¿Inmunidad o impunidad diplomática?

Los casos sin resolver de dos colombianos contra embajadas en Bogotá develan un viejo choque de trenes entre las altas cortes sobre la autonomía jurídica de estos organismos internacionales.

Fachada de la Embajada de los Países Bajos en Bogotá. / Fotos: Pamela Aristizábal - El Espectador

Esta es la historia de Guillermo Efraín Caicedo, pero bien podría ser la de cualquier David que se enfrenta a un Goliat. Caicedo, de 73 años, es un colombiano que como muchos otros no ha podido pensionarse. La diferencia con otros, quizás, es que dio una dura pelea jurídica que pensó ganar, y no. Porque pese a que la Corte Constitucional le dio la razón, la entidad no ha respondido. ¿Pero qué empleador en el país no atiende así no más una sentencia del máximo órgano de la jurisdicción constitucional? Uno con mucho poder, dirían algunos. Y sí, la contienda de Caicedo es contra la Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá (Holanda). Uno de los países que, paradójicamente, ha aportado millonarios recursos en Colombia para la defensa de la democracia, los derechos humanos, la construcción de paz y la responsabilidad social empresarial.

Como Caicedo hay al menos tres colombianos más que siguen esperando una respuesta de las embajadas en las que trabajaron (Egipto Libia y Venezuela). Todos tienen fallos de la Corte Constitucional que les dan la razón y reiteran: Los privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias huéspedes en Colombia no pueden ser un obstáculo para que cualquiera pueda acudir ante los jueces para buscar la protección de sus derechos y para que éstos sean reparados por parte de una organización internacional. Aun así parece que hoy no hay ningún mecanismo jurídico que valga, porque la Corte Suprema de Justicia siempre ha terminado blindando a las misiones diplomáticas con el argumento de que tienen inmunidad jurídica.

Un ingeniero vs. Holanda 

Desde 1980, y durante diez años ininterrumpidos, Guillermo Efraín Caicedo trabajó en el Urabá antioqueño, en una época en que estaba completamente abandonado a su suerte violenta: a la disputa de todos los actores armados y a la muerte de cientos de civiles. Caicedo era el jefe de la unidad agropecuaria de un proyecto de desarrollo rural para atender campesinos marginados, que resultó de la firma de un convenio de cooperación binacional entre Colombia y Países Bajos; y llegó a ser coordinador de la Misión Técnica Holandesa en el Urabá, durante 1990.

Pero cuando Caicedo quiso obtener el reconocimiento de su pensión se enteró de que la Embajada de Holanda sólo lo afilió al Instituto de Seguro Social el 12 de abril de 1989 y que sólo realizó aportes de pensión hasta el 15 de mayo de 1989. Fue entonces cuando empezó su peregrinación judicial.

“La Embajada no estaba obligada”. “No había dónde pagar esos aportes en Urabá por falta de cobertura”. “Sólo quienes presten servicios por más de diez años pueden tener derechos prestacionales y la posibilidad de pagar aportes pensionales por omisión de afiliación entró en vigencia con la Ley 50 de 1990”, fueron algunas de las respuestas que le dio la Embajada de Holanda a Caicedo cuando pidió aclarar su situación. Las mismas que están recogidas en los expedientes y este diario intentó verificar personalmente, pero no pudo contactar a sus representantes.

Caicedo emprendió el camino jurídico cuando interpuso una tutela, que tras un largo tránsito llegó a la Corte Constitucional. El 28 de octubre de 2011, este alto tribunal decidió darle la razón a Caicedo: le ordenó al Instituto de Seguro Social que calculara la sanción pensional y a la Embajada de Holanda que pagara la cifra en un plazo de dos días. Casi un año después, el 6 de agosto de 2012, Caicedo interpuso el primer incidente de desacato ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como mecanismo excepcional para que la Embajada cumpliera la sentencia.

