Dice Humberto Sierra Porto, abogado del alcalde Enrique Peñalosa

Hay que buscar un equilibrio en el trámite de la revocatoria

La revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa abre un debate que a la fecha nadie había dado alrededor de una pregunta: ¿Se debe regular para garantizar la gobernabilidad o dejarla como está, para que el pueblo se exprese?

El magistrado Humberto Sierra Porto alterna su labor como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la defensa del alcalde Enrique Peñalosa. / Cristian Garavito

El exmagistrado Humberto Sierra Porto, respaldado por sus pergaminos como jurista, no tuvo reparos en guardar la toga que viste como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para litigar a favor del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y tratar de salvarlo del proceso de revocatoria. Dice que no lo hace como favor personal o porque le vayan a pagar millones (es más, dice que lo está haciendo gratis). Según él, lo hace como un ejercicio por la democracia y la estabilidad de la gobernabilidad en el país, y por abrir un debate que debió darse en 1991, cuando se creó este mecanismo. (LEA:El dilema del Consejo Nacional Electoral: reformar la revocatoria)

Para él, como está diseñado el trámite, no cumple su fin. Insiste en que lo están usando como revancha política. Por eso, a la par que pide la nulidad de los procesos en contra de Peñalosa, también busca una reforma que brinde equilibrio. “Si queremos que la democracia funcione y gobierne la persona por la que votamos, debemos pensar de manera general cómo resolver este entuerto. El problema va más allá del alcalde de Bogotá. Es de institucionalidad y de estabilidad, porque ahora se habla de la revocatoria, pero el lío es la forma como se usan los mecanismos de participación ciudadana. Debemos de hacerlo más racional y menos emocional”. (LEA:El salvavidas a Peñalosa frente al proceso de revocatoria)

¿Cuál es la crítica a la figura de la revocatoria?

Varias. Por ejemplo, para la Registraduría, crear un comité de revocatoria es un acto de trámite y no notifican al alcalde, negándole la posibilidad de defenderse. Creemos que este proceso, que afecta al mandatario y a sus electores, debería brindar esa oportunidad. A esto se suman las causales por las que se puede solicitar el proceso. La Constitución habla de dos: que el alcalde incumpla sus plan de gobierno y el descontento de la gente. No obstante, no hay un análisis sobre la veracidad de los motivos. Esto sin contar que hoy en Bogotá 500.000 personas pueden revocar a un alcalde elegido por casi 900.000. Eso no tiene sentido. (LEA:Enrique Peñalosa enfila baterías para frenar la revocatoria)

Justo el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca ajustar el mecanismo exigiendo pruebas a los promotores de cada argumento ¿Qué piensa?

Todo el mundo le está cayendo al CNE, cuando por primera vez está haciendo algo. Lo que busca es ver cómo crea una regulación, que consideramos necesaria. (LEA:¿En manos de quiénes están los procesos de revocatoria?)

Los promotores de la revocatoria sienten que les quieren vulnerar su derecho...

Ellos tienen la legítima sensación de que alguien quiere frustrar su propósito de revocar al alcalde Peñalosa. Pero lo cierto es que este mecanismo se debe equilibrar, de modo que garantice su existencia, pero que brinde garantías para que los alcaldes puedan dar resultados. Ese equilibro no existe. El país nunca discutió esa reglamentación y ahora se ven los problemas. (LEA:Comité que promueve revocatoria de Peñalosa hará primera entrega de firmas)

¿Qué caminos tiene el CNE?

Veo tres. Uno es que analice y regule el mecanismo, como pretende con el proyecto de resolución, para exigir requisitos mínimos de verificación y que se tenga que notificar al afectado. Otro es revisar caso por caso, para convalidar algunos procesos y ordenar la corrección de otros, salvando lo que está en marcha. El último es no hacer nada y evitar quedar en medio de esta pelea, que es el camino que posiblemente tomará, sin prestarle atención a la discusión general de cómo funciona el país. (LEA:“Respeto la revocatoria, siempre y cuando se haga bien”: alcalde Enrique Peñalosa)

Para promover una revocatoria se habla de incumplimiento del plan de gobierno, pero ¿son propuestas de campaña o el plan de desarrollo?

Eso no está claro y se debe precisar.

El CNE busca que los promotores prueben que un alcalde incumplió un plan de gobierno, para el que tiene hasta el último día de gobierno. ¿Eso no es quitarle sentido al mecanismo?

