Imputan cargos a exfuncionarios de Contraloría de Bogotá

De acuerdo con la investigación, el contrato para la modernización de la entidad se adjudicó sin requisitos legales. Los acusados no aceptaron los cargos.

Archivo Particular

Los escándalos en torno a la Contraloría de Bogotá no tienen pausa. Ante la investigación que se adelanta en contra del contralor Juan Carlos Grandos, el organismo de control atravisa otro impase. Ahora, tres de sus exfuncionarios enfrentan un pleito judicial por presuntas irregularidades en contratación.

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Se trata de Guillermo Ernesto Tuta Alarcón, ex contralor auxiliar; Yolima Corredor Romero, directora de Sistemas, y  Blanca Cecilia Muñoz Castelblanco, directora financiera, quienes en una audiencia de control de garantías se les formularon cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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Según el fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, los funcionarios de la Contraloría habrían omitido parte del proceso legal de contratación al adjuicarle dos contratos a la misma empresa sin abrir una nueva licitación y saltábdose el proceso de contratación legal.

El contrato por el que los funcionarios son investigados data de 2005 cuando la Contraloría de Bogotá necesitaba modernizar la plataforma tecnológica y adquirir componentes de software y hardware, con el fin de tener una mayor agilidad en los procesos adelantados por el ente de contro a través de la aplicación "Control fiscal con la mano del ciudadano". 

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Según lo expuesto en la audiencia, en 2005 se realizó licitación por uno de los componentes que necesitaba el proceso de modernización de la aplicación llamado Sivicof. En dicho contrato solo existió un oferente: Sisa SAS. 

De acuerdo conlas investigaciones, ante la única oferta la Contraloría firmó el contrato en 2005 con la empresa mencionada. No obstante, a finales del mismo año, Sisas SAS envió una carta a la dirección financiera, para que se hiciera un nuevo contrato por el segundo componente de la modernización. La petición se le fue concedida y la empresa obtuvo el nuevo contrato.

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Aunque el Juzgado 39 Penal Municipal le imputó los cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a los tres exfuncionarios, éstos no fueron aceptados por los acusados. 

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-Redacción Bogotá - [email protected]

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