Jalón de orejas de Personería a Distrito por licitación de aseo

El ente de control le puso la lupa al proceso y encontró una serie de particularidades que podrían poner en riesgo la calidad de la prestación del servicio en la ciudad.

Aunque, según la personera, recientemente el Distrito expidió una adenda en la que corrige algunos de los aspectos controversiales de la licitación de aseo, el documento es objeto de revisión por el ente de control para establecer si se ajusta a las necesidades del proceso.Archivo El Espectador

La licitación de aseo, con la que se elegirán a los nuevos operadores de las basuras en Bogotá, está en la mira de la Personería Distrital. Tras revisar los pliegos, el ente de control encontró una serie de particularidades que la obligaron a formular este martes “serias advertencias” alrededor del proceso, que contempla contratos a ocho años y que suman $5 billones. La nueva licitación busca terminar de desmontar el sistema que dejó la pasada administración y, de paso, implementar las cinco zonas llamadas Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), en las que se dividirá la recolección de basura. (Lea: Licitación de aseo: ¿proceso innecesario?)

En esa línea, el organismo advierte, en primer lugar, que el Distrito no les está exigiendo a los interesados una propuesta técnica para operar en cada una de las zonas; segundo, que en el proceso se establecieron privilegios que favorecen a los concesionarios, en detrimento de los recicladores; y, por último, que las condiciones de la licitación terminan por premiar el precio y no la calidad del servicio(Lea: Bogotá y su nuevo plan de basuras para 12 años)

Este último aspecto sería el que mayor duda le genera al ente de control: que la licitación gira entorno al precio y no a lo técnico. La personera Carmen Teresa Castañeda explica que a la hora de calificar las propuestas (de 1 a 100), el principal componente es el costo de la tarifa con un 45% de la calificación. A este le sigue un componente sobre el que hay poca claridad. Se trata de un 30% de la calificación, a quien ofrezca más aportes económicos voluntarios a la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos).

“Esos aportes se van a realizar a través de una figura denominada ‘obligaciones de hacer’, que no están muy definidas. Es decir, mientras el proponente ofrezca más recursos a la Unidad para financiar actividades que están relacionadas con la prestación del servicio, pero que no son esenciales, tendrá mayor puntaje, premiando los recursos recibidos para actividades accesorias y que, incluso, no es encuentran en el marco de sus responsabilidades. Nos preocupa que estas actividades no están muy definidas y no sabemos qué es lo que se va a hacer con este dinero; cómo se van a desarrollar las actividades, y con qué recursos se van a destinar esos aportes. Es una extraña figura que no garantiza a mejorar la calidad del servicio”, señala Castañeda.

Este último punto es una de las críticas que hace Ricardo Felipe Herrera Carrillo, exasesor del alcalde Enrique Peñalosa y quien busca tumbar el proceso a través de una acción popular. Según el experto en temas de aseo, esa es una obligación que solo busca que se le trasfiera a la Uaesp parte de la tarifa de aseo, algo que es ilegal, ya que los recursos de la tarifa o se deben invertir en el servicio o se le deben devolver a los usuarios. (Lea: Esquema de aseo, con nuevas condiciones)

Entre las observaciones adicionales, el ente de control señala que la Uaesp fijó unos criterios para la adquisición de nuevos vehículos de recolección que a la larga servirían para que el operador del relleno Doña Juana eventualmente pudiera incumplir la obligación de mantener las vías del sitio de disposición en buenas condiciones. También agrega que, de las siete actividades gruesas que debe cumplir cada concesionario, la Uaesp solo está pidiendo experiencia para dos de ellas: transporte y recolección.

Recicladores, en condiciones de desigualdad

Con el nuevo esquema de recolección de basura, las miradas vuelven a ver hacia los recicladores, que hasta la fecha no cuenta con una estructura y estrategia bien definida en los procesos de aprovechamiento de residuos. Por ello, la Personería alerta que con la nueva licitación quedarían en condiciones de desigualdad frente a los concesionarios. (Lea: Nuevo esquema de aseo de Bogotá, una oportunidad para los recicladores)

De acuerdo con el organismo de control, las cláusulas de la licitación garantizan la exclusividad del concesionario en la prestación del servicio y “son claras” en no permitir el ingreso de otras personas prestadoras del servicio de aseo. “Frente a cualquier perturbación, el concesionario tiene la posibilidad de informar a la Uaesp para que éste tome las medidas necesarias para hacer respetar su zona, prerrogativa que no se encuentra establecida a favor de los recicladores”.

La licitación obliga a los operadores no sólo a recoger la basura y trasladarla al relleno de Doña Juana, sino a responder, entre otras, por la poda de césped y árboles de áreas públicas, así como instalar contenedores para mejorar la separación de material reciclable de los desechos tradicionales.

Para este último punto, la licitación contempla que la ciudad tenga un contenedor por cada 2.500 habitantes, ubicados en lugares claves de recolección y de fácil alcance para los recicladores de oficio. No obstante, la Personería indica que lo anterior va en contravía del Código de Policía, que sanciona la labor de clasificación de residuos en vía pública.

Otro de los aspectos que contempla la licitación es informar a los recicladores de las rutas, frecuencias y horarios de recolección para que puedan realizar su trabajo. Si hay cambios se debe informar, pero frente a imprevistos o emergencias generados por la operación “no se menciona cuál será el destino de esos residuos aprovechables que terminarían siendo enterrados en Doña Juana”.

Se establece además que el concesionario deberá facturar “de manera integral el servicio público de aseo”, incluyendo la actividad de aprovechamiento de los recicladores. El organismo destaca que, si se presentan diferencias entre éstos y los concesionarios, se incluyó la instancia del Comité de Conciliación, que lo conforman las dos partes y donde podrá participar la Uaesp, en caso que las organizaciones de recicladores de oficio así lo requieran y lo soliciten. Sin embargo, “no se tiene precisión sobre el papel que desempeñará la Unidad, si tiene voz, si su participación validará las decisiones tomadas por los prestadores y si le corresponde, posteriormente realizar la verificación de los compromisos allí establecidos y lo que acarrearía su incumplimiento”.

Concesionarios, sin exigencias técnicas

La Personería agrega que, aunque los concesionarios tendrán que responder por siete tareas “gruesas” en cada una de las zonas donde operarán –entre ellas barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, recolección y transporte de residuos a los sitios de disposición final– el Distrito solo exige experiencia en dos actividades de recolección y transporte.

Así las cosas, advierte el ente, se desconocen los otros cinco componentes necesarios para la prestación del servicio. “Frente a estas, el operador podría demostrar su experiencia a través de la elaboración de su propuesta técnica, aspecto que no es tenido en cuenta dentro de los pliegos (…) Precisamente, la no exigencia de esta propuesta impide conocer cómo se prestará el servicio, situación que permite inferir que los pliegos de condiciones no son adecuados ni ajustados a la naturaleza del contrato”.