No es fácil. El problema está desde que se creó la figura de la revocatoria y especialmente cuando se concibe que una causal puede ser un tema etéreo. Pero tampoco puede ser causal de incumplimiento que un alcalde haga cosas que no están en su plan de gobierno. La idea no es que se desconozca el mecanismo, pero sí que tenga una verificación mínima, un equilibrio.

¿Entonces las promesas deben tener un plazo para poder decir que las incumplió?

La pregunta es ¿qué es desconocimiento del programa?, porque tampoco está claro.

Más allá de las firmas, ¿cómo probar la inconformidad de la gente?

Es una pregunta válida, pero recuerde que la Corte Constitucional dice que no se puede usar la revocatoria con motivos fútiles. Entonces ¿qué hacemos? Por eso proponemos que el argumento para promoverla contenga las dos causales, que sea un incumplimiento que genere descontento, pero todo a la luz del programa de gobierno. Tiene que ser por algo que prometió y no cumplió.

Pero ¿los promotores insisten en que Peñalosa sí ha incumplido el plan de gobierno?

Para impulsar su revocatoria hablaron del metro elevado; que prometió 31 centros de atención y que el secretario dijo que iban a hacer 30; que la intervención del Bronx generó descontento, porque no se hizo de la forma adecuada; hablan del proyecto de la reserva Van der Hammen y la privatización de la ETB, asuntos que ni siquiera estaban en el plan. Entonces, nada obedece al desconocimiento del programa de gobierno. ¿Cuál es el punto? ¿Desconocer el programa es hacer cosas que no estaban en él? Eso es absurdo.

¿Cuándo se debería promover una revocatoria?

Aunque se radica un año después de la posesión de un alcalde, realmente ese no es momento para hablar de incumplimiento de su plan de gobierno, pues su plan de desarrollo lleva apenas días en vigencia. La situación no es fácil. Como está hoy, la revocatoria se puede radicar sin importar si un alcalde cumple o no.

Si la figura está desde 1991 y no ha sido exitosa, ¿por qué apenas se expone esta preocupación?

Porque en este país las cosas no funcionan como debería. Antes el trámite era más difícil y se modificó para hacerlo más fácil. Sin embargo, ni el Congreso ni la Corte Constitucional dieron una discusión juiciosa. Nadie dijo nada, nadie le prestó atención a este asunto hasta ahora, que nos estamos dando cuenta de las consecuencias.

Pero parece que la preocupación fuera sólo por el caso Peñalosa

Es que es el alcalde de la ciudad más grande y sirve de ejemplo para hacer una reflexión general. Sin embargo, la discusión va más allá, es sobre el diseño institucional de la revocatoria. El asunto es que tenemos una cultura democrática pobre, en la que existe poca tolerancia a la alternancia en el poder y ahí es donde se usa una herramienta, valida desde lo legal, pero de manera oportunista, en beneficio de algunos con intereses políticos. Si no se ajusta, esta situación no le conviene a nadie.

¿Cómo llegar a ese equilibrio, en el que se garanticen el derecho de los ciudadanos y la gobernabilidad?

Lo claro es que ese equilibrio no se logra permitiendo que cinco días después de que entre en vigencia un plan de desarrollo, alguien salga a decir que se está incumpliendo; no se va a lograr permitiendo que 500.000 personas puedan desconocer la elección de 900.000; no se va a lograr diciendo que no me gusta el alcalde porque es gomelo, alto y de cabello blanco, y mucho menos si no existe un control mínimo sobre las causales para promover una revocatoria. De ahí la importancia de ajustar la norma.

¿A quién le corresponde esta modificación?

El Congreso o la autoridad electoral.

Los promotores desconfían del CNE, porque hay magistrados con familiares que trabajaron con Peñalosa.

Pero en este organismo hay gente de todos los partidos. Todos tienen una filiación. Entonces ¿por esto deslegitimamos el tema? Si hay una institución, hay que respetarla. Ellos sí tienen la potestad de revisar y ajustar el mecanismo.

Si se aprueba la reforma en el CNE, ¿desde cuándo se debe aplicar?

Las normas tienen el efecto que ellas digan. Puede entrar en vigencia para casos anteriores (retroactiva), para los que están en curso (retrospectiva) o en el futuro. Pero esta reglamentación debe servir para solucionar el problema actual y no dejarla para resolverla en el futuro.

