Iliquidez en hospitales públicos y privados

Tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas en Colombia atraviesan en estos momentos por la que tal vez sea la peor crisis de iliquidez de la historia del actual sistema de salud.

Esta circunstancia ha conllevado de manera consecuente la afectación en la prestación de los servicios a los usuarios que demandan atención en esos centros asistenciales, pues las IPS están en francas dificultades para pagar los gastos de nómina, la contratación tercerizada, los servicios públicos, los parafiscales, las obligaciones con proveedores de medicamentos, los insumos y los equipos, y obviamente no están haciendo renovación tecnológica.

Son muchas las medidas con que se ha tratado de dar solución al problema del pago a los prestadores de servicios de salud en Colombia, y la conclusión siempre es que en este país hay mucha plata dispuesta y disponible para el sistema de salud (casi $21 billones anuales para los regímenes contributivo y subsidiado), pero esa plata no se dispersa oportuna o debidamente entre los diferentes actores del sector porque se estaciona injustificadamente en algunos eslabones de la cadena.

Si bien es cierto que en la última reforma sectorial, la Ley 1438 de 2011, se estableció el giro directo como el mecanismo para garantizar el flujo expedito de recursos a los prestadores, e incluso se complementó esta ley con el decreto 971 de 2011 y otras medidas reglamentarias, la verdad es que hoy, aún después de año y medio, el modelo del giro directo a IPS está en proceso de construcción y consolidación y todavía no arroja plenamente los frutos que se esperaba habrían de darse cuando el presidente Santos sancionó la reforma.

Mientras la cartera que no se les ha pagado a los hospitales públicos y a las clínicas privadas sigue aumentando, alcanzando ya cifras billonarias que generan gravísimas dificultades operativas para estos actores del sistema, se hace evidente de qué manera recursos del orden nacional, que fueron oportunamente girados a los entes territoriales para financiar el régimen subsidiado en municipios y distritos, se represaron sin justificación en las cuentas maestras de estos entes. Tales recursos, que rondan en cuantía los dos billones de pesos, nunca fueron transferidos desde esas cuentas a las EPS del régimen subsidiado que operan en estos entes y por ende, tampoco pudieron ser pagados por las EPS a los prestadores que atendieron a los pacientes afiliados a éstas.

Obviamente, ese tipo de irregularidades en el flujo de los recursos en algunos eslabones de la cadena genera iliquidez a quienes se constituyen en el último paso —pero tal vez el principal— del proceso de atención a los pacientes, es decir, las entidades hospitalarias. De acuerdo con el cronograma trazado por el Ministerio de Salud para dar cumplimiento al decreto 1080, expedido a finales de mayo del presente año, los entes territoriales tienen plazo hasta el próximo 25 de julio para girar directamente a los prestadores públicos y privados estos recursos represados en sus cuentas, con lo que se espera aliviar en algo la grave crisis financiera por la que atraviesan quienes atienden los pacientes.

 

Ulahy Beltrán López.

* Médico cirujano, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido directivo gremial hospitalario, docente universitario, consultor, conferencista internacional en temas de salud y seguridad social. Actualmente es Asesor de la Delegada Social de la Contraloría General de la República.