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Ningún proyecto en la historia de Bogotá ha pasado por tantos procesos y debates como el metro, de cuya construcción se habló por primera vez hace casi siete décadas. Luego de ser el “caballito de batalla” de varias administraciones distritales, que llegaron al Palacio Liévano con la promesa de hacer realidad la primera línea de la capital, la actual administración lo llevó al punto más avanzado con la apertura de la licitación para seleccionar al constructor de un metro elevado desde el Portal de Las Américas hasta la calle 72 con Av. Caracas. (LEA: Niegan apelación de demanda sobre vigencias futuras del metro de Bogotá)
Pese a ser el primer proyecto que llega hasta la etapa de licitación internacional, el Distrito ha tenido que sortear varias acciones judiciales por parte de quienes consideran que el metro subterráneo es la mejor opción para Bogotá. Ahora, además de esas movidas jurídicas, el proyecto también tendrá que enfrentar la lupa de los entes de control como la de la Contraloría, que este lunes reveló el informe final de una auditoría sobre el manejo administrativo, contractual y financiero de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) en la vigencia de 2018.
En el informe, de 180 páginas, la Contraloría consignó 29 hallazgos administrativos, 19 disciplinarios, tres penales (relacionados con posibles delitos relacionados con la contratación), y cuatro fiscales, que podrían configurar un detrimento por $1.000 millones, pues la evaluación se hizo a los principios de economía, eficiencia y eficacia con los que se administraron los recursos; los resultados de los planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la eficiencia del control fiscal interno, y la gestión financiera.
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Una de las alertas más graves del informe es la contratación pues, luego de revisar 26 contratos suscritos en el marco de la estructuración de la EMB, el ente de control evidenció que la empresa no tuvo mayor eficiencia y transparencia en los procedimientos. De acuerdo con el documento, la empresa distrital cuenta “con información lenta y poco confiable”.
La Contraloría destacó que, al revisar las carpetas donde reposan los documentos de varios contratos, elegidos al azar, se observó desorden en la numeración, ausencia de folios, documentos de 2019 que no aparecen y enmendaduras en otros. Además, resalta falencias en el control y seguimiento para cumplir con la publicación de documentos en el portal de contratación (Secop), así como deficiencias en la supervisión y control de los contratos analizados, que “presentaron hallazgos administrativos con presuntas incidencias disciplinarias, fiscales y penales”.
Esto quiere decir no solo que los encargados de la contratación incumplieron su deber como funcionarios, sino que las irregularidades fueron de tal proporción, que incluso es factible que se hubiesen cometido delitos, que le generarán pérdidas económicas a la ciudad.
Por otra parte, el informe cuestiona debilidades en materia de control interno, que llevaron a que la EMB no tuviera eficacia en el control interno y, además, señala que la gestión en materia presupuestal fue ineficaz, pues hubo un bajo porcentaje de ejecución (14,27%) que se debió al bajo nivel de avance del proyecto. Según la Contraloría, esto llevó a que la EMB no tuviera una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión, en especial, porque el Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno (Meci) siguen en implementación, “algo que debe mejorar”, insiste el ente de control.
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“Frente a la gestión del Proyecto en 2018, se evidenciaron deficiencias en el proceso de formulación y ejecución, por la inadecuada planeación al modificar los montos asignados a varias metas del proyecto evaluado, generando ineficacia en el uso de los recursos económicos, por no haber usado todo el presupuesto y, en consecuencia, no se alcanzó el cumplimiento de las metas, permitiendo concluir que parte de la gestión de la EMB, fue ineficiente para el logro de los objetivos”, se lee en el informe.
Los elementos más sensibles del informe son aquellos que se repiten en el tema administrativo, disciplinario, penal y fiscal. Por ejemplo, en la fase precontractual de un proceso de contratación directa por valor de $768.177.725. En este caso se observaron varias omisiones, falta de estudios, de pluralidad de ofertas y de aviso de convocatoria pública, por lo que la Contraloría considera que la EMB cometió probables irregularidades en las fases precontractual y contractual del proceso, vulnerando así la normatividad vigente.
Otro de los hallazgos administrativos, con presunta incidencia disciplinaria y penal, se refiere a que “la entidad (Empresa Metro) cometió posibles irregularidades en la fase contractual del proceso de contratación que derivó en la ejecución de un contrato de consultoría”. En este aspecto, la Contraloría detectó infracciones como la demora en la suscripción del acta de inicio, no reportar el contrato, aprobar de forma tardía el personal del consultor y certificar de manera inadecuada la calidad académica del personal del consultor pues los posgrados de 11 de los 14 profesionales de la gerencia del proyecto.
El concejal Hollman Morris (Partido Progresistas), uno de los que mayor oposición ha hecho al metro elevado, aseguró que el informe es suficiente no solo para detener la licitación, sino para exigir la renuncia del gerente de la EMB, Andrés Escobar. “Esta auditoría demuestra que la Empresa Metro de Bogotá violentó la Constitución Política de Colombia, las leyes orgánicas, las leyes de la contratación, leyes de la vigilancia fiscal, leyes del código disciplinario, y el código del procedimiento penal. El gerente de la empresa debe renunciar por presunta conducta punible y solicito al alcalde Enrique Peñalosa suspender la licitación de la primera línea de metro elevado”.
Al informe de la Contraloría, el Distrito respondió que es solo el primer paso para verificar las posibles irregularidades expuestas por el ente de control. De acuerdo con la EMB, el informe no es concluyente y no se trata de más que una una solicitud a las autoridades fiscales y penales para que inicien el estudio de posibles irregularidades. “A partir de ese ejercicio, los organismos de control competentes podrían iniciar el análisis de procesos sancionatorios, si a ello hubiere lugar. En tal caso, la EMB presentará sus explicaciones y sus funcionarios ejercerán su derecho a la defensa”, indicó la empresa distrital.
Por otra parte, la EMB destaca que, de ninguna manera, el informe se refiere a la licitación internacional para contratar el desarrollo de la primera línea del metro, que está en curso y se espera adjudicar la última semana de octubre. “El proceso de la Licitación Pública Internacional que busca definir el concesionario de la primera línea del metro continúa adelante de manera normal. La Empresa Metro no comparte los presuntos hallazgos del equipo enviado por la Contraloría y reafirma que el proceso se ha surtido en el marco de la legalidad”, agregó la EMB, que concluyó su pronunciamiento reiterando el compromiso con la transparencia de todos los procedimientos alrededor de la elección del constructor del metro.
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