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Dicen que se los llevó la corriente. Que por las lluvias aumentó el caudal y se inundaron sus refugios, los caños. El último habitante de calle que desapareció lo reportaron hace dos días. Los Bomberos de Bogotá continúan las labores de búsqueda, pero les ha sido muy difícil por los continuos aguaceros. Si lo encuentran, sería la séptima víctima del invierno en lo corrido de este año.
La situación ha preocupado a organizaciones sociales y a líderes de esta población. Los riesgos aumentan con la temporada de lluvias. El Distrito dice que es su decisión permanecer en los caños, pero contradictores aseguran que no ha sido una determinación precisamente voluntaria y que hay otros factores que los obligan a escoger estos sitios para pasar la noche.
María del Pilar Suárez, investigadora independiente sobre temas de habitantes de calle, cree que el asunto es bastante complejo, pues debe hacerse una revisión de lo que está pasando en el centro y las tensiones entre esta población y la policía. Vecinos del Voto Nacional, dice, han denunciado abusos de la autoridad en contra de los habitantes de calle, lo que ha hecho que se desplacen a los canales.
Por otro lado, Suárez explica que también están ahí porque es una orden de sus jíbaros. “Hacen parte de unas estructuras que obligatoriamente deben respetar. Quienes expenden buscan lugares donde mantenerlos concentrados para continuar con sus redes de microtráfico. Por eso decir que no es su voluntad es un argumento que no se conduele de su realidad”, señala.
Alberto López de Mesa, quien fue habitante de calle y hoy es líder de esta población, agrega que, aunque han cambiado las estrategias después de la toma del Bronx (pues ahora la venta de droga es itinerante), persisten unos focos para su consumo y distribución. “Hoy hay varios puntos que se pueden identificar, como el caño de la Sexta y las calles detrás del hospital San José”.
Otro factor que los obliga a dormir en los caños es, según López de Mesa, la falta de espacio en los refugios: “No hay cama para tanta gente y la cobertura no es suficiente”. Con esto quiere decir que la ayuda aún es deficiente para la cantidad de personas que la necesitan. De hecho, resalta que quienes están en los refugios deben abandonarlos cada cinco meses para permitirles a otros entrar. “Para ellos funciona porque aumenta los índices en atención, pero esa es una pésima estrategia, porque ninguno de estos casos será exitoso si no hay seguimiento, si no se les ofrece un trabajo afín a sus talentos y sin acompañamiento familiar”.
Tanto Suárez como López de Mesa consideran necesario investigar en profundidad la situación de esta población. Piden que se realice un censo y un estudio juicioso sobre los comportamientos de los habitantes de calle, sus preferencias, sus recorridos, pues después de que las autoridades entraron al Bronx las dinámicas cambiaron.
Sí hay espacio
Miriam Cantor, subdirectora para la adultez de la Secretaría de Integración Social, añade que otro de los motivos por los que ellos permanecen en estos lugares son espacios que están alejados de zonas residenciales y, usualmente, están llenos de materiales que depositan los ciudadanos y que utilizan los habitantes de calle para reciclaje o para construir sus cambuches.
Cantor desmiente que no haya espacio en los albergues y sustenta su afirmación en que, incluso, ahora cuenta con cuatro centros de atención más: “Lo que pasa es que es una población difícil porque ellos solo piensan en el día, lo que se les va a proveer en las próximas horas”.
La relación, según la funcionaria, es buena y explica que tienen múltiples programas de acuerdo con las necesidades de cada persona. Agrega que muchas veces hay quejas, pero en su mayoría están infundadas: “Nos dicen que los molestamos mucho en los refugios y cuando indagamos, nos damos cuenta de que no cumplen con normas mínimas de convivencia. Se escudan en eso para seguir en la calle, porque la ciudadanía les favorece. Por ejemplo, cuando le dan limosnas o cuando compran partes de vehículos robados”.
Ella lo llama “instrumentalización del habitante de calle”. Eso quiere decir que utilizan a estas personas vulnerables para distintos fines, como el comercio, es decir, les dan monedas o tintos para que barran o suban las rejas de los locales.
Desde que ocurrió la toma del Bronx, son varios los que han manifestado su descontento de plan de contingencia con esta población. Pero, según Cantor, los han atendido y hoy tienen espacio en los refugios. Para la subdirectora, el verdadero problema, que a veces los ciudadanos no quieren reconocer, es que ahora son más visibles y eso les molesta. “Ya no están concentrados en el Bronx. No es cierto que estén regados por toda la ciudad, como dicen. Nosotros sabemos cómo actúan, porque tenemos georreferenciación y permanecen en los mismos lugares, porque usualmente tienen apegos a ciertas zonas”.
Reconoce que aún faltan datos actuales, pues el último censo se hizo en 2011 y están a la espera de que el DANE realice el otro informe. La administración insiste en que esta población es su prioridad y resalta que este año aumentó el presupuesto para su atención en 62 %, pues pasó de $43.747 millones a $70.700 millones.
En estas últimas dos semanas han adelantado 22 jornadas diarias en los 11 caños más frecuentados por esta población para convencerlos de estar en lugares seguros. En promedio, nueve personas aceptan el traslado a los refugios, según la entidad. Sin embargo, insiste en que no pueden obligarlos a aceptar esta ayuda por mandato de la Corte Constitucional. En 2016 fueron atendidas 12.267 personas, 2.835 de ellas tras las intervenciones realizadas en el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y la calle Sexta con NQS.