Gustavo Petro, a la espera de definición de sanciones en la Contraloría de Bogotá

El contralor Juan Carlos Granados, llamado a imputación de cargos por caso de Odebrecht, tendrá que tomar la última decisión de los procesos del senador.

Archivo El Espectador

En manos de la Contraloría de Bogotá  está la toma de decisiones sobre tres procesos en los que se ve involucrado el senador Gustavo Petro por acciones ejecutadas siendo alcalde de Bogotá. En noviembre se definirán las sanciones correspondientes en segunda instancia.

(Lea:Petro advierte que no está recogiendo plata para pagar multa de la Contraloría)

En primera instancia se fijó la sanción por la compra de los camiones de basura, que en su momento no cumplieron con algunos requerimientos y presentaron varias fallas mecánicas. Por esto, el senador y el exgerente de la Empresa de Acueducto deberían pagar más de $40 mil millones por fallo de responsabilidad fiscal. 

(Lea:Sanciones de la Contraloría le impedirían a Petro aspirar a cargos públicos)

Por otro lado, relacionado con la implementación del esquema de aseo, se impuso la sanción de casi $98 mil millones, decretada contra Petro y siete funcionarios de su administración. La decisión se debe a las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y a Acueducto por $92 mil millones.

El otro fallo fue por la pérdida de alrededor de $835 mil millones en el negocio de la recompra de acciones que hicieron a la Transportadora de Gas Internacional (TGI) con la Empresa de Energía de Bogotá, en el que también se vio involucrada la ex gerente de la Empresa de Energía, Sandra Fonseca.

Además, en el 2016 la Contraloría Distrital ya le había impuesto una multa de $217.000 millones y le embargó sus cuentas bancarias tras encontrarlo responsable fiscalmente por la reducción de las tarifas de Transmilenio. Aunque esta decisión se encuentra suspendida, en caso de ser ratificada se aplicarían los efectos de la decisión del alto tribunal.

Cabe recordar que la Corte Constitucional mantuvo la ley que impide ocupar cargos públicos a las personas que han sido declaradas fiscalmente responsables por la Contraloría General de la Nación. Esta decisión entonces podría afectar el futuro político del funcionario.

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-Redacción Bogotá - [email protected]

Bogotá

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