Habitantes desalojados del barrio Bilbao en Suba protestaron en Secretaría de Hábitat

Alrededor de 200 ciudadanos, que en abril pasado fueron expulsados del sector, reclamaron por falta de subsidios y opciones de vivienda. La protesta fue empañada por encapuchados que intimidaron y agredieron a funcionarios.

Archivo particular

Seis meses después de haber sido desalojados de predios del barrio Bilbao en la localidad de Suba, este viernes decenas de habitantes se tomaron la Secretaría de Hábitat de Bogotá. Su reclamo: aseguran que tras haberse quedado sin hogar por cuenta de un operativo que califican de “ilegal y arbitrario”, no han recibido del Distrito algún tipo de protección, subsidio u opción de vivienda. (En contexto: Las razones detrás del desalojo en Bilbao)

Fueron al menos 200 ciudadanos, que se declararon en condición de vulnerabilidad, los que se posaron sobre el edificio de la Carrera 13 con calle 52 para criticar por el “silencio” de las instituciones distritales ante su situación. Sin embargo, el espíritu de la protesta se desvirtuó cuando –denunció la administración– un grupo de encapuchados “intimidó y agredió a varios funcionarios”.

En una petición elevada ante el recién posesionado secretario de Hábitat, Guillermo Herrera Castaño, los habitantes reclamaron que –pese a que han estado abiertos al diálogo– no han encontrado un canal para transmitir sus peticiones y no han obtenido respuesta a sus quejas. “Situación que se evidencia en la audiencia pública realizada el pasado 29 de septiembre a la cual ninguna entidad que estaba citada llegó, una de ellas la Secretaria Distrital de Hábitat”.

En el documento, los vecinos piden que se dé respuesta a sus interrogantes sobre los motivos del desalojo y sus resultados. También, se eleva un llamado para que la comunidad de Esperanza Villas del Río acceda a programas de vivienda de interés prioritario o de interés social, así como créditos hipotecarios con formas solidarias de pago y financiación.

Los habitantes piden no ser estigmatizados y abogan por un escenario de diálogo “entre líderes de la comunidad, veedores ciudadanos y funcionarios públicos de alto nivel” para tratar la problemática. “Reiteramos nuestra posición de conformar un espacio para el diálogo que permita juntar esfuerzos para reestablecer los derechos que fueron vulnerados y con ello, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las familias que fueron desalojadas”, aseguraron los ciudadanos desalojados.

A su turno, la Secretaría de Hábitat lamentó la toma de su sede y señaló que conserva una posición de diálogo con las comunidades. Sin embargo, criticó las actuaciones del grupo de encapuchados y advirtió que “no tolerará acciones de hecho, que como en este caso, se acompañaron de agresiones a nuestros funcionarios, contratistas e instalaciones”.

“Desde que se produjo esta acción de hecho, carente de fundamento, solicitamos el acompañamiento de la Personería Distrital para pedir a los ocupantes el retiro pacifico de la sede de la Secretaría. Ante su negativa fue necesaria la intervención de las autoridades respectivas”; manifestó la entidad.

El pasado 24 de abril, en el barrio Bilbao, se cumplió con el desalojo de 1.130 personas que vivían en 398 unidades habitacionales en cercanías del río Bogotá. A pesar de que los habían notificado para que se retiraran voluntariamente, la mayoría se resistieron a abandonar sus cambuches. Una vez se inició la intervención de la Fuerza Pública, un grupo de habitantes se enfrentaron al Escuadrón Antidisturbios de la Policía.

En medio de esta confrontación se produjo un voraz incendio, que consumió más de 100 viviendas y dejó un saldo de 19 personas valoradas por los cuerpos de emergencia y dos trasladados al Hospital de Suba. Se necesitaron seis máquinas extintoras y 46 bomberos para controlar las llamas.

Varias circunstancias llevaron al Distrito a proceder en la recuperación de terrenos en el barrio Bilbao. Según informó la Secretaría de Gobierno, en la zona había un grave problema de microtráfico e inseguridad.

Según cifras de la Alcaldía, en la ciudad hay más de 21.000 ocupaciones ilegales repartidas en 12 localidades, siendo Ciudad Bolívar la más afectada por este fenómeno (con 7.520), seguida por Rafael Uribe Uribe (2.691), Bosa (2.352), Usme (2.202) y Usaquén (1.736). Villas del Río, como era conocida esta invasión en Suba, era la más grande del sector.