El contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, denunció irregularidades en la ejecución del contrato de clausura del Mundial Sub 20 a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
El funcionario dijo que luego de haberse realizado una auditoría se encontró que del contrato, por un valor de $4.700 millones, hay un detrimento patrimonial de $1.900 millones que el IDRD no ha podido justificar.
"Hay un contrato de alimentación por un día y la persona contratada lo da por 20 días y no por uno como debería ser. Al productor ejecutivo se le pagaron $26 millones por 40 días que tenía que dar la organización y por esa plata uno pensaría que si él tenía que hacer un viaje se pagaba con eso, sin embargo, el IDRD asume los viajes a Barranquilla", explicó Solano.
El contralor dijo que el IDRD no tiene por qué asumir esos gastos. Además señalo que el Instituto también pagó gastos de retrasos y de cambio de tiquete por valor de seis millones de pesos.
"Llama la atención cómo se contrata a una persona identificada como Jorge González Vásquez. El señor vive en una finca lejana, es un campesino que fue contratado para que hiciera que no lloviera. Para esto le pagaron cuatro millones de pesos".
El objeto de dicho contrato no dice para qué es, pero cuando funcionarios de la Contraloría hablaron con el señor mencionado eso fue lo que les dijo.
Así mismo, se contrató al Teatro Nacional y se les pagó a las empresas de esa organización cultural $140 millones para la curaduría artística.
"No se entiende por qué se la paga esto a la Fundación Iberoamericana. Se adicionan $300 millones y no se explica por qué se adicionó esa cantidad al contrato. Se les paga administración y todos los impuestos de retención e Iva. Además que se le está pagando por la administración se les da otros $323 millones para la clausura", indicó Solano.
Solano señaló que las penalidades en los aeropuertos fueron por $700 mil, "a esto se agrega 440 millones que salen del Comité Olímpico sin ninguna justificación. Un contrato por $1.500 millones, de los cuales 400 millones no se sabe para qué".
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la exdirectora del IDRD, Ana Camacho.