Hace 17 años, los atentados eran el pan de cada día en Bogotá

El jueves 17 de enero de 2019 en horas de la mañana, un carrobomba explotó en la Escuela de Cadetes General Santander. Un acontecimiento similar se presentó hace 17 años justo al frente de esa Escuela, dejando como víctimas mortales cuatro soldados y una menor de cinco años.

En la mañana de ayer, un carro bomba explotó en la Escuela General Santander. El saldo preliminar es de 21 muertos y más de 60 heridos. Mauricio Alvarado - El Espectador.

El 25 de enero de 2002 una bicicleta -bomba con cuatro kilos de explosivo estalló en el asadero y restaurante ‘Josefa’ en el barrio Fátima al sur de Bogotá. El hecho enlutó a cinco familias. Por esos días, la capital había sido blanco de amenazas por parte de las exintas Farc y la ciudad vivía un aire de indignación ante actos similares, como el que ocurrió tres días antes contra torres de energía en Usme y Ciudad Bolívar.

Días atrás, el domingo 20 de enero de 2002, el mismo grupo hizo un atentado explosivo contra el sistema Chingaza, la fuente de agua que abastecía al 70 % de la población de Bogotá y 15 municipios de Cundinamarca. Ese fue el punto de quiebre de un problema que afectaría el presupuesto distrital por un valor de $10.000. Una grieta de tan solo siete centímetros hizo perder 864 metros cúbicos por día durante un mes y medio, afectando el cuerpo de la válvula de la represa Golillas. La preocupación mayor de la grieta es que pudiera desencadenar una tragedia mayor, ya que la represa conectaba directamente hacia Villavicencio y ante una posible ruptura afectaría directamente a la capital del Meta.

Ante el suceso y mientras se encontraba una solución, el entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus evitó la publicación de lo ocurrido en la represa, ya que según él, se debía evaluar los daños y tomar medidas de seguridad para evitar un pánico general en la ciudadanía. Los colombianos se enteraron dos días después. Cabe aclarar, que la tragedia fue un atentado contra los derechos humanos internacionales ante la posible escasez de los recursos hídricos, que afectaría a millones de colombianos.

El daño le cobró un alto precio a la administración de Mockus ya que parte de su presupuesto que iba a ser destinado a la rehabilitación de redes en barrios marginales, se invirtió en el arreglo de la válvula de la represa Golillas valorada por $10.000 millones.

Un mes después, el 20 de febrero de 2002, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz hizo una jornada nacional de reflexión por los atentados que ya se habían presentado en la capital colombiana. Sin embargo, ese mismo día, después de tres años de negociaciones con las Farc, el gobierno de Pastrana da como terminado el proceso de paz ante el secuestro del exsenador liberal Jorge Eduardo Géchem efectuado por las Farc.

El senador Géchem fue secuestrado mientras se trasladaba en un avión comercial que cubría la ruta Neiva-Bogotá. Fue interceptado por cuatro guerrilleros en pleno vuelo que luego aterrizaría en una carretera cerca a El Hobo, Huila. El funcionario permaneció seis años en cautiverio y fue liberado el 28 de febrero de 2008.

El gobierno Pastrana, ante el secuestro del exsenador, emitió un comunicado mostrando su indignación ante el hecho que durante los últimos 30 días vulneró los derechos humanos internacionales; con 117 atentados: cuatro carros bombas; cinco ataques a instalaciones; siete campos minados; el homicidio de 20 civiles; la voladura de 33 torres de energía; dos tramos de oleoductos; tres puentes y varios actos de barbarie dio como terminado un proceso que le estaba costando al país.

Eran años oscuros en la ciudad. De acuerdo con la firma Raddar y la Corporación Bienestar, para 2016 el conflicto le costó al país $2724 billones desde el año 1964 en gastos militares, destrucción de la infraestructura y destinación ineficiente en recursos. El 4.2% del Producto Interno Bruto era afectado durante los últimos años anteriores del atentado a la represa a causa de la guerra, es decir $17,2 billones.

Frente a este amargura que se apoderó del país, las miradas internacionales y particularmente la de Estados Unidos, tuvo más elementos de juicio para calificar de terroristas a los integrantes de las Farc. Los miembros de la organización insurgente culparon al Gobierno de Pastrana por la finalización del proceso de paz, en un cuminucado emitido la noche del secuestro, la agencia de noticias de las Farc, Anncol, justificó que “el bipartidismo liberal y conservador se unió en una parafernalia sin precedentes en la historia de Colombia para pedir más sangre a las fuerzas armadas”.

Todos estos acontecimientos se vivieron en menos de un mes, generando en el pueblo colombiano una incertidumbre que la tercera semana de enero se revivió en la memoria de muchos colombianos frente a la explosión de un carrobomba en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. La guerra le ha facturado un alto precio al pueblo colombiano, teniendo mayor efectación las víctimas de la guerra, que durante los últimos dos añoshan vivido un aire de tranquilidad.

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Diego Santamaría / [email protected]

Bogotá

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