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El exalcalde de Bogotá y actual senador, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo dolor de cabeza alrededor de la implementación del sistema de aseo en la capital en 2012. Este miércoles, el contralor distrital, Juan Carlos Granados, anunció que su entidad ratificó dos sanciones contra el exalcalde por la implementación del esquema de basuras. Las multas corresponden a procesos que enfrenta por detrimento patrimonial, la primera, por la compra de camiones de aseo durante su administración y la segunda, por violación de la libre competencia.
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Según explicó Granados, se trata de investigaciones que datan de 2013 y que ya habían sido proferidas en primera instancia. Frente al primer proceso, el funcionario sostuvo que hubo un detrimento por la inutilización de vehículos compactadores por valor de $40.000 millones. En opinión de la Contraloría, pese a que se adquirieron 218 vehículos, solo se usaron 102, es decir que se inutilizaron 116.
La otra multa tuvo como origen una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que evidenció fallas en la implementación del nuevo esquema de aseo en la capital de la República. Por este proceso, incluidos los intereses, la multa asciende a $91.000 millones.
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Según dijo Granados, Petro pagó la multa impuesta por la SIC por violar la libre competencia, en el caso del esquema de basuras de la ciudad, pero lo hizo con plata de la Alcaldía.
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“La Superintendencia hace una investigación alrededor de eso, sanciona a la Alcaldía y esta se ve obligada a pagar. Ahí podría haber responsabilidad fiscal, porque la plata de los bogotanos no es para pagar multas de las decisiones de sus servidores públicos”, manifestó previamente a Blu Radio.
Respecto a las sanciones, la reacción del hoy senador no se hizo esperar. En sus redes sociales, Petro se refirió al caso como "las jugadas desesperadas dentro del vargasllerismo" y afirmó que dicha sanción es impagable. Recordó que el contralor Juan Carlos Granados es investigado por la Fiscalía pues, al parecer, intentó favorecer a la firma Odebrecht con contratos de infraestructura, aprovechando su poder como gobernador de Boyacá, entre 2012 y 2015.
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