Obras del nuevo hospital Santa Clara, en marcha

Hospital San Juan de Dios: el debate entre reforzar o demoler

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Sobre la renovación del complejo hospitalario cayó un manto de duda, que posaron quienes adelantaron los estudios para reactivarlo. A pesar del inconformismo por la demolición, hay un millonario contrato en marcha que será difícil de revocar.

La intervención del hospital San Juan de Dios (SJD), como la mayoría de obras importantes en Bogotá, lleva años en discusión y cada gobierno (nacional y distrital) le ha imprimido su sello. El debate sobre los planes para el lugar revivió en plena emergencia sanitaria por el COVID-19, debido a la firma del contrato que pone en marcha la construcción del hospital Santa Clara, sobre el predio donde queda el mítico edificio central. Aunque la discusión hoy se concentra entre demoler o reforzar la vieja estructura, lo cierto es que esta se suma a un debate que lleva más de una década y que plantea cómo preparar el SJD para que vuelva a tener el protagonismo que tuvo en el siglo XX.

La contratación de las obras por $506.652 millones supondría un punto final a la discusión, que inició en 2007 con los primeros estudios y se profundizó entre 2013 y 2015, cuando la Universidad Nacional presentó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que contiene el programa para restaurar y reabrir el SJD. Pero como detrás de la intervención hay un intenso choque político, sin duda, la controversia quedará en puntos suspensivos, pues quienes no están de acuerdo con la decisión de demoler y construir seguirán con lupa el proyecto.

Para comenzar, el choque político se explica así: los estudios para recuperar el complejo hospitalario los contrató el exalcalde Gustavo Petro, con apoyo del expresidente Juan Manuel Santos. Como en su administración no se alcanzó a aprobar el PEMP (documento clave para avanzar) y la validación se hizo en 2016, la iniciativa quedó en manos del exalcalde Enrique Peñalosa. La pelea explotó cuando los responsables del estudio dijeron que, en la transición y con la bendición del gobierno Santos, se hicieron cambios e incluyeron trabajos que no sugirió el plan, como la demolición del edificio central.

Para cerrar el ciclo, la administración de Claudia López avaló los documentos de Peñalosa y continuó con su proyecto. La decisión generó la reacción de Petro, quien en respuesta declaró a su movimiento Colombia Humana en oposición y ya no en independencia frente al gobierno López. Además, anunció acciones penales contra la alcaldesa.

El choque entre administraciones se completa con una maraña de al menos quince normas que contienen la hoja de ruta para poner en marcha la restauración del hospital. Claves: la Ley 735 de 2002, que declaró el SJD como Monumento Nacional, por prestar servicios desde inicios del siglo pasado y, si se quiere, desde la época de la Colonia, a la que está atada la historia del hospital; la Resolución 995 de 2016 del Ministerio de Cultura, que aprobó el PEMP para el complejo de 24 edificaciones, y otras tres resoluciones que la aclararon o modificaron (ver balcón). En esas cuatro está el aval a la demolición.

Importancia del valor patrimonial

Los cercanos a la formulación del PEMP y, en general, los que promueven la conservación del SJD, creen que es miope limitar el tema a lo político. Por eso llaman a completar la discusión con consideraciones patrimoniales, arquitectónicas, médicas e, incluso jurídicas, pues acudirán a los estrados para evitar el inicio de las obras sobre un predio declarado Bien de Interés Cultural Nacional. En ese sentido hay voces que consideran “regresiva” la visión de renovación de las administraciones López y Peñalosa, como la califica María Eugenia Martínez, supervisora del PEMP y hoy investigadora sobre centros históricos. En su visión, es un abismo demoler para construir, y más el SJD, que es “una pieza única, con más de cien años de historia, como para intervenirla desde el empirismo”.

Para Martínez, la más grave de las modificaciones al PEMP fue que hubo influencia para que la categoría de conservación del edificio central pasara de 2 a 3, decidiendo así la demolición. “Las edificaciones se pueden restaurar, reforzar o reciclar. Así lo planteó un equipo calificado, a través de un trabajo riguroso y detallado, que costó más de $1.600 millones y que se está ignorando. Se perderán esfuerzos por cumplir la ley, que no dice hacer un nuevo hospital, pero al final acá respetan más un contrato que la ley”.

En el mismo sentido opina Juanita Barbosa, coordinadora académica de la Maestría en Conservación del Patrimonio de la U. Nacional, departamento encargado de los estudios. “El fin del debate debe ser si vale la pena salvarlo. Para la Nacional sí. Si no, no se hubiera hecho tal esfuerzo”, resume la académica.

Para Barbosa, es inexplicable que se haya invertido dinero, tiempo y capital humano en un PEMP que las mismas instituciones que lo ordenaron luego “decidieron modificarlo, para hacer lo contrario”. Pone como ejemplo un estudio que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) le encargó a la Universidad de los Andes. “Lo manipularon. El estudio dio tres alternativas, pero dijeron que, según Los Andes, tocaba demoler, y no era así”. Se entregó en octubre de 2016 y da la opción de demoler y reconstruir, por un valor de $10.855 millones y otras dos opciones de reforzamiento: una de $14.700 millones y la otra de $10.020 millones.

