Por irregularidades en contratación sancionan a alcaldesa de Rafael Uribe Uribe

Martha Janeth Bolívar Guzmán fue inhabilitada para ejercer su cargo por doce meses.

La Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá, sancionó en primera instancia a la alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe, Martha Janeth Bolívar Guzmán, con suspensión e inhabilidad por doce meses en el ejercicio del cargo por irregularidades en la contratación.

De acuerdo con la investigación la mandataria local omitió en dos contratos, por más de 874 millones de pesos, el proceso de selección objetiva, es decir, el deber de realizar una licitación pública previa a la suscripción de convenios de asociación con dos firmas privadas.

La funcionaria suscribió un contrato con la Fundación Escuela Superior de Arte y Tecnología ESARTEC, en diciembre de 2008, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos de cooperación en la realización de las actividades navideñas para la integración, incentivo e inclusión de la ciudadanía de las zonas vulnerables de la localidad dieciocho de Rafael Uribe Uribe".

El otro contrato, firmado el 31 de diciembre de 2008, con el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA) cuyo objeto consistía en: "Aunar esfuerzos de asociación para contribuir al mejoramiento de la accesibilidad, disponibilidad y calidad alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las mujeres de la localidad Rafael Uribe Uribe a partir de un enfoque de derechos".

Las dos firmas contratistas son personas jurídicas de derecho privado, y por lo tanto, para acceder a contratar con el Estado deben someterse a los procesos públicos de selección, o en caso de suscribir convenios de asociación, la funcionaria debía tener en cuenta las excepciones del decreto 777 de 1.992, como reglamentario del artículo 355 de la constitución política, pues al desconocer esta norma, se estaría violando el principio de transparencia consagrado en la ley 80 de 1.993 y demás normas concordantes, que fue lo que sucedió con la funcionaria en cuestión. Así lo explica el fallo.

A juicio de la Personería, la naturaleza excepcional de la figura contractual utilizada, demandaba un comportamiento cauteloso, máxime cuando se trata de una abogada de quien se exige suma responsabilidad y diligencia en la toma de decisiones, acordes con el manual de funciones de su cargo.

Así mismo dice el fallo que: "La firma de los contratos abre la posibilidad para que los convenios se desarrollen y en el curso de su ejecución se desnaturalicen para dejar de ser convenios de asociación y se tornen en una cadena de contratos y subcontratos que quiebran el principio de transparencia".

Contra la decisión de primera instancia, la funcionaria puede presentar el recurso de apelación, el que será resuelto por el superior.