un colchón y sus cobijas, al lado de mis hijos”.

Ante la situación, le manifestaron su molestia a Sabrina, amenazándola con que si el lunes no volvía a llevar mercado para las niñas, llamarían a la Policía. “Le dije que así me tocara hacer el informe, se las iba a entregar a Infancia y adolescencia, ella no creyó, pero así fue. Llamé y dije que la señora no había vuelto a responder por sus hijas, que las veía como un cero a la izquierda y se las llevaron. Ahí le dije a mi esposa que le tomara foto a las niñas dentro de la patrulla y ahí sí puso el grito en el cielo. Pero ella no es una mamá, no le importan las niñas”, insistió Carlos.

¿Qué va a pasar con las niñas?

Hasta este punto hay un choque de versiones que las autoridades tendrán que resolver. Sin embargo, el caso es complejo, no solo por la condición de indocumentadas de la mujer y sus hijas, sino por los cuestionamientos alrededor del proceso que se surtió en el procedimiento, que la Policía define como un rescate que las autoridades restablezcan los derechos de las niñas, que a la larga, es lo importante de todo este caso.

Las principales críticas las esgrime Karelys Palmar, quien actualmente asesora legalmente a Sabrina en su caso. “Este es un caso de violación de derechos humanos, pues no existió un debido proceso. No hubo acompañamiento directo del ICBF, nunca llegó una citación, un llamado de atención ni una visita social y no se respetó el derecho de las niñas, que es lo principal por encima de cualquier término legal. La niñera de las hijas de Sabrina, duró menos de 15 días cuidándolas”.

La ministra para los derechos humanos y gobierno del Parlamento Internacional para los DD.HH agrega que desde el primero de septiembre, cuando conoció el caso, ha tenido contacto directo con la Secretaría General del ICBF para esclarecer la situación, pero que pese a existir voluntad, lo que no ha encontrado es agilidad. “Pedí fue que las niñas se las entregaran a su mamá y se llevara el debido proceso investigativo”, pues en su concepto, aparentemente, todo se basó en una falsa denuncia y un proceso ilegal, que no tiene un soporte escrito más allá del registro de notificación de la llegada de las menores al ICBF.

Frente a las supuestas irregularidades, otra es la versión de Carlos Triana, el policía que denunció el supuesto abandono. "Como uniformado tengo todo el conocimiento de los debidos procedimientos. Llevo 16 años en la Policía, tiempo que me ha permitido conocer muchos casos y sé que debe haber una justa causa. Incluso, yo no hubiera permitido que se las llevaran sin un motivo, porque ya les tenía cariño. Pero no tenía la capacidad económica de quedarme con ellas”.

Sobre los señalamientos de Sabrina, sobre una posible agresión en contra de sus hijas, Carlos argumenta que las menores llegaron a manos del ICBF sin ningún tipo de lesión. “No le cabe en la cabeza a nadie que las hayamos maltratado. Yo tengo dos niños y ni a mis hijos le pego. Antes las tratábamos con cariño, las bañábamos y las tratábamos en iguales condiciones que a mis hijos”, dijo Carlos.

El uniformado aseguró que adelantará los trámites legales y se acercará a la Fiscalía, para que le brinden asesoría, ya que no había podido hacerlo por un viaje de emergencia que tuvo que realizar. Familiares de Verónica, que también hablaron con El Espectador, manifestaron que toda esta situación les está generando problemas mayores como amenazas de muerte y señalamientos entre los vecinos, tras haber sido publicadas sus fotos en redes sociales por la presunta vulneración de los derechos de las niñas.

Por ahora, mientras las niñas siguen bajo cuidado y protección del Instituto de Bienestar Familiar, Sabrina dice que seguirá reuniendo las peticiones a organismos internacionales para que le brinden apoyo jurídico para recuperarlas, mientras que Carlos y Verónica recolectan pruebas y testigos suficientes para justificar que lo que hicieron fue la mejor decisión por el bien de las menores.

El futuro de este caso ahora queda en manos del ICBF, organismos que tendrá que adelantar la respectiva investigación para conocer la verdadera historia detrás de la denuncia de abandono. A pesar de que este diario se comunicó para con la institución conocer el paso que sigue, la respuesta fue que todo se maneja de forma confidencial. Eso sí, aclaró que los procesos que realizan no deben ser catalogados como “quitar niños”, sino que lo que hacen es protegerlos cuando hay una evidente vulneración de sus derechos humanos.