Inhabilitados policías que obstaculizaron investigación por muerte de Diego Felipe Becerra

El ente de control destituyó e inhabilitó por 12 años a cinco uniformados que avalaron la alteración de la escena del crimen ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba.

Jhonatan Ramos

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría dejó en firme la destitución e inhabilidad por 12 años al subintendente Juan Carlos Leal Barrero, y a los patrulleros, Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez Castillo, además, revocó la absolución contra el comandante de la estación de Policía de Suba, coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, y del CAI Andes, subteniente Rosemberg Madrid Orozco, quienes obstaculizar la investigación del CTI por la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra. 

La decisión se tomó por un recurso que solicitaron Leal Barrero, Navarrete y Rodríguez Castillo, quienes solicitaron revocar la sanción de destitución e inhabilidad por doce años que les impusieron en primera instancia, el 18 de febrero de 2016. De la misma forma, el padre de la víctima impugnó la decisión al considerar que el material probatorio del proceso confirmaba que todos los implicados habían participado en la alteración de la escena del crimen. 

El ente de control tuvo en cuenta la impugnación de la familia Becerra y decidió mantener la inhabilidad del subintendente y los tres patrulleros, ya que los uniformados demoraron la entrega del lugar del asesinato a la Fiscalía, para ubicar un arma cerca del cuerpo, y acordaron un pacto de silencio, en el que acordaron señalar a Diego Felipe Becera como integrante de una banda delincuencial, para ocultar que el patrullero Wilmer Alarcón era el que había disparado contra el joven. 

Mientras que, en los casos del coronel Arévalo Rodríguez y el subteniente Madrid Orozco el ente de control determinó que si tuvieron responsabilidad, al haber consetido que se alterara el lugar del asesinato, por lo que la Procuraduría revocó el fallo absolutorio de primera instancia y los inhabilitó por doce años. 

"Estuvieron presentes en la escena del crimen por tiempo suficiente para conocer con claridad lo sucedido, y por su nivel de mando y jerarquía no resultaba previsible que sus subalternos tomaran decisiones y emprendieran acciones tan determinantes sin que ellos se percataran, o incluso las hubieran ordenado", determinó la Procuraduría. 

El crímen de Diego Felipe Becerra ocurrió el 19 de agosto de 2011, sobre la calle 116 con Suba. Tras los hechos, las primeras versiones de los patrulleros indicaron que el joven de 16 años murió en medio de una persecución de las autoridades a una banda delincuencial que había asaltado un bus por la zona, además, señalaron el menor se encontraba armado. 

Pero lo que en verdad ocurrió fue que Becerra se encontraba con otros jóvenes haciendo grafitis bajo el puente cuando llegó la Policía. En medio de la confusión el joven salió a correr y posteriormente el patrullero Wilmer Antonio Alarcón le disparó por la espalda. 

Lo que vino después fue una serie de montajes por parte de altos mandos y un pacto de silencio por parte de los patrulleros. Dos uniformados se encargaron de conseguir el arma, que dirían que poseía Becerra, en el "mercado negro", luego, la utilizaron en una oportunidad en el humedal Córdoba para justificar que fue una agresión y que el policía que disparó lo hizo en un acto de legítima defensa y presentaron a los medios de comunicación al conductor de un bus que narró cómo fue atracado por cuatro jóvenes. 

Al día siguiente los uniformados involucrados en la triquiñuela, unificaron la historia e hicieron un pacto de silencio, pero su versión rápidamente se cayó, debido al testimonio de los compañeros de Becerra que estaban con él, haciendo grafitis bajo el puente; el dictamen de Medicina Legal que corrobora que el joven no manipuló ningún arma; la trayectoría de los disparos, y que finalmente no apareció ninguno de los pasajeros del bus que supuestamente habían robado, entre otras cosas.