Se analizaron 26 contratos, por $93.000 millones

Gestión de la Empresa Metro de Bogotá: ¿en tela de juicio?

A las dudas y demandas de los que se oponen al metro elevado se sumó la auditoría de la Contraloría Distrital, que halló presuntas irregularidades en la ejecución de contratos. El Distrito cuestiona el informe y señala que ha cumplido la ley.

La licitación para construir el metro se adjudicaría la semana previa a las elecciones. / Empresa Metro de Bogotá

Si se le pudiera dar una lectura política a la auditoría que le hizo la Contraloría Distrital a la Empresa Metro de Bogotá (EMB), algunos lo interpretarían como la prueba del total distanciamiento entre Germán Vargas Lleras y el alcalde Enrique Peñalosa, que de ser aliados políticos hace cuatro años pasaron a ser “detractores”, como lo demuestran los pronunciamientos del exvicepresidente y jefe de Cambio Radical, que se ha dedicado a descalificar la gestión del mandatario que ayudó a elegir.

La explicación se podría encontrar en las declaraciones de los que, en principio, esperan obtener más réditos electorales con el informe: el exalcalde Gustavo Petro y su candidato a la Alcaldía, Hollman Morris, quienes, cada vez que el contralor Juan Carlos Granados emitía decisiones en su contra, salían a decir que era el “contralor de Cambio Radical”. Y ahora, paradójicamente, exponen la auditoría como la confirmación de sus denuncias sobre la posible corrupción en el proyecto metro.

En efecto, la auditoría es un golpe a la credibilidad o, al menos, siembra dudas sobre el manejo que se le está dando a un proyecto que Peñalosa ha logrado mantener en pie, pese a las demandas de quienes se oponen al metro elevado. En ella se exponen errores administrativos, así como presuntas irregularidades en la contratación, las cuales implicarían faltas disciplinarias y hasta delitos.

Si bien el Distrito y la EMB (al igual que Petro en su momento) les restaron peso a los hallazgos diciendo que “no era un informe concluyente, sino una solicitud para investigar presuntas irregularidades”, que sus procesos se han ceñido a la ley y que la licitación internacional para elegir constructor seguirá, ya que no ha sido cuestionada, según la Contraloría hay indicios para confirmar los reparos.

Vale resaltar que la auditoría se conoce en medio de una contienda electoral que gravita alrededor del metro y justo cuando los jueces analizan una solicitud de suspender la licitación por reparos en su estructuración. Aunque ya rechazaron las medidas cautelares de urgencia, el estudio sigue en curso.

El informe

En total, se hicieron 29 hallazgos por posibles fallas administrativas, de los cuales 19 ameritarían una investigación de la Personería, por posibles faltas disciplinarias; tres, una indagación de la Fiscalía, por ser aparentemente delitos, y cuatro, de la Contraloría, por sumar un posible detrimento por $1.000 millones. El informe expone cada caso, las normas que al parecer se violaron, las pruebas y las respuestas de la EMB, de las cuales casi ninguna convenció a los auditores.

Se evaluaron el manejo de los recursos, los planes y programas; la contratación y la gestión financiera. Para comenzar, se cuestiona a la oficina de control interno “por la insuficiente verificación y evaluación de la planeación, estudios previos, ejecución y archivo de los contratos”. De donde se desprenden los reparos entre los que, quizás, los más complejos apuntan a las posibles faltas en contratos.

“Con relación a la gestión contractual, se evidenció que no se logró eficiencia, eficacia y transparencia, por contar con información poco confiable. Esto quiere decir, no solo que los encargados incumplieron su deber, sino que es factible que se hubieran cometido delitos, que le generarán pérdidas económicas a la ciudad”.

Los contratos cuestionados

En 2018, la EMB firmó 160 contratos, por $95.000 millones. La Contraloría analizó 26, que suman $93.000 millones. El primero fue el que se firmó en noviembre de 2018 con Konfirma, por $1.103 millones y 43 días de plazo, para verificar las propuestas de los oferentes en el contrato para asesorar la EMB. Según el ente de control, hubo probables fallas, como que solo se tuvo en cuenta una oferta (que recibió antes de los estudios previos), hubo inconsistencias en el presupuesto, no hubo aviso de convocatoria pública, ni se permitió la pluralidad de ofertas. Es decir, fue a dedo.

Además, hubo posibles omisiones antes, durante y después de la firma del contrato, que por el monto debió adjudicarse por concurso de méritos y no de forma directa, y un posible detrimento por $768 millones. “La Empresa cometió faltas, al desconocer principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva”.

Lo mismo que un posgrado

Los cuestionamientos siguieron con el contrato de consultoría N.º 151 de 2018, firmado el 28 de diciembre de 2018, por $90.888 millones, con la firma Consorcio Consultores PBO, que actualmente brinda consultoría en gerencia de proyectos y asesora a la Empresa Metro. También se adjudicó con único oferente habilitado.

Según los auditores, la empresa abrió el proceso sin tener certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), el cual se expidió después de firmar el contrato. Es decir, lo hizo sin haber asegurado los recursos, posiblemente violando las leyes de contratación. Pero tal vez el principal hallazgo, y por el cual se pide investigación penal, es la aprobación inadecuada de la calidad académica de 11 profesionales extranjeros, cometiendo un posible delito contra la fe pública.

El contrato exigía profesionales con posgrado. Sin embargo, el consorcio presentó una lista de ingenieros y arquitectos tan solo con pregrados en Chile y Francia. A pesar de esto, la EMB los avaló, diciendo que las tablas comparativas con los niveles educativos de Colombia establecían que sus títulos equivalían a posgrado en el país. No obstante, el propio Ministerio de Educación le dijo a la Contraloría que “una formación en pregrado corresponde a una licenciatura y su obtención no constituye formación de posgrado”. Además, debían convalidarlos.

Así como estos, la Contraloría analizó otros 24, en los que encontró posibles actuaciones irregulares, como el hecho de que no se hubiera hecho pública la resolución que modificaba el trazado y la reserva vial para el viaducto del Metro; el acuerdo marco con la ETB, para identificar las redes a trasladar, por el cual terminaron pagando más de lo pactado, o el contrato de Aseo con Inversiones Elite Ltda., en el que descubrió un posible sobrecosto de $2 millones en la compra de galones de agua.

A estos se suman la licitación para la contratación de seguros en la que, además de no haber especificado los bienes a proteger, supuestamente pagaron mayores valores en las pólizas, por casi $200 millones, y que la entidad publicó en el Secop II el contrato de prestación de servicios N.º 033 de 2018 sin el lleno de los requisitos.

En resumen, fue una seguidilla de hallazgos (algunos subsanables) que ponen en la mira de los entes de control actuaciones de la EMB, justo cuando se alista para adjudicar el contrato de construcción y operación de la primera línea. Los reparos de la Contraloría ya son públicos y los casos puntuales llegarán a manos de los entes de control. No obstante, por el momento en el que se conoce, seguro será un insumo más para el debate electoral.

 

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2019-09-10T22:00:00-05:00

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Alexánder Marín Correa ([email protected]) / @alexmarin55

Bogotá

Gestión de la Empresa Metro de Bogotá: ¿en tela de juicio?

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