¿El CNE la tiene difícil?

Hoy la idea general es que estos señores quieren cambiar las reglas de juego para favorecer al Peñalosa, pero recuerde que ellos están estrenando la condición de magistrados y esta discusión nacional es su prueba de fuego. Ellos podrían cumplir su papel como autoridad electoral y asumir la responsabilidad de definir cómo debe funcionar el sistema electoral o, sencillamente, podrían dejar el asunto así, sin ser protagonistas, dejando que otros decidan por ellos.

Si el CNE no defina este asunto, ¿qué pasa?

Nos tendríamos que ir ante los jueces para que diriman el problema.

Sea cual sea la decisión, todo apunta a que este pleito terminará en los tribunales.

Siempre que la autoridad competente no decida lo que tiene que decidir, el caso llegará ante los jueces. Este desorden seguro les traerá frustración o a los promotores de la revocatoria o a quienes apoyan el gobierno, y todo por causa del diseño equivocado.

Si la discusión se alarga, los alcaldes ganarán tiempo para seguir gobernando.

Puede ser, pero habrá caos, inestabilidad y desorden para los alcaldes. Eso no le conviene a nadie. Los únicos favorecidos son los partidos de oposición, que saldrán en la prensa atacando, así como los promotores, que seguro serán candidatos al Congreso.

Si llega a tribunales, fácilmente el alcalde Peñalosa podrá terminar su mandato.

A menos que haya medida cautelar, que suspendan las revocatorias, el trámite seguirá su curso. Lo cierto es que, más allá del caso Peñalosa, esta es la oportunidad de abrir un debate clave para el país. Eso ya es ganancia.

¿Por qué defiende al alcalde Peñalosa?

Porque como colombianos debemos tener una posición clara sobre el sistema democrático que queremos. Lo hice para llamar la atención sobre las consecuencias del actual diseño del mecanismo. Si permitimos que permanezca un sistema que promueve una inestabilidad sin exigir argumentación seria, seguiremos con una figura que se promueve por emociones y eso es preocupante.Una revocatoria que plantee alternativas

Para el abogado Humberto Sierra Porto, además de los problemas alrededor de la revocatoria, otro de los ajustes debería ser que los promotores, más allá de pedir la salida de un alcalde, presenten una alternativa. “Podría ocurrir que se mantenga la posición de la Registraduría de autorizar procesos sin hacer ningún análisis o, como lo proponemos nosotros, que se pruebe un incumplimiento que derive en la insatisfacción generalizada. Además planteamos que los promotores también planteen una alternativa. Es decir, que indiquen que el alcalde revocado lo reemplace un Petro, un Robledo, un Hollman Morris. Seguro, así existan muchos en contra de un gobernante, muchos no estarán de acuerdo con la alternativa”, expresó Sierra Porto.

Petro y Peñalosa enfrentaron de manera diferente la revocatoria

Al igual que el alcalde Enrique Peñalosa, el exalcalde Gustavo Petro tuvo que enfrentar un proceso de revocatoria, que no llegó a las urnas. Sin embargo, al analizar la estrategia de Petro y la que ahora emplea Peñalosa, hay notorias diferencias, según lo indica el abogado Humberto Sierra Porto.

“Petro, inteligentemente, siempre dijo en público que estaba a favor de la revocatoria, porque supuestamente le servía para refrendar sus ideas. Y la apoyó en público, pero la estrategia para frenarla estuvo en cabeza de sus seguidores, que la torpedearon y la dilataron a punta de recursos legales, para que no llegara a las urnas”.

Por su parte, Peñalosa decidió apostarle directamente por la vía legal. “Cuando se enteró, me expresó su inconformidad y me dijo que lo único que quería era que lo dejaran gobernar. Sin embargo, para hacerlo, quería que buscáramos una solución integral a este asunto y es lo que estamos haciendo”.

“Por eso, Peñalosa es quien queda ante la opinión como alguien que quiere impedir que la ciudadanía se exprese. Y si a eso se le suma su fama de autoritario y elitista, es la tormenta perfecta para mostrarlo como el enemigo de las libertades. Esa es la diferencia entre ambos procesos. Cada quien hace sus lecturas. Son estrategias y son legítimas”, concluyó Sierra Porto.