Tribunal Superior de Bogotá analizará el caso

¿Injusta condena en caso de policía que mató a estudiante?

La víctima fue un joven que, dicen, intentó colarse en TM. Si bien el expatrullero José Luis Púa aceptó cargos, critican que, pese a la gravedad del hecho, pagará una pena de 10 años en su casa.

Policía de Bogotá.

En junio se cumple un año de la muerte de Andrés Camilo Ortiz, un estudiante de 19 años que fue baleado por un policía, minutos después de que supuestamente intentó colarse con un grupo de amigos a una estación de Transmilenio. Si bien el responsable fue condenado, para la familia del joven aún hay un dejo de impunidad.

El sentenciado fue el expatrullero José Luis Púa, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por el Juzgado 28 penal del Circuito de Bogotá. El resultado, según la familia, una pena “irrisoria” de diez años. Pero hay algo que les causa más indignación y rabia: pese a la gravedad de los hechos, le concedieron prisión domiciliaria.

Por estos detalles, y por lo que consideran una mala aplicación de los beneficios judiciales, es que los Ortiz decidieron apelar, para que el caso sea analizado por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cuáles son sus argumentos?

En primer lugar, hay que precisar que un preacuerdo es un mecanismo de negociación consagrado por la ley, en el que la Fiscalía —en búsqueda de una pronta y cumplida justicia— pacta con el procesado que acepte su culpa a cambio de recibir beneficios judiciales como una rebaja de pena. En este caso, a ese acuerdo llegaron las partes el 14 de marzo, cuando Púa (quien inicialmente dijo ser inocente) se declaró culpable de homicidio agravado, reconociendo, además, que su actuar fue excesivo.

En ese documento se da cuenta de que el 15 de junio de 2018, sobre las once de la noche, un grupo de jóvenes llegó a la estación de la calle 142 con Autopista Norte, que en ese momento era custodiada por el entonces patrullero Púa. Se lee que los muchachos saltaron la registradora para no pagar el pasaje y luego de que los vigilantes alertaran a la Policía, emprendieron la huida hacia el noroccidente.

El patrullero Púa, para perseguirlos, abordó un taxi. Al alcanzarlos cuadras más adelante, descendió del carro con el arma de fuego en la mano. Cuando los jóvenes lo vieron, nuevamente se dispersaron, “lo que originó que el patrullero accionara su arma, impactando a Ortiz Jiménez”. Los últimos momentos de este caso quedaron registrados en una cámara de seguridad.

Los reproches

Si bien al comienzo del proceso el uniformado se enfrentaba a una condena que oscilaba entre los 34 y los cincuenta años de cárcel, con el preacuerdo recibió una pena de diez años y medio, con el beneficio de prisión domiciliaria. Esto sin contar con el fin de su carrera. Para justificar la decisión sobre el sitio de reclusión, la jueza analizó, entre otras cosas, elementos como su hoja de vida como policía, que demostraba “su vínculo con la comunidad”, y un estudio psicosocial en el que su madre acreditaba su arraigo familiar.

Son justo estos argumentos los que hoy cuestionan los familiares del joven asesinado. Para Alejandro Cadena, abogado de los Ortiz, la funcionaria judicial no hizo un adecuado análisis, pues, para él, los elementos no demuestran ningún arraigo social y el visto bueno al preacuerdo fue “injusto y alejado de lo sucedido”. Por eso lo calificó como unas “prebendas” y un “tratamiento sumamente benévolo” de la Fiscalía con Púa, quien “a sangre fría asesinó a un universitario de tan solo 19 años, con todo el futuro por delante”.

Para respaldar su argumento, el abogado de la familia enumeró varios detalles que, al parecer, quedaron por fuera del análisis. Para comenzar, insiste en que Andrés Camilo nunca intentó evadir el pago del pasaje y que solo se acercó a los vigilantes para que les permitieran entrar, pues a las once de la noche Transmilenio ya había cesado operaciones.

Además, resalta como algo atípico que el policía hubiera hecho la persecución en taxi, que luego hubiera intentado alterar la escena del crimen y que, finalmente, hubiera intentado desviar la investigación, al decirles a los policías que atendieron el caso que los jóvenes iban a robar en Transmilenio y que cuando fue a detenerlos lo intimidaron con armas blancas y hasta con pistolas, por lo que tuvo que actuar.

“¿Es justo que un policía que propinó un disparo por la espalda, en la nuca, a un universitario desarmado y con las manos en alto tenga prisión domiciliaria? La respuesta es no. Qué grave mensaje se le envía a la sociedad, cuando un agente de la Fuerza Pública, que actuó con tal premeditación y que mató a un miembro ejemplar de la sociedad goce de los privilegios de un hogar por un tiempo irrisorio”, asegura Cadena en la apelación.

“A la Fiscalía no le importan estos casos. Piden sangre y fuego contra pequeños delitos patrimoniales, pero en estos, nada. Es más difícil ser víctima que defensa. A este señor todo se lo facilitó la Fiscalía, que fue una piedra en el zapato y que hizo todo para entorpecer el proceso”, agregó Cadena.

Íngrid Ortiz, hermana del joven, también expresó su rechazo e indignación. Aunque aseguró que ninguna condena revivirá a su familiar, dice que una pena ejemplar sí podría mandar un mensaje a una sociedad que urge de justicia. “¿Dónde queda el valor humano hacia las víctimas? Es algo que nos duele, nos sentimos burlados. ¿Qué hubiese pasado si mi hermano hubiera matado al policía? Seguro le hubiera caído todo el peso de la ley”, sostuvo.

Si bien la familia de Andrés Camilo confía en que haya una condena justa y proporcional al daño causado y, sobre todo, en prisión, los llamados a determinar si hubo una supuesta irregularidad en el proceso que derivó en la pena o, por el contrario, ratificar la sentencia y avalarla, serán los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá.