Gerente de Transmilenio, investigada por la Contraloría, dice que evitó un detrimento patrimonial

Alexandra Rojas asegura que las acciones por las que la investiga el ente de control realmente evitaron un descalabro mayor en el SITP.

Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, asegura que en 2017 se hará una reingeniería del transporte público de la ciudad. / Cristian Garavito
Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, asegura que en 2017 se hará una reingeniería del transporte público de la ciudad. / Cristian Garavito

“Buscamos actuar de manera que no se generaran más costos para los bogotanos”. Así defiende Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, las decisiones que hoy la tienen con sus cuentas bancarias y sus propiedades embargadas. La explicación choca totalmente con los argumentos que llevaron a la Contraloría Distrital a abrirle un proceso de responsabilidad fiscal. (Lea: “Los números rojos del SITP”).

Para el organismo de control, Transmilenio dejó de recibir $2.809 millones porque Rojas decidió delegarles a los buses provisionales la operación de las rutas del SITP que cubrían Egobús y Coobús, operadores en proceso de liquidación, en vez de entregárselas a uno de los otros siete concesionarios del sistema, o de abrir una licitación para escoger un nuevo operador. Según la Contraloría, eso constituye un detrimento al erario. (Lea: “Nueve noticias claves para entender la crisis del SITP en Bogotá”).

Sin embargo, la funcionaria, en diálogo con El Espectador, aseguró que su actuar fue el que evitó una pérdida verdadera. Explicó que por cada pasajero que se sube al SITP, el Distrito tiene que poner $1.000, pues la tarifa que paga el usuario no alcanza a cubrir los costos de operación. En Fontibón, Perdomo y Suba Centro, las zonas que estaban a cargo de Egobús y Coobús, se hacen 1,5 millones de viajes diarios. Entonces, dijo Rojas, al delegar su operación a los provisionales, el Distrito ahorra $1.500 millones diarios. “Si hubiera hecho la licitación con la misma estructura actual del SITP se habrían generado más costos para los bogotanos”. (Lea: “Las causas de la quiebra del SITP”).

Su defensa choca con las afirmaciones que han hecho los operadores del SITP. Para ellos, parte de la crisis del sistema está determinada por la circulación de los provisionales, que captan los recursos que deberían quedar entre los concesionarios. Lo que impide lograr el punto de equilibrio que ya debería haberse alcanzado con la implementación total del SITP, es decir, con 9.715 buses recorriendo 343 rutas y movilizando al menos 4 millones de pasajeros al día. (Lea: “Operadores se quieren bajar del SITP”).

Ya ante la Contraloría, Rojas había expresado que no abrió la licitación para evitar gastos adicionales de cara a la reingeniería (cambios de rutas, frecuencias…) que le harán al sistema en 2017. “Para evitar incurrir en gastos compensatorios a los eventuales ganadores de esas licitaciones, si la reingeniería y las nuevas troncales significan que parte de la flota vinculada debe ser retirada”, respondió cuando le preguntaron por qué optó por otorgar las rutas a los provisionales. (Lea: “Se hunden los operadores”).

Las decisiones de Rojas constituyen entonces medidas provisionales para atenuar la crisis del SITP mientras se resuelven sus problemas de fondo, que pasan por la misma estructuración del sistema. “Hemos hecho más de 200 mejoras en tiempos, frecuencias y velocidades”, asegura. Y agrega: “Tomar decisiones de fondo requiere tiempo”.

En contraste, la Contraloría parece hacer un llamado a las acciones urgentes. “Puede concluirse una falta de gestión por parte de la administración, de tomar una decisión efectiva frente a los anteriores contratos…”, eso se lee en el documento con el que se abrió el proceso contra Rojas.

Aunque a lo largo del año la crisis del SITP se ha hecho más evidente, todavía no son claras las acciones que se van a tomar, pese a los anuncios de una “reingeniería”. Lo que sí se sabe es que el hueco financiero del sistema ronda los $700.000 millones; que su implementación sigue atrasada (va en el 83 %) y que los operadores están en apuros y han contemplado salirse del negocio, pues tienen pérdidas cercanas a los $500.000 millones y deudas con los bancos por $3,5 billones. (Lea: “Los bancos hoy son los dueños del SITP en Bogotá”).

Y mientras se esperan las soluciones, la administración pone el espejo retrovisor. Lo volvió a hacer el alcalde Enrique Peñalosa ayer: “Encontramos un caos en Bogotá con el SITP. Está mal diseñado, mal implementado y adicionalmente con unos problemas de cobertura gravísimos”. De paso, le dio un espaldarazo a su funcionaria: “Con relación a esta investigación hay un gran error. Respaldo el trabajo de la gerente de Transmilenio, es una heroína que asumió la tarea más difícil que alguien pudiera asumir”. (Lea: “‘El SITP es una bomba nuclear’: Peñalosa”).

Entre tanto, Rojas dice que, aunque en lo personal las decisiones de la Contraloría son dolorosas y angustiosas, se va a defender ante ese organismo de control “con la certeza de tener razones”. Por ahora, está a la espera de reunirse con sus abogados para definir los términos en los que apelará la apertura del proceso fiscal y el embargo de sus bienes, para lo cual tiene 10 días.