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La Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra funcionarios del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y la Universidad Distrital, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa y obras de los parques vecinales de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Rincón de Suba.
El Ministerio Público Distrital envió copia del informe preliminar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para la respectiva investigación por posibles acuerdos anticompetitivos de firmas privadas para lograr la adjudicación de contratos en el IDRD, en 2015.
Asimismo, solicitó a la Contraloría Distrital que determine un presunto detrimento patrimonial, a la Fiscalía por los delitos en los que pudieron incurrir los responsables y a la Procuraduría investigar al contratista.
Los contratos, una vez firmados, al parecer, fueron entregados para su ejecución en su totalidad a una firma privada dedicada a trabajos en canteras y yacimientos minerales. Sin embargo, las obras nunca fueron terminadas. (Lea también: Concejal radica una queja disciplinaria contra Peñalosa por proyecto Proscenio)
La primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa adjudicado por $24.734 millones, previsto para nueve meses, duró más de dos años y siete meses con una ejecución del 83.17%. Los parques de Rincón de Suba, por $9.638 millones, estaban previstos para cuatro meses y tardaron más de 24 sin llegar al 15% de avance. En ambos casos, solo hasta 2018 fue declarada la caducidad de los contratos.
Por lo anterior, la Personería indaga la actuación de los servidores de la Universidad Distrital que realizaron la interventoría de las obras en los dos contratos, así como de los supervisores del IDRD quienes, al parecer, avalaron las adiciones, prórrogas, suspensiones y pagos sin el avance de las obras.
Cuestionada licitación:
Las dos licitaciones fueron abiertas y adjudicadas en 2015 por el entonces subdirector técnico de Construcciones del IDRD, Juan Carlos Montes Fernández. En ellas, al parecer, no hubo un adecuado estudio previo ni planeación, lo que permitió estimar de manera errónea los plazos de ejecución y que se exigieran unos requisitos financieros inferiores a la magnitud de las obras.Para la construcción del parque El Porvenir de Bosa hubo seis firmas interesadas, pero solo dos se presentaron. Una de las empresas, pese a estar habilitada y cumplir todos los requisitos, obtuvo solo 200 puntos. La firma que ganó el contrato fue calificada con 1.280 puntos.
Según el informe, habrían podido existir presuntos acuerdos anticompetitivos para burlar el proceso de selección de contratistas, fingiendo ser competidores cuando probablemente actuaban para simular una gran participación y dejar un solo proponente como candidato a ganar el contrato. Ambos proyectos fueron adjudicados a finales de 2015 a los Consorcios Parque Porvenir y Consorcio Parques de Suba, respectivamente, los dos con el mismo representante legal. (Le puede interesar: Tala de árboles en Bogotá estará en la lupa de la Personería)
Al Consorcio Porvenir le fue entregado el anticipo antes de lo establecido en el contrato y cinco días después subcontratró las obras con Transportes Lamd S.A.S., empresa dedicada a la explotación de canteras y yacimientos minerales. El plazo de ejecución inicial del contrato del Porvenir era de nueve meses, terminando el 28 de septiembre de 2016. Pero fue prorrogado en cuatro oportunidades y suspendido en otras cinco, hasta que el 27 de abril de 2018 fue caducado, sin haberse culminado las obras.
A los nueve meses, justo cuando debían terminar las obras y con un avance del 40%, no se requirió ni sancionó al contratista por incumplimiento; por el contrario, le dieron una adición por $5.400 millones y una prórroga de cuatro meses, con los avales del interventor y del supervisor.
Se adicionó la construcción de dos canchas de baloncesto, dos de microfútbol, dos de fútbol, cuatro graderías, cuatro microestancias, dos módulos de administración, patinódromo, senderos de conexión, la reubicación de rampas, escaleras y taludes, parqueaderos, continuidad de graderías, cuerpo de agua y continuidad de instalaciones eléctricas y juegos infantiles.
De esa forma, el valor del contrato de $19.363 millones pasó a más de $24.763 millones, sin que la interventoría ni el supervisor advirtieran demora alguna. Sólo dos meses después de terminado el plazo inicial, la interventoría informó sobre algún posible incumplimiento y cuatro meses más tarde, en marzo de 2017, lo reiteró.
EI IDRD impuso una multa al contratista por $193 millones en enero de 2017, 13 meses después de iniciada la ejecución de la obra. Aplicó otra multa en mayo de 2017 por $247 millones y únicamente decretó la caducidad del contrato por incumplimiento, en abril de 2018, 31 meses después de comenzada la obra.
La averiguación surgió por quejas ciudadanas debido al retraso de la obra, el no pago a trabajadores, frecuentes parálisis de los trabajos por falta de materiales, paralización de maquinaria pesada por falta de combustible o por deuda a los operadores, falta de dotación a los obreros y el no pago de su seguridad social.