De nada sirvió. Luego, acatando las consideraciones de la Corte Constitucional, este ingeniero demandó a la Embajada de Holanda en la Corte Suprema sin que a la fecha haya una respuesta de rechazo o admisibilidad. Ante su precaria situación económica, Caicedo insistió en otro incidente de desacato, pero esta vez la Corte Suprema de Justicia, en un auto de octubre de 2013, se abstuvo de darle trámite con el pretexto de la inmunidad jurisdiccional que tendría la embajada holandesa. Entonces, Caicedo volvió a la Corte Constitucional para interponer otro desacato, ya que, en casos excepcionales, esta corte se ha atribuido la competencia para garantizar que sus fallos se cumplan.

En vista de que este alto tribunal no se ha pronunciado nuevamente, Caicedo pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo. Hace 20 días, el 21 de enero de 2015, la Defensoría le pidió al magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas que le diera trámite al desacato porque reunía los criterios que la misma Corte ha establecido para conocer directamente estos incidentes.

El documento dice que la Corte Constitucional ha sido clara en decir que en asuntos laborales el principio de inmunidad es restringido y, por lo tanto, al celebrar un contrato laboral con un colombiano el organismo debe someterse a la normativa que existe en el país sobre estos temas. Incluso, recuerda que la celebración de estos contratos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales asumir el riesgo de vejez, mediante la afiliación del trabajador a entidades de previsión social. Por eso la Defensoría cree que “no hay ningún fundamento legal” para que la Embajada de Holanda se siga negando a pagar la pensión-sanción de Caicedo.

Desde su casa en Rionegro (Antioquia), este ingeniero que hoy se define como un “solemne desocupado”, por estar fuera del mercado laboral, insiste en que en el choque de trenes que existe entre las cortes sobre la inmunidad de las embajadas en temas laborales el mayor damnificado “es el de menor cuantía”. “En pelea de elefantes los que sufren son las hormigas”, señala.

Una empleada doméstica vs. Egipto

Luz Marina Chavarro trabajaba como empleada doméstica en la residencia del embajador de Egipto en Bogotá hasta que fue despedida por bajo rendimiento laboral, en noviembre de 2011. Lo que no explicó la misión diplomática árabe es que Chavarro padecía artritis reumatoide, una afección que produce fuertes dolores en las articulaciones, especialmente en las rodillas, hombros, tobillos y vértebras cervicales. Chavarro narró que avisó en el trabajo sobre su estado de salud, ya que se vio obligada a ir de urgencias médicas por el dolor que tenía, como lo demuestran los dictámenes de septiembre de 2008 y mayo de 2011 de su historia clínica.

Antes de decidir prescindir de sus servicios, la Embajada de Egipto no la reubicó ni le ofreció medidas de rehabilitación. Por esa razón, Chavarro demandó a la Embajada y pidió la protección de su derecho a la estabilidad laboral. En diálogo con El Espectador, el cónsul Mohamed Gamal afirmó que en ningún caso Chavarro fue despedida por motivos de salud y que ellos no sabían que esa enfermedad le impedía realizar su trabajo.

El asunto llegó hasta la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en mayo de 2012 rechazó la demanda porque “las relaciones laborales están amparadas por la inmunidad jurisdiccional”. Chavarro le pidió a la Corte Constitucional que revisara su caso y fue este otro alto tribunal el que le dio la razón: declaró que por ley no se puede terminar un contrato con una persona en discapacidad sin permiso previo del Ministerio de Trabajo. Y le ordenó a la Embajada de Egipto el reintegro de Chavarro y el pago de los salarios que no percibió en ese tiempo.

Un año y tres meses después de este fallo, la Embajada no ha cumplido lo ordenado. El cónsul Gamal argumenta su decisión diciendo simplemente que “el fallo es excesivo, injusto y no es aplicable”. “El tema lo seguimos estudiando y para cumplirlo tenemos que pedir permiso del gobierno de El Cairo”, sostuvo.

Mientras en el país los altos tribunales no se pongan de acuerdo sobre hasta dónde va la inmunidad jurisdiccional de las misiones diplomáticas, difícilmente casos como el de Caicedo y Chavarro se aclararán. Al interior de las cortes se rumora que estas distancias son más políticas que constitucionales, por la influencia que muchas embajadas tienen en el país, sobre todo con relación a su “cooperación” millonaria en diversos programas de gobierno. Basta hacer algunas sumas para darle el beneficio de la duda a esa versión.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH

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