Habitantes desalojados de Monserrate armaron plantón en la Plaza de Bolívar

Unas 40 personas que, hasta el viernes pasado vivían en la colina al pie del cerro de Monserrate, se reunieron para pedirle al Distrito reubicación. A ellos se unieron representantes de la Mesa de Víctimas.

/Jonathan Ramos - El Espectador

Tras el operativo que adelantaron la Policía y la alcaldía local de Santa Fe el pasado viernes, en el que desalojaron a casi 100 familias que vivían de manera ilegal en la colina del cerro de Monserrate, los invasores se desperdigaron por la ciudad. Tomás Fontalvo, vocero de las víctimas del conflicto que residían en la zona, cuenta que durante el fin de semana algunos se asentaron en nuevos cambuches en inmediaciones a la avenida Circunvalar, mientras que otros consiguieron hospedaje en localidades como Suba y Engativá.

A pesar de que todos sabían del desaolojo, aún muchos se muestran inconformes por la manera cómo procedieron las autoridades. Para expresar ese malestar, este lunes, desde las 10:00 de la mañana hasta finales de la tarde, al menos 40 personas de las 250 que vivían de manera ilegal en esa colina se plantaron en la Plaza de Bolívar para pedirle al Distrito vivienda y rechazar la forma cómo la Policía llevó a cabo la operación.  

Aunque la administración ha señalado que diferentes entidades distritales les ofrecieron ayudas y alternativas a los habitantes para que desalojaran de manera pacífica, para Fontalvo lo que les ofrecían era poco. Según el líder, ningún habitante de la zona estaba dispuesto a cambiar el asentamiento por utensilios para la cocina, colchonetas y kits escolares. Por eso se quedaron hasta el último día, cuando llegó la Policía a sacarlos a la fuerza y destruyó sus ranchos.

La violencia del procedimiento es otra cosa que cuestionan los desalojados. Según su vocero, la orden expedida por el Tribunal Superior de Bogotá hacía recomendaciones que, en su concepto, las autoridades no atendieron. “Fue un desalojo violento. Hay gente con la cabeza rota y las costillas lesionadas. Además, se efectuó cuando estaba lloviendo y eso no estaba permitido”, señala Fontalvo.

Por otro lado, sostiene que ningún abogado de la Defensoría del Pueblo estuvo presente, ya que la alcaldía local de Santa Fe no le notificó el operativo a la entidad. Y que, contrario a lo que dice el Distrito, en la colina no vivían 36 familias víctimas de la violencia sino 82, que están inscritas en el Registro Único de Víctimas.  

Para completar el panorama, la comunidad reportó ante el CTI de la Fiscalía la desaparición del joven Diego José Tuirán, de 16 años. Según los vecinos de la zona, la última vez que lo vieron fue justo durante el operativo. Todo esto los llevó a protestar este lunes al frente del Palacio Liévano. Sin embargo, hasta el momento que abandonaron la Plaza de Bolívar nadie los escuchó.

La otra cara de la moneda es la que expone el Distrito. Para la entidad fue una intervención necesaria, para proteger la reserva forestal. Aseguran que allí encontraron exceso de basuras y que los canales de agua eran utilizados como vertimientos de aguas negras. Además, que la vegetación - unas cinco hectáreas- sufrió daños por la tala indiscriminada de 6.000 árboles. A esto se suma las denuncias de violencia y enfrentamiento territorial al interior de la ocupación ilegal.

A las personas desalojadas, se unieron representantes la Mesa de Víctimas Afrocolombiana e Indígena de todo el país. Una de las quejas es que nadie les ha cumplido con la promesa de entregarles proyectos productivos por $30 millones y la indemnización a causa del desplazamiento forzado, según lo acordado con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en mayo de 2014. 

Al terminar el plantón, los manifestantes retornaron a sus nuevos cambuches y a sus habitaciones arrendadas a la espera de que la administración les brinde una solución.

 

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