Insinúan que tutelas de vendedores informales buscan sabotear operativos de espacio público

La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, cuestiona si hay personas interesadas en no permitir la reubicación a comerciantes de la calle 72.

Redacción Bogotá
25 de febrero de 2016 - 12:18 a. m.
Referencia / Archivo Alcaldía de Bogotá.
Referencia / Archivo Alcaldía de Bogotá.

Que se van y que no se van de la calle 72. El altercado entre el Distrito y los vendedores informales de Bogotá continúa, luego de que este miércoles se fallara la primera tutela a favor de una mujer, que hizo parte de los cerca de 180 comerciantes desalojados -en un primer operativo- del corredor ubicado entre la Avenida Caracas y la Carrera Séptima, en los procedimientos de recuperación de espacio público que llevó a cabo la Alcaldía de Bogotá a finales de enero de 2016.

El Distrito se manifestó formalmente sobre la decisión asegurando que, aunque la respetará, interpondrá los recursos necesarios para dar reversa a la situación. El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, indicó que a la mujer, identificada como Carmenza Vargas García, se le ofreció un quiosco metálico para continuar ejerciendo su labor, pero renunció a este e interpuso una tutela.

Justamente sobre esas renuncias a los beneficios propuestos se refirió la concejal Lucia Bastidas Ubaté, perteneciente a la bancada de gobierno del alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Al respecto, la cabildante plantea un debate sobre si hay o no un posible interés de algunos vendedores ambulantes para aferrarse al espacio público del que fueron desalojados. Por esto, según Bastidas, habrían acudido a acciones judiciales, pese a que recibieron ofertas laborales y alternativas de reubicación.

La concejal del partido Alianza Verde asegura que el reciente fallo del Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, que devolvió a la comerciante informal su lugar en la calle 72, sería una estrategia que tiene como fin que la Administración Distrital tenga que dejarla ocupar nuevamente el espacio público ubicado frente al centro comercial Avenida Chile.

‘‘En mi labor de control político he conocido por los informes del IPES que a ninguno de los vendedores se les vulneró el derecho al trabajo. A los 235 que estaban invadiendo los andenes les ofrecieron la opción laboral, quisco o punto en un centro comercial, y en otros casos opciones en la formación y capacitación para el trabajo’’, indicó Bastidas.

De los comerciantes que fueron desalojados de la zona, la cabildante asegura que 30 ya tienen asignada una solución; de hecho, muchos de ellos ya recibieron y aceptaron un quiosco para ubicarse en otro punto. Según informe reciente del Instituto para la Economía Social de Bogotá (IPES), hay otros 15 comerciantes informales que se encuentran en proceso de vinculación para el trabajo.

Respecto a los restantes, la concejal verde asegura que se han negado a aceptar alguna de las alternativas ofrecidas. Esto, porque estarían buscando acciones judiciales, como la que falló a favor de Carmenza Vargas, y que, en palabras de Bastidas, ‘‘se atraviesan en el proceso de defensa del interés general, protegido por la constitución, de rescatar el espacio público’’.

La aseveración tanto de la cabildante como del Distrito, a través del IPES, contrasta con las voces de los vendedores afectados por la medida que busca recuperar el espacio público para los peatones. Una vez tomada la medida, los comerciantes hicieron una marcha pacífica en la que aseguraron que había falta de claridad en las propuestas que tienen para los vendedores desalojados. En ese entonces, el vocero del gremio indicó que el IPES no les había cumplido con las soluciones de trabajo que habían prometido.

Finalmente, la concejal aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación, con recorridos, informes y diálogos con comerciantes. La idea es que, además de no dejar a ningún comerciante por fuera de las alternativas de trabajo, sean identificadas posibles redes externas que estén controlando grupos de vendedores informales para que ocupen los andenes y ejerzan allí su actividad comercial. 

Por Redacción Bogotá

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