Por desconocer requisitos legales en la celebración de contratos –desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva– la Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 12 años a Betty María Afanador García, alcaldesa local de Fontibón durante la administración de Samuel Moreno.
Según el organismo de control, la exfuncionaria incurrió en una falta gravísima al celebrar contratos sin atender los debidos requisitos. La Personería Distrital ratificó también una suspensión de tres meses para ejercer cargos públicos contra William Roberto Herrera, exalcalde de la localidad de San Cristóbal.
Tras una investigación disciplinaria y en fallo de segunda instancia, el ente pudo establecer que el exfuncionario cometió irregularidades en la suscripción de un convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Universidad de Cundinamarca que buscaba aunar esfuerzos interadministrativos para el buen uso del tiempo libre a través de actividades culturales, lúdicas y recreativas para el adulto mayor.
“Conforme con las previsiones del Decreto Ley 1421 de 1993, corresponde a la Personería de Bogotá, en primera instancia, investigar y juzgar la conducta oficial a los servidores públicos distritales, a fin de defender los intereses del Distrito y de la sociedad en general, por eso recuerda a los ciudadanos que estas y otras irregularidades pueden ser denunciadas en esta entidad de control”, explicó el organismo a través de un comunicado.
Los exmandatarios de Fontibón y San Cristóbal no son los únicos funcionarios de la administración pasada inmersos en pleitos judiciales y disciplinarios. En febrero, la Fiscalía General anunció una investigación contra Julieta Naranjo Luján, exalcaldesa de la localidad de Usaquén; Diana Calderón Robles, de Bosa; Marisol Perilla, de Suba, y los exalcaldes Jesús Antonio Mateus, Kennedy; y Ernesto Rincón de Mártires por supuestas irregularidades en la celebración de contratos.
A todos se les investiga por firmar acuerdos de desarrollo social con empresas que no tenían todos los requisitos legales: las asociaciones eran de papel o no tenían ni el personal, ni la experiencia para cumplir el servicio contratado. Debido a esto, muchos proyectos que estaban dirigidos a niños, jóvenes y personas de la tercera edad no se cumplieron.