Policías del caso Ordoñez se declaran inocentes y piden que el proceso pase a la Justicia Penal Militar

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Tras la legalización de la captura de Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, procesados por el homicidio de Javier Ordóñez, siguió este sábado la audiencia, de forma reservada. La Fiscalía les formuló imputación por homicidio agravado y tortura agravada, y pedirá que los envíen a prisión. Abogados piden que el caso vuelva a la justicia penal militar. Conozca aquí los pormenores de la diligencia judicial.

Hace 10 días fue el homicidio de Javier Ordóñez y los posibles responsables ya están ante un juez. Tras su captura, los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda comparecen desde este viernes ante la juez 29 de control de garantías. Luego de haber legalizado la captura, este sábado la Fiscalía les formuló la imputación por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Debido a varios debates durante la diligencia, entre ellos la petición de que el caso volviera a la justicia penal militar, esta fue suspendida a las 6:00 de la tarde y seguirá este domingo, a las 10:00 de la mañana, en la que se resolverá la solicitud de dictar medida de aseguramiento o no en contra de los uniformados.

La audiencia, por petición del ente acusador, es reservada. El argumento principal fue que la investigación seguía en curso y había elementos que, de ser públicos, podrían entorpecer el proceso. La solicitud fue respaldada por las partes procesales y aprobada por la juez del caso. "El despacho encontró justa causa, “en la medida que los hechos son recientes, aún la fiscalía está en recaudo de elementos de prueba y las diligencias subsiguientes se va a realizar descubrimiento probatorio, lo que puede comprometer el éxito de la investigación”, dijeron a través de un comunicado.

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La diligencia, que comenzó en la noche del viernes y fue suspendida casi a la 1:00 a.m., se citó para las 10:00 de la mañana de este sábado. Sin embargo, se retomó sobre el mediodía, luego de debatir la solicitud de reserva. El primero en intervenir fue el abogado Jhon Olmos, defensor de Harby Rodríguez, quien apeló la legalización de la captura y de los allanamientos, que se había legalizado la noche anterior.

Olmos insistió en que hubo ilegalidades en las órdenes de allanamiento en contra del uniformado, basándose en las horas escritas en el informe de captura que, dice, no cuadran con la hora real de la detención “Solicito que se haga un control de la legalidad de la diligencia de allanamiento. Hay una afectación de rango constitucional porque el informe se entregó 12 horas después”.

Sobre las 12:30 p.m., la juez de garantías concedió el recurso de apelación frente a la legalización de la captura y los allanamientos, el cual lo tendrá que resolver posteriormente un juez del circuito, quien analizará de fondo los argumentos de la defensa. Mientras tanto, los patrulleros seguirán detenidos. Con este punto resuelto, la diligencia avanzó a la etapa de formulación de imputación, con la intervención de la Fiscalía.

Juan Carlos Olivero Corrales, fiscal 94 de Derechos Humanos, señaló a los uniformados como coautores de la conductas de homicidio agravado y tortura agravada. La demás partes procesales no hicieron acotaciones frente a la imputación. Los abogados de los patrulleros Rodríguez y Lloreda ratificaron que sus clientes no aceptarían los cargos. Y así se lo hicieron saber los propios investigados a la jueza 29, luego de escuchar los cargos.

Pasadas las 2:30 p.m. se abrió un nuevo debate, que parecía ya saldado. A pesar de que el caso está actualmente en manos de la justicia ordinaria, luego de que la justicia penal militar considerar que los hechos investigados no tenían que ver con un acto del servicio, los abogados de los uniformados plantearon el conflicto de competencia e insisten en que este caso sí es competencia de la justicia castrense.

A las 4:20 p.m. , tras casi dos horas de exposición, los defensores dejaron planteado el conflicto de competencia. No obstante, las demás partes procesales, argumentan que esta no es la instancia para plantear una controversia que, aparentemente, ya estaba resuelta.

Sobre las 5:50 p.m., la juez de garantías aseguró que, decidir si dicho caso pasa a manos de la justicia penal militar o no, no está dentro de sus competencias, por lo que anuncia que pasará dicha petición a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea esta la que tome la decisión. La audiencia continúa con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía.

A las 6:00 p.m. se suspendió la audiencia y continuará a las 10:00 de la mañana de este domingo, momento en el que se resolverá la solicitud de medida de aseguramiento.

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Harby Damián Rodríguez fue capturado el pasado jueves en horas de la tarde, momentos después de que un juez dictara las órdenes de captura. Por su parte, Juan Camilo Lloreda, de quien durante el jueves no se supo de su paradero, se entregó en la mañana del viernes y permanece también en el búnker de la Fiscalía.

El crimen por el que procesan a estos patrulleros ocurrió en la madrugada del 9 de septiembre, cuando los patrulleros Rodríguez y Lloreda, en un evidente caso de abuso policial, procedieron a capturar a Ordóñez. Para reducirlo, los dos se le montaron encima y le aplicaron varias descargas de una pistola eléctrica. Luego de esposarlo lo llevaron al CAI de Villa Luz. Sin embargo, de allí lo tuvieron que trasladar a un centro asistencial, a donde llegó sin vida. Contra los patrulleros también avanza una investigación disciplinaria, para la cual están citados a audiencia el próximo primero de octubre.

El informe de Medicina Legal indica que Ordóñez murió tras sufrir una hemorragia severa en la cavidad abdominal, ocasionada por el estallido de su riñón derecho. Asimismo, de acuerdo con los forenses, se encontró un trauma en su pierna derecha, producido por esquirla de proyectil de arma de fuego. El cuerpo además presentaba signos de inmovilización por moretones en las muñecas y dos lesiones en el tórax derecho que se habrían hecho con un objeto redondo como un bastón, palo o varilla. Igualmente, presentaba traumas en tejidos blandos, en el dorso de las manos, nudillos, codos, rodillas, cara y piernas.

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Estas son las primeras decisiones en medio de la causa que adelanta el ente acusador para tratar de esclarecer el asesinato de Ordóñez y atender el clamor de justicia. Y son apenas las primeras, ya que según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habría más uniformados implicados en el crimen del hombre de 44 años que, según las primeras revelaciones de sus familiares y de la historia clínica, murió a causa de varios golpes con objetos contundentes.

Justo cuando se conoció la noticia de las órdenes de captura se supo, además, que uno de los patrulleros tenía dos denuncias más por abuso policial contra ciudadanos del barrio Villa Luz. Uno de los procesos venía desde 2018 y otro era de febrero de este año, pero en ninguno hubo avances en las investigaciones, que revivieron ahora como coletazo del caso Ordóñez.

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Contra los policías se adelantan dos procesos. El penal lo lleva la Fiscalía, luego de que la justicia militar decidiera dejarlo en manos de la justicia ordinaria, pues consideró que hubo violación a los derechos humanos y que la muerte no estuvo relacionada con actos del servicio. Y el disciplinario, a manos de la Procuraduría, que esta semana citó a los dos patrulleros para el próximo 1° de octubre, fecha en que iniciará el juicio disciplinario.

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