Hay otros argumentos basados en el valor patrimonial inmaterial del SJD, que vio pasar por sus aulas a miles de médicos . Uno de ellos fue Jaime Urrego, hoy Ph. D. en Salud Pública, quien alega que la estructura es importante al ser una variante única al modelo hospitalario norteamericano, que a su vez actualizó la visión europea. “Son edificios con mucha historia y el patrimonio no se recupera con un edificio nuevo. Allí está la cuna de la medicina del país y eliminar el referente físico es acabar el patrimonio inmaterial. El SJD hay que ponerlo de nuevo a investigar, formar y atender población vulnerable”. Urrego destaca la potencial capacidad hospitalaria que se perdería con la renovación. “En mi época tenía 900 camas y cuando lo cerraron tenía 520. Van a entregar 312 camas en una ciudad con 1,8 camas por mil habitantes, cuando debería tener cuatro o cinco camas por mil habitantes”.

Todas estas opiniones se tradujeron en acciones jurídicas que emprendió el abogado Rodrigo Elías Negrete, quien trabaja con la concejal Susana Muhamad (Colombia Humana). Él interpuso una tutela, denuncias en Procuraduría y Contraloría, un incidente de desacato y una demanda de nulidad contra la resolución que aprobó el PEMP. “Hay acta de inicio, pero la idea es que un juez detenga esto, porque si bien hay deterioro, esto es cuestión de dignidad y es posible reforzarlo y no demolerlo”.

Incluso, el jurista tiene otra teoría sobre las obras: “Es un tema de negocios. Para el trazado del metro es necesaria una subestación eléctrica sobre la av. Caracas”. Otras acciones para revisar el proceso se toman desde el Concejo. La cabildante Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) pidió a los entes de control investigar si el proceso se está llevando acorde con la ley de contratación pública, pues ve fallas en la formulación de los estudios y diseños. “El PEMP es superior en términos legales, pero se hicieron modificaciones para hacer la intervención sin tomar en cuenta los conceptos académicos”. Bernal, además, critica la adjudicataria de las obras a la empresa española Copasa, debido a sus escándalos de corrupción en el mundo. Esta crítica la refuerza el concejal Carlos Carrillo (Polo), quien señala que “esa firma gana licitaciones mediante sobornos, y aunque acá no está probado, sabemos que así opera en la mayoría del mundo”. Según el cabildante, darles continuidad a las obras solo busca activar el “aplausómetro”. “No quieren adoptar las normas, solo buscan inaugurar un edificio nuevo. A la inmensa mayoría de la gente, si les ponen un edificio con arquitectura contemporánea, van a aplaudir al Distrito. Eso importa más que conservar el patrimonio”.

Hay que seguir adelante

Sin desconocer el valor histórico del SJD, hay otro grupo que pide seguir con la reconstrucción, para modernizar y reabrir pronto el complejo hospitalario. Como la mayoría de señalamientos recaen sobre la anterior administración, el exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, respondió a los cuestionamientos y explicó por qué, a su juicio, la torre central no cumple las exigencias actuales para ser un hospital de alta complejidad.

Lo primero es que la decisión de demoler la torre la tomó el Consejo Nacional de Patrimonio y no el Distrito. Y aunque asegura que esa entidad se basó en el estudio de la U. Nacional, un acta de dicho Consejo, de diciembre de 2015, reza que “el arquitecto Escovar Wilson-White (director de Patrimonio de Mincultura) comentó que en reunión con el entrante secretario de Salud (Morales), este opinó que el reforzamiento de la torre era muy costoso, motivo por el cual pidió que el nivel de conservación pasara de 2 a 3”.

Morales considera que la torre no es apta para reabrir, como se ha insinuado en varias ocasiones, porque no tiene la altura mínima entre piso y techo (4,20 metros), pues hoy tiene 3,10. “La mejor prueba es que a finales de 1990 se adquirió un equipo que requiere cualquier hospital de alta complejidad y debió ser instalado a casi una cuadra de distancia, ante la imposibilidad de hacerlo en la torre central”. Además, “en lo arquitectónico, el reforzamiento estructural exigido por norma antisísmica implicaba engrosar su estructura y desmontar (demoler) los muros interiores y fachadas, dejando solo el esqueleto, que haría desaparecer su valor patrimonial”. Para Morales, las modificaciones al PEMP, entre 2016 y 2019, “no tenían nada que ver con cambiar los niveles de conservación y la posibilidad de demolición que ya habían sido definidos en 2015”. Fueron para ajustar ampliaciones, conexiones y otros aspectos no incluidos en el PEMP.

