:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/03l8YinQsGqhJN3bATwrVJ16New=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZINB3O3X2JG4HE54K7RWQFU67E.jpg)
Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego, y la Gobernación de Cundinamarca tienen un pleito jurídico ante el juez 63 administrativo del circuito de Bogotá. La mujer dice que la Secretaría de Educación tiene que responder por no detectar a tiempo que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre no tenía (como lo exige la ley) mecanismos para prevenir y atender el acoso escolar del que fue víctima su hijo. Como lo reveló este diario, la entidad le respondió en un concepto que no era competente para hacer este control, que no hay certeza de que el estudiante fue blanco de discriminación por ser gay y que la culpa de su suicidio era de sus padres. En conclusión: que no era culpable por omitir sus obligaciones y que no tenía por qué ser juzgada.
La posición de la secretaría generó controversia porque, contrariamente, la Corte Constitucional aseguró en 2015 que el joven sí sufrió acoso escolar por razón de su orientación sexual y que esto pudo haber incidido en su decisión de quitarse la vida. El alto tribunal agregó que varias autoridades, entre ellas la Secretaría de Educación, no implementaron las herramientas legales para evitar este caso que pudo haber tenido otro desenlace. María Ruth Hernández, a cargo de la entidad, se refirió al tema este martes.
La funcionaria alegó que el polémico concepto se elaboró en 2014 (cuando aún ella no había llegado al cargo) y sugirió que por eso estaba desactualizado. “Es la respuesta que se tiene de la vigencia de 2014…queremos revisar el caso y se puede cambiar”, explicó en La W. Sin embargo, este diario constató que el documento fue radicado el pasado 17 de mayo a las 3:34p.m. Hace tres años la disputa entre las partes ni siquiera había empezado en la jurisdicción administrativa. Inició el 20 de septiembre de 2016, cuando la demanda fue radicada.
En la contestación de ésta, firmada por Adriana María Posso Rodríguez (en ese entonces representante judicial del departamento), la Gobernación de Cundinamarca concluye que “la responsabilidad del bienestar del menor (Sergio Urrego) se encontraba en cabeza de sus progenitores” y que cuando él se suicidó no estaba bajo responsabilidad del centro educativo o de la secretaría, porque el hecho ocurrió en un centro comercial por fuera de la jornada académica.
Aunque Hernández negó que la secretaría culpara a los padres de Urrego por su muerte, el secretario jurídico de la gobernación, Germán Gómez, reconoció que la entidad rectificará su posición en la demanda. Cambiará el concepto. Y dijo que el gobierno departamental quiere llegar a un acuerdo con Reyes. Lo que se traduce en un llamado a conciliación. El pronunciamiento se da tres días antes de que se cumplan tres años de la muerte del estudiante de 16 años.
El acoso que sufrió Urrego empezó en mayo de 2014, cuando una compañera le tomó una foto dándose un beso con su novio en las instalaciones del colegio. La conducta fue calificada como obscena, de acuerdo con el manual de convivencia. El menor fue obligado a asistir a citas de psicología, a contarle a sus papás que era gay y le abrieron un proceso disciplinario. Por una ley, desde 2013 los manuales de convivencia en Colombia no pueden sancionar la orientación sexual, ni las materializaciones de afecto de los estudiantes.