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La modernización de semáforos en Bogotá sigue paralizada y la Secretaría de Movilidad aún no decide el futuro del contrato, a pesar de tener en sus manos indicios que la respaldarían en una eventual terminación unilateral. O, al menos, eso se interpreta luego de conocer el último oficio que envió un miembro del consorcio ganador, para tratar de despejar las dudas alrededor de los documentos que presentó en la licitación.
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Las dudas a las que se hace referencia pesan sobre la firma Sutec, socio mayoritario del consorcio que ganó el contrato, luego de una denuncia en la que se reveló que los estados financieros de 2016 que radicó ante la Cámara de Comercio de Bogotá para participar en licitaciones públicas en Colombia, presentaban inconsistencias (en datos y firmas) frente a los que radicó ante las autoridades argentinas (donde está su casa matriz). Mientras acá se presentaron como una empresa solvente, en su país estaban al borde de la quiebra.
Si bien la empresa pidió inicialmente a la Secretaría de Movilidad desestimar la denuncia, señalando que en la licitación había cumplido con las exigencias del Distrito, ante la insistencia de la administración, Sutec envió el 25 de abril un oficio, firmado por su representante Miguel Mariano Bertel, tratando de aclarar los hechos. En él relata un fraude, una auditoría interna y hasta denuncias penales.
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Sin embargo, hay un hecho claro: con sus explicaciones termina validando la denuncia en su contra, al reconocer que, “por motivos que son objeto de investigación interna”, la información financiera usada en mayo de 2017 para su inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá (evaluada por el Distrito en la licitación) presenta diferencias con la registrada en Argentina en diciembre de 2017.
Según expertos en contratación, este sería motivo suficiente para que el Distrito termine unilateralmente el contrato. Por un lado, porque la información financiera que presentó en el proceso para acreditar capacidad financiera sería fraudulenta. Por el otro, porque con los balances radicados en Argentina (a los que hace referencia) no cumplía los requisitos para participar en la licitación.
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Aunque Sutec dice que tramitan una rectificación de los balances de diciembre, con nueva información que les permitiría cumplir los requisitos de la licitación y, de paso, seguir con el contrato, la pregunta es: ¿el Distrito puede aceptarlos? La respuesta de los abogados que analizaron el caso es no.
Las explicaciones
En el oficio, Sutec relata que en junio de 2016 se conoció que los entonces administradores habían cometido un multimillonario fraude. Ocurrió en medio de un intento de los dueños Remberto Merlano y José Villalba por vender la empresa. Ellos les dieron poder a los posibles compradores para coadministrar y éstos saquearon la compañía.
A partir de ese momento se nombró como presidente de la empresa a Andrés Cufiño, a quien le encomendaron hacer una auditoría interna. En desarrollo de la revisión, dice el oficio, se evidenciaron distintos fraudes, no sólo contra la firma sino contra terceros, que generaron denuncias contra Sutec y ésta, a su vez, denuncias contra los supuestos responsables de la defraudación: el expresidente de la firma Andrés Saavedra Camerano y el vicepresidente, Erlin Vicente Rey.
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Una vez Cufiño terminó la auditoría, el 5 de diciembre del año pasado (a tres semanas de la adjudicación del contrato de semáforos en Bogotá), Sutec radicó ante las autoridades argentinas los estados financieros de 2015 y 2016. Sin embargo, los socios ordenaron gestionar una rectificación de esas cuentas, para incluir la capitalización hecha por los accionistas y los recursos que aspiran a recuperar con la denuncia penal (que está en etapa probatoria) contra los defraudadores.
Y concluye: “En este momento está en trámite la inscripción de la rectificación en Argentina. Sin embargo, adjunto copia de los nuevos balances, ya que teniendo en cuenta la corrección, Sutec cumpliría las exigencias de la licitación. Deseo señalar que, para despejar dudas frente a la ejecución del contrato y teniendo en cuenta que el pago se acordó contra entrega, nos comprometemos a gestionar cartas en firme de compromiso de suministro de los distintos proveedores que se vincularán al proyecto, hasta por el 85 % de valor del contrato”.
Se debe anular
Al leer la justificación y revisar los documentos, todo apunta a que la Secretaría de Movilidad no tendría otro camino que anular el contrato. Para comenzar, es claro que los estados financieros con los que Sutec ganó la licitación en Bogotá (y de paso otra en Manizales) no correspondían a la realidad de su compañía. Algo que, a criterio de los abogados que analizaron este caso, sería suficiente para terminar el contrato.
Otro elemento es que el oficio, entre líneas, ratifica que los estados financieros expedidos en Argentina y que respaldan la denuncia contra Sutec fueron los que la empresa registró en diciembre. Es decir, a pesar de que las cuentas están en proceso de rectificación, el balance de diciembre era el que estaba en firme antes de la adjudicación, y con eso hubiera quedado por fuera del proceso.
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Y en caso de que Movilidad acepte la rectificación, es importante resaltar que esta no ha sido aceptada en Argentina; que incluye dineros inciertos, como los que espera recuperar con la denuncia penal (que está en etapa probatoria), y que Sutec también está denunciada por fraude y, según dicen los documentos, podría tener “impactos incalculables en sus finanzas”. Esto sin contar las demandas en su país por no pagar impuestos y seguridad social de sus empleados.
Finalmente, es importante señalar que la empresa no dio una explicación sobre el origen de los cuestionados balances con los que participó en la licitación, ni las inconsistencias en las firmas, a pesar de que fue el representante legal de la firma en Colombia (el mismo que firma el oficio a Movilidad) quien radicó los documentos, como consta en los registros de la Cámara de Comercio. Sólo se limita a decir que adelantarán una investigación interna.
En resumen, el panorama para Sutec es más complejo de lo esperado. El análisis de sus explicaciones está en manos de la Secretaría de Movilidad, que cumple casi dos meses desde que conoció la denuncia, analizando el caso. Por su parte, serán los entes de control quienes tendrán que definir si detrás de esta historia hubo fraude o no.