Intervienen alrededores de cárcel La Picota de Bogotá para evitar vendedores ambulantes

Los comerciantes que ubican sus puestos en el sector aseguran que las acusaciones del Distrito por tráfico de estupefacientes y extorsión son falsas y las razones del desalojo, injustas.

Imagen de referenciaGustavo Torrijos-El Espectador

En la madrugada de este viernes, el Distrito realizó una intervención en los alrededores de la cárcel La Picota, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, con el fin de impedir la presencia de vendedores informales advirtiendo que, supuestamente, algunos aprovechaban la cercanía con el centro carcelario para cometer actos delictivos, como tráfico de estupefacientes y la extorsión. 

>>>Lea: Faltan censo y políticas públicas para vendedores informales de Bogotá​

Ante los señalamientos, los trabajadores de los puestos informales aseguraron que en ninguna de las intervenciones realizadas se han encontrado este tipo de situaciones. "Solo ha habido un caso de una persona que ya está detenida y tendrá que asumir la responsabilidad, pero no hay que generalizar porque eso no tiene nada que ver con nosotros" reclama una de las personas afectadas. 

Otra de las razones que dieron pie a la operación fue que alrededor de 20 carpas semiestacionarias y 18 casetas que se asentaban en el lugar ocupaban ilegalmente al menos 1.500 metros cuadrados de espacio público. Además, según la administración, este entorno público fue declarado zona especial de seguridad, porque allí se ubica la Escuela de Artillería "Carlos Julio Gil Colorado" y La Picota. 

De acuerdo con la más reciente caracterización del Instituto para la Economía Social (Ipes), que se realizó en enero de este año, en el punto se ubicaban un total de 37 vendedores informales.

Información de la administración señala que además se ofrecían servicios como el cuidado de niños que acompañaban a los visitantes de los reclusos; la preparación y comercialización de alimentos sin cumplir normas de salubridad; guarda ropas y servicios de fotografía, trámite que antes se exigía en el centro penitenciario.

Sin embargo, los trabajadores desmintieron que en algún puesto se haya prestado el servicio de cuidado de niños. "No sé de dónde sacan eso, nosotros solo guardamos los paquetes de los visitantes, pero en ningún momento cuidamos niños", precisaron.

El alcalde local Alejandro Vargas Pinzón manifestó que, "para la preparación de alimentos, los vendedores informales usaban pipetas a gas, que podrían alterar el orden público del sector, teniendo en cuenta el suceso ocurrido en el mes de enero en la Escuela de Cadetes General Santander".

Otra de las molestias de los trabajadores es que este es su único ingreso para sostener a sus familias y no hay garantía de oportunidades laborales en mejores condiciones. Al respecto la administración respondió que  "el Instituto Para la Economía Social (IPES)  ofreció todas las alternativas de empleabilidad, reubicación y emprendimiento a todos los vendedores informales que se ubicaban en el sector". 

La jornada fue liderada por la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Espacio Público de Bogotá y la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Además, contó con el acompañamiento de la Personería, la Policía de Bogotá y el ICBF. 

*   *   * 
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook