Habitantes de calle en Bogotá: nadie tiene la clave

Con las operaciones para cambiarle la cara a La Estanzuela, ahora la situación se trasladó a Puente Aranda. En el congreso hubo debate de control político por la seguridad en la capital.

Habitantes de calle salieron de La Estanzuela a Puente Aranda. / Óscar Pérez
Habitantes de calle salieron de La Estanzuela a Puente Aranda. / Óscar Pérez

Las protestas de los comerciantes de La Estanzuela tuvieron una respuesta de las autoridades. La Policía organizó el martes una operación para sacar a los habitantes de calle del sector. Lo hizo en la noche para que el alcalde Enrique Peñalosa pudiera mostrar ayer el nuevo panorama del sector: más policías y sin habitantes de calle. La acción se complementó con una especie de anillo de seguridad para que no regresen a Los Mártires. Con vallas y casi 300 uniformados les cerraron el paso. Sin embargo, los defensores de derechos humanos consideran ilegal la medida. Si se interpreta el concepto de la Corte Constitucional de que ser habitante de calle no es delito, no deberían afectar su movilización.

Pese al reclamo, la situación se sigue haciendo difícil. Aunque las operaciones atienden el reclamo de los comerciantes, el problema se trasladó. Los habitantes de calle ahora se concentran en un caño ubicado en la calle sexta con carrera 30, en el sector de Puente Aranda. Dicen que la Policía los obligó a moverse hasta ese sector. Ahora los que protestan son los vecinos de la zona, que se sienten inseguros.

Ante el reclamo, la Secretaría de Integración Social (que aclaró que nada tiene que ver con la acción policial) adelanta trabajos con los grupos de Contacto Activo, programa que invita a los habitantes de calle a sus programas de atención. En la tarde, al menos cien personas habían aceptado. Sin embargo, son muchos los que no acogen la invitación.

Muchos de ellos, dicen que están cansados de la persecución. "A nosotros nos sacaron del Bronx y el alcalde no ha hecho nada para reubicarnos. La Policía solo nos trata mal y nos saca de todos los sitios donde estamos. La misma ciudadanía hace que la Policía nos saque y que nos golpee (…) Lo único que queremos es que nos dejen tranquilos y no nos maltraten más”, afirmó a Blu Radio uno de ellos.

Es claro que todo es el coletazo de la intervención del Bronx. Y aunque el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, ha insistido en que era necesaria y no se le podían dar más largas a este imperio del crimen, las críticas apuntan a lo mismo: que la dispersión de los casi 2.000 indigentes obedeció a la falta de una intervención integral, como lo reclamó en su momento la Defensoría del Pueblo y como lo ven los expertos de seguridad.

¿Cuál es la solución? Ni siquiera los expertos lo saben a ciencia cierta. “Nadie tiene la clave. Aunque se han intentado todas las estrategias, la problemática se vive en todas las ciudades”, dice Fernando Echavarría, experto en seguridad urbana.

Agrega que es un tema que exige planeación y acción integral. “Lo que se vive Bogotá es el resultado de una intervención policial y de espacio público que no contó con un componente social. Uno supone que lo hicieron así por temas de inteligencia. Sin embargo, no hubo un golpe contundente contra el crimen organizado y lo que quedó fue otro problema”.

Cuenta que algo similar ocurrió en Medellín cuando intervinieron el sector de Barbacoas, pero se aprendió la lección y ahora se ha hecho una intervención más social. Sin embargo, insiste, casi ninguna ciudad ha encontrado la clave para acabar este fenómeno.

Considera que si bien los Camad de la pasada administración (programa que no continuó) parecían un buen intento para acercarse a los habitantes de calle, pecaron por exceso: “No se pensó en combatir el crimen organizado. Hay que saber mezclar lo policial y lo social. No se trata solo de capturar jíbaros, sino a los que manejan el negocio. El capo es el que se aprovecha de la situación, el que regala droga y promueve los disturbios. Con eso mantienen su negocio”.

La Corte Constitucional prohíbe conducir a los habitantes de calle a un centro de rehabilitación sin su consentimiento y aunque se planea pedirle que revise la decisión para dotar a las autoridades de herramientas que permitan intervenir en casos como los que vive hoy Bogotá, parece difícil, ya que es una jurisprudencia que protege los derechos fundamentales de esa población. Por ahora, se mantiene abierta la pregunta: ¿Qué debe hacer el Distrito con los habitantes de calle? La ciudad sigue esperando la respuesta.