La actual Secretaría de Salud valida la posición y también acude al PEMP y las resoluciones para defender la intervención, incluida la demolición. Según la entidad, “para la administración, es claro el objetivo de recuperar el complejo hospitalario y en conjunto con la ERU se trabaja en identificar los usos complementarios que pueden ser alojados en los otros edificios, atendiendo lo mandado legal y judicialmente”.

La gerente de la ERU, María Mercedes Jaramillo, asegura que intervenir y poner en marcha el SJD es clave para la revitalización urbana del centro. “Mantener trece hectáreas en un sitio neurálgico encerradas por más de veinte años ha sido nocivo para el entorno”. Para ella, la reapertura repotenciará el clúster de salud al tener muchos establecimientos en el sector. “Se lleva años hablando de Ciudad Salud como proyecto de renovación, pero abrir el complejo es entregarle a Bogotá un campo del cuidado”, concluye.

Tan fuerte es la corriente del proyecto que logró montar en un mismo barco a varios concejales de gobierno y oposición. Por poner ejemplos, Rolando González (Cambio Radical) dice que el proyecto es necesario para la ciudad y que la torre se debe renovar. “Aprobamos la obra y el dinero, ojalá en esta ocasión se pueda realizar”. Diego Laserna (Alianza Verde) se remite al PEMP y cree que entrar en un pleito jurídico es innecesario. “Demandar las obras es grave. Ni se construye el nuevo ni se arregla el actual. Si ese edificio no arranca, los otros 23 tampoco”.

Por último, Diana Diago (Centro Democrático) se planta en que hay una licitación adjudicada y las obras deben arrancar. “Ya está el acta de inicio y la ciudad debe ser responsable con sus actuaciones jurídicas. ¿Cuánto costaría dar reversa a un proyecto de esta magnitud? ¿Cómo decirle a un contratista que ya no se ejecutará el proyecto?”, cuestiona.

El nuevo capítulo de la disputa por el San Juan de Dios apenas arranca. A pesar del cruce de argumentos a favor y en contra de la demolición y construcción, la luz verde para iniciar las obras parece más fuerte y con un millonario contrato firmado será difícil de revertir.

¿Por qué es tan importante el San Juan de Dios?

El mito fundacional del San Juan de Dios es el traslado del primer hospital que tuvo Bogotá, el San Pedro, al área que hoy existe entre las carreras 10 y 8, y las calles 11 y 12. Desde sus inicios, tanto el San Pedro como el San Juan de Dios se consolidaron como de índole caritativo, debido a sus bases religiosas, que priorizaron la atención a población vulnerable.

Entre los siglos XVIII, XIX y XX, en medio de traslados y atención a guerras y epidemias, se convirtió en complejo hospitalario y un referente en salud e investigación científica. Se crearon las cátedras de química, bacteriología, psiquiatría, ortopedia, entre otras. El histórico Edificio Central fue construido entre 1948 y 1952, cambiando el modelo de pabellones y usando bloques compactos, siguiendo la arquitectura norteamericana.

Ahí inició la etapa de oro del San Juan de Dios: el número de camas pasó a 890, había modernas salas y bibliotecas en los pisos, y empezó a consolidarse la relación histórica entre la Universidad Nacional y el hospital, que terminó cuando quebró.

Las cuatro resoluciones clave sobre el PEMP del San Juan de Dios

El 29 de abril de 2016 el Ministerio de Cultura expidió la Resolución 995, con la que aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para el hospital. Esta incluye la torre central en nivel 3 de conservación (Contextual), en el que se plantean demoliciones, obras nuevas y otras remodelaciones estructurales. En el PEMP, el edificio quedó ubicado en el nivel 2 (Tipo Arquitectónico), que permite restauraciones y otras reparaciones.

En diciembre de 2017, el Ministerio emitió la Resolución 3626, en la que aclara temas prediales y los alcances a cinco inmuebles del complejo hospitalario. Con la Resolución 4033 de noviembre de 2018, el Mincultura modificó la normativa aprobatoria, en términos de los usos permitidos para los edificios del área a intervenir y la posibilidad de realizar conexiones aéreas y subterráneas.

En diciembre de 2019, con la Resolución 3917, se hizo una nueva aclaración a la resolución de 2016, sobre tratamientos urbanísticos, áreas de actividad y usos del suelo en la zona de influencia.

Las intervenciones que sugirió la Universidad de Los Andes

La U. de Los Andes dio tres alternativas de intervención al edificio central. La primera de reforzamiento “mediante rigidización con marcos y diagonales concéctricas de acero”, tenía un valor promedio de $880.000 por metro cuadrado.

La otra opción para reforzar la estructura, era con “rigidización con muros en concreto reforzado”. Esa intervención costaba $600.000 por metro cuadrado. La tercera alternativa planteaba la “demolición total de la estructura, disposición final de escombros, adecuación del terreno y construcción de una nueva estructura”. El precio de esa opción era variable, entre $600.000 y $700.000 por metro cuadrado.

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