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El sistema de movilidad capitalino tiene un lunar que cumple una década: el SITP. Los buses azules, llamados a cubrir las zonas a las que no llega Transmilenio (TM), se han convertido en el gran dolor de cabeza de las últimas tres administraciones, debido a mala planificación e implementación, pero también al incumplimiento de los operadores y hasta las bajas cifras de uso por parte de los usuarios. Todo esto derivó en una difícil salud financiera del sistema, que si bien intentó aliviar la administración Peñalosa mediante varias estrategias, no obtuvo los resultados esperados y el SITP sigue siendo un hoyo negro en las finanzas de la ciudad.
Al menos esto es lo que se concluye de un reciente informe de la Contraloría General, en el que el ente de control evaluó los recursos públicos destinados al SITP, que se ejecutaron y administraron entre 2015 y 2018. Vale aclarar que la auditoría se hizo por petición de la anterior administración, que hace un año le hizo una solicitud a la Contraloría para que ejerciera control fiscal excepcional sobre las finanzas del SITP. En febrero, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, autorizó la petición, y desde entonces y hasta diciembre se realizó la indagación.
El resultado más importante del informe es la constitución de diez hallazgos administrativos. De esos, dos tienen presunta incidencia fiscal por un valor que supera los $9.156 millones, y siete tienen presunta incidencia disciplinaria, por lo que fueron trasladados a otras instancias de investigación.
Los dos hallazgos con presunta incidencia fiscal tienen que ver con el manejo de los recursos del Fondo de Estabilidad Tarifaria (FET), que es una de cinco “bolsas” a las que va el dinero que recauda el sistema y cuya finalidad es acumular recursos que luego son empleados en evitar que la tarifa al usuario aumente de forma considerable. En otras palabras, el fondo se encarga de diferir en el tiempo el incremento del pasaje, cubriendo la diferencia entre lo que el sistema remunera a los operadores del SITP y los ingresos recaudados cada vez que un usuario pone su tarjeta en el lector del bus.
Fueron varias las irregularidades que, según el informe, se cometieron con el FET. Por ejemplo, detalla que se desviaron recursos del fondo para realizar desembolsos por más de $32 millones con el fin de pagar laudos arbitrales fallados en contra de TM, que es el ente gestor de todo el transporte masivo de Bogotá. También la gestión de los patios o terminales para los buses azules afectó la sostenibilidad del sistema, pues recursos del FET se fueron en cubrir los fallos que ocurrieron en la desordenada entrega de patios.
Otra anomalía con el manejo del FET radicó en una compensación por más de $2.100 millones que hizo TM al concesionario encargado de la instalación del Sistema de Información, Recaudo, Control e Información al Usuario (Sirci), por un error del propio sistema.
Resulta que, en 2011, TM autorizó al concesionario del Sirci comprar equipos para ser instalados en los buses, pero la flota no estaba disponible para la instalación. Como nunca se instalaron los equipos, no entraron en operación y el concesionario solicitó el restablecimiento del dinero invertido. Y aunque esto ocurrió en la etapa preoperativa del sistema, los pagos se hicieron entre enero de 2018 y octubre de 2019. Las irregularidades, indica el informe, “disminuyeron los recursos públicos que deberían destinarse al servicio público de transporte masivo de pasajeros”.
En total, la auditoría observó que los recursos que se utilizaron para completar el pago de los costos del SITP, entre 2012 y 2018, representan cerca del 48 % del total de los costos del sistema, que ascienden a más de $5.500 millones. Con esto, se tiene que hasta diciembre de 2018 se acumuló un déficit de $2’633.657. A eso se suma que hasta septiembre de 2018, las pérdidas acumuladas de todos los operadores del SITP ascendieron a $651.000 millones.
Pero el manejo del FET no es el único reparo de la Contraloría respecto a la gestión financiera del SITP. Además, el ente de control detalló que hay pérdidas en la mayoría de los contratos y que TM no vigiló de forma efectiva la toma de decisiones oportunas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Para TM, pese a los hallazgos, la sostenibilidad de sus finanzas nunca ha estado comprometida. En respuesta al informe, la entidad aseguró que “el sistema siempre ha sido sostenible, en el sentido que se han contemplado fuentes adicionales a los ingresos por recaudo para el pago de los costos de operación del sistema de acuerdo con lo pactado en cada contrato”.
Con el fin de impedir que las finanzas del SITP se sigan deteriorando, la administración Peñalosa renegoció los contratos con los operadores, modificando algunas de las condiciones originales que derivaron en las pérdidas que hoy tiene el sistema. Ahora, la administración López deberá encargarse de materializar esa renegociación y ejecutar un plan liderado por el nuevo gerente del sistema, quien fue el subgerente en la pasada alcaldía y diseñó una estrategia con la que además busca optimizar el servicio de un sistema cuyos indicadores financieros y de demanda siguen empeorando.
El Plan Marco del SITP
El gerente del sistema, Felipe Ramírez, lideró la estructuración de un documento que proyecta la evolución y planificación no solo del SITP, sino también de TM, hasta 2030. Para los buses azules hay tres estrategias con las que se busca mejorar el servicio de las rutas.
La primera estrategia es un proceso licitatorio para implementar los buses del SITP en las zonas que hoy funcionan con el esquema provisional. Aunque esto se inició en la anterior administración, no se logró adjudicar la totalidad de los buses que necesita el sistema, por lo que será una tarea para esta alcaldía.
La siguiente estrategia es actualizar el diseño operacional del sistema, dado que ya no hay las mismas necesidades de transporte que cuando se creó el SITP. La idea de este punto es revisar y actualizar la red de servicios inicialmente prevista en los contratos de concesión.
Por último, el plan manifiesta la urgencia de desmontar el SITP provisional, para lo cual es necesaria la salida de 2.632 buses en los que todavía se puede pagar con dinero físico.