"Haber sido funcionaria de Petro influyó en la sanción de la Personería": exdirectora de Patrimonio

María Eugenia Martínez, quien fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos por parte de la Personería, se defiende y argumenta que aún está a la espera de que se resuelvan recursos judiciales que demostrarían su inocencia.

María Eugenia Martínez

Insistiendo en que aún cuenta con dos instancias para demostrar su inocencia y advirtiendo que el haber pertenecido a la Administración del exalcalde Gustavo Petro pudo influir en la determinación de la Personería de Bogotá, este jueves la exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio, María Eugenia Martínez, se refirió a la sanción que profirió ese organismo en su contra, inhabilitándola para ejercer cargos públicos por 10 años, debido a supuestas irregularidades en la celebración de un contrato.

Según el ente de control, para la realización de un video institucional, Martínez suscribió un contrato con una sociedad que incumplió uno de los requisitos del pliego de condiciones: contar con una personería jurídica de mínimo tres años. En diálogo con El Espectador, la exdirectora del Instituto argumentó que en la decisión, la Personería no tuvo en cuenta los argumentos que presentó su defensa que, entre otras, señala que dio su visto bueno luego de la revisión que efectuó la oficina jurídica de la entidad.

“Me inhabilitan por un contrato de $14 millones (14'997.187) en el que todas las firmas de rigor al interior de mi oficina estaban en orden y por eso firmé. Me inhabilitan por un certificado de Cámara de Comercio. Aquí no están diciendo que yo me robé un peso (…) Yo firmé cuando la Oficina Jurídica, después de todo lo de rigor, me dice que podía firmar”, explicó Martínez.

“Yo no podía revisar todos los contratos de la oficina, ni soy abogada. Aun si los hubiera revisado, es probable que ese detalle se me hubiera pasado. Yo tenía que revisar unos vistos buenos y como estaba el de jurídica, firmé en confianza. Imagínese un director general de un organismo descentralizado revisando cada uno de los contratos siendo arquitecto, pues imposible”, señaló Martínez.

El abogado Álvaro Pérez, quien defiende a la exfuncionaria, aseguró que la Personería no se pronunció sobre los alegatos y pruebas que presento a favor de la exdirectora y que no hubo un pronunciamiento de fondo respecto al contrato. Desvirtuó, además, algún tipo de irregularidad, ya que la empresa contratada sí cumplía con los requisitos para hacerse al contrato.

“Cuando nosotros recibimos la sanción, nos llamó poderosamente la atención que en ningún momento se pronunciaron sobre nuestros argumentos. Por el contrario, a partir de unos dichos y unos hechos, simplemente se tomó la decisión”, indicó Pérez.

“Demostramos cómo la antigüedad del representante legal suplía con creces los tres años que se exigían, pero simplemente se tuvo en cuenta la antigüedad de la empresa. Resulta que cuando se hace una unión temporal o un consorcio, la sumatoria de la experiencia de todos sirve para cumplir el requisito. Ellos solo tuvieron en cuenta la antigüedad de la sociedad registrada ante Cámara de Comercio y no la antigüedad del representante legal”, agregó el abogado.

Haciendo énfasis en que trabajó de forma responsable y dedicada –tanto que le destinaba hasta 18 horas al día al ejercicio de su función–, la exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio dejó entrever que en su contra jugó el tema político, pese a que en su vida profesional se ha desempeñado como una técnica del campo del patrimonio cultural.

“El tema del control está muy politizado en el momento. Hay una incidencia de las campañas políticas a la Presidencia y yo no quiero quedar como deshonesta (…) Aquí cuenta el tema Petro y es lo que estamos presintiendo muchos funcionarios (…) No sé si los funcionarios de la administración Petro vamos a tener que pedir protección internacional”, manifestó Martínez.

Ante la determinación de la Personería, la defensa apeló el pasado 5 de octubre. Este recurso será resuelto en segunda instancia por la personera, CarmenTeresa Castañeda, y en caso de sufrir otro revés, Martínez no descarta presentar una tutela para hacer valer sus derechos.

“Esta sanción aún no es definitiva. Yo no estoy inhabilitada y aún no hay respuesta sobre el recurso que presentamos (…) Durante el gobierno Petro no hubo ningún escándalo relacionado con Patrimonio, porque precisamente tratamos de ser sumamente rigurosos. Me da mucho pesar quedar inhabilitada por un contrato de $14 millones (…) A lo mejor pararé en la cárcel por este contrato, pero creo haber hecho una tarea juiciosa, dedicada y muy comprometida con la ciudad”, puntualizó Martínez.

El contrato que motiva la sanción

El contrato que revisó la Personería de Bogotá tiene que ver con la serie de televisión ‘Callejeando’, en el que según la exdirectora, se cuenta la vida artística y cultural del centro de Bogotá, como insumo audiovisual que acompaña el plan de revitalización de ese territorio.

“Es un contrato bastante exitoso. Mostramos lugares recónditos, prácticas, maneras de vivir y sitios donde se trabaja el arte, que no eran muy conocidos en el centro de la ciudad. El contrato terminó muy bien y tuvo mucho éxito, le gustó mucho a la audiencia y se cumplió un cometido de mostrar formas particulares y prácticas socio-culturales del patrimonio inmaterial del centro, a través de televisión”, argumentó Martínez.

Para coordinar las cámaras y las herramientas visuales del producto, el Instituto optó por contratar a  la sociedad Ziggurat Records SAS, que –según la investigación de la Personería– “no cumplía el requisito de estar constituida como persona jurídica mínimo tres años antes, como lo estableció el pliego de condiciones del Instituto, vulnerando de esta manera el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 1993”, explicó el organismo